PK: Partido del Kapital

         El Presidente de la Comunidad de Madrid, por corrida de escalafón, ha decidido  bajar los impuestos a los ricos para cumplir la promesa electoral del PK (Partido del Kapital) ¡Se necesita ser cínico!
         Su principal promesa fue "nosotros sabemos arreglarlo, pero no se lo decimos". Todavía  estamos con una prima de riesgo superior a la que había cuando el Presidente era el Sr.Zapatero.
          Su otra promesa fue "crearemos empleo". Desde que están en el poder el empleo sigue creciendo y han destrozado la situación labroal por partida doble: en lo cualitativo y en lo cuantitativo.
          En lo cualitativo: con la reforma laboral han dejado sin derechos a los trabajadores. Todos los trabajadores tienen hoy menos derechos laborales. Los pocos que logran un nuevo empleo, además, cobran menos y trabajan más. El resultado es que cada "puesto de trabajo" actual vale ahora la mitad que antes.
          En lo cuantitativo: el paro aumenta sin tasa; al fin de la la legislatura habrá más paro que al iniciarla
          Todo fue porque en vez de dedicar los recursos públicos, ¡procedentes en su mayoría del trabajador!, a ayudar al trabajador endeudado se lo regalaron al banquero endeudado, que se dedicó a desahuciar al trabajador al que había estafado con preferentes y subordiandas siguiendo su clásica política: privatizar los beneficios a favor del Kapìtal y socializar las pérdidas a favor del Kapital. El PP debería cambiar sus siglas de nuevo y pasar así de Alianza Popular (AP), a Partido Popular (PP) y a Partido del Kapital (PK).
          En un sistema impositivo progresivo - ¡aunque el nuestro sea poco progresivo! - paga más impuestos quien más gana. Por tanto, la bajada de impuestos favorece más a quien más gana a costa del que menos gana. Hay muchos servicios públicos, que favorecen al que menos gana,  que no se financiarán con esos impuestos que el Sr. Presidente de la Comunidad de Madrid le ahorra a los más ricos.
         Indigna que el Presidente de la Comunidad de Madrid disminuya las ayudas a la dependencia,vital para trabajadores con familiares enfermos, algunos con enfermedades crónicas de larga o eterna convalecencia, pero disminuya los impuestos, sobre todo a los que más ingresos tienen.
        Indigna que el Presidente de la Comunidad de Madrid no asuma el gasto que su colega la Srª Mato adjudica al ciudadano (le llama co-pago y es un re-pago. Sus impuestos para financiar la atención médida y farmacéutica ¡cuando no la necesita!, le eximen depagarla cuando le hace falta ¡ya la pre-pagó antes!

         Indigna que el Presidente de la Comunidad de Madrid disminuya  las ayudas a la dependencia, vitales para los trabajadores con familiares enfermos, algunos con enfermedades crónicas de larga o de convalecencia larga, pero disminuya los impuestos, sobre todo a los que más ingresos tienen.
         Indigna que el Presidente de la Comunidad de Madrid disminuya las ayudas al comedor escolar, vital para los hijos de los trabajadores cuyos padres, tras años en el paro y sin subsidios, no pueden alimentarlos, pero disminuya los impuestos, sobre todo a los que más ingresos tienen.
         Indigna que el Presidente de la Comunidad de Madrid disminuya las ayudas a la adquisición de libros, vital para los hijos de los trabajadores a los que sus padres no pueden alimentar porque llevan años en paro y se les ha acabado la prestación por desempleo, pero disminuya los impuestos, sobre todo a los que más ingresos tienen.
         Indigna que el Presidente de la Comunidad de Madrid disminuya las ayudas a la adquisición de libros, vital para los hijos de los trabajadores a los que sus padres no pueden pagar la martícula de la universidad porque han aumentado las tasas y su correligionario, el Sr.Wert, les ha privado de una beca para completar el coste de la matrícula que financia el Estado a todos, incluso a los ricos que han obtenido peor calilficación que ellos, con lo cual los hijos de ricos podrán estudiar pero no los hijosde trabajadores pobres.
          Indigna el engaño a las víctimas que sufren las consecuencias de la bajada de impuestos: menos ayuda a la dependencia, menos ayuda sanitaria, menos ayuda a las becas de comedor, menos ayuda a las becas para comprara material escolar, menos ayuda a las becas para estudiar a la universidad, que seguirán votando al Partido del Kapital que sigue disfrazado bajo las siglas de Partido Popular.
           La alienación para está servida por dos vías:
           La vía Senado: adoctrinamiento en la Religión. La promesa de un Mundo Feliz, pero después de muerto, es la compensación a aceptar todos los abusos en esta vida con paciencia perruna, lamiendo con el voto la mano que te maltrata.
           La vía directa: eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Los jóvenes podrían aprender que son sujetos de derechos fundamentalesque constan en la Constitución: "derecho al trabajo, a una vida digna, a la vivienda a la educación, etc. Eso es la esencia del Orden Público. ¡Mejor si lo ignoran!
           En esa y otras alienaciones fuimos educados muchos.La razón natural nos hizo descubrir la gran estafa de la que habíamos sido víctimas, aunque la mayoría sigue alienada en el temor a la represión, en la docilidad al abuso, en el engaño que pronosticara Orwell.
            Leamos de nuevo "1984" y entenderemos la política del PK (Partido del Kapital) que nos gobierna. Es más clara incluso que su otra libro, "La rebelión en la granja", donde los cerdos se hacen con el poder.

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Cabizbaja y patada en el culo

Esta es la primera reacción que me produce la declaración de la Srª Cospedal, esa persona a la que los manchegos han puesto al frente de su Gobierno cuando dice que lo que hay que hacer es como la Guardia Civil: “cabeza alta y mala leche”

Lo que más me sorprende es que ninguno de los mandos de la Guardia Civil haya salido para protestar contra esa infamia. Adjudicar al comportamiento de la Guardia Civil la mala leche - aunque fuera una transferencia en diferido de la suya propia - no tiene ninguna justificación. Indica claramente que la considera dispuesta a atropellar los derechos de los ciudadanos, equivale a acusarla de estar dispuesta a violar la Constitución del que, por franquista que sea reconoce en su art. 9 que las obligaciones que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: art.9.1,C78: “Los ciudadanos y los poderes públicos - INCLUIDA LA GUARDIA CIVIL - están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, con lo cual no cabe la mala leche que les atribuye, difamándola, la Srª Cospedal, que está fuera de todo el Ordenamiento Jurídico.

Además, añade en el art. 9.2: “Corresponde a los poderes públicos - INCLUIDA LA GUARDIA CIVIL -promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas - ¿DONDE CABE AQUÍ LA MALA LECHE con la que les difama la Srª Cospedal?; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud- ¿DONDE CABE AQUÍ LA MALA LECHE con la que les difama la Srª Cospedal? - y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social- ¿DONDE CABE AQUÍ LA MALA LECHE con la que les difama la Srª Cospedal?

La Srª Cospedal les atribuye una falta de respeto al artículo 9.3,CE78: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Es evidente que la aplicación de la doctrina Parot, ilegalmente aplicada a unos delincuentes que ya estaban condenados de acuerdo con la legislación vigente en el momento de cometer sus delitos es inconstitucional porque la CE78 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y los delincuentes condenados tienen derecho a ser puestos en libertad cuando finaliza el tiempo de la condena que se les impuso de acuerdo con la legislación vigente en el momento en el que los cometieron.

La seguridad jurídica, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos sin que quepa discriminación ninguna porque eso implicaría una nueva violación del art. 14,CE78: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, lo cual obliga a no discriminar tampoco a los delincuentes por el hecho de serlo. Ellos también tienen derecho a la seguridad jurídica y sería inconstitucional privarles de ese derecho aunque ellos lo violen. El progreso social consiste en eso, en aplicar la ley igual a todo el mundo, y al que la quebranta, hacerle sufrir las penas que la ley ha establecido ¡pero no las que la ley no contempla!

Además de la difamación a la Guardia Civil quizá lo más preocupante es que quien piensa así es porque está convencida de que la Guardia Civil debe actuar como ella dice, cuando la difama. Pensar que esa persona tiene la máxima autoridad, aunque solo sea en Castilla La Mancha, es para temblar. Saber que la tiene en el PP, después del que en la actualidad es Presidente del Gobierno, al que sin duda asesora, es para salir corriendo y no parar hasta Nueva Zelanda.
Pero no hay que descartar que "en diferido", que es como lo hace todo la Srª Cospedal,  sienta vergüenza por lo que hace y dice, en cuyo caso, ¿no aplicándole la doctrina "Parot"?, le excusamos la patada que tan merecidamentese ha ganado.

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¿Cobardía?

Resulta difícil que alguien en España pueda defender la tesis de que el Presidente del Gobierno es un tipo arrojado, con cuajo, que sabe enfrentarse a la realidad aunque ésta resulte poco amable.

Sus actuaciones eludiendo comparecencias, incluso escapándose para evitar el pasillo de los periodistas, sus ruedas de prensa sin derecho a hacer preguntas, o sus ruedas de prensa "plasmática" no son ningún elemento que acredite el coraje del Presidente.

El Presidente del Gobierno es abogado. Logró su título tras haber aprobado varias asignaturas de Derecho Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal; también estudió Derecho Romano, Derecho Civil, Filosofía del Derecho, etc., etc. El Presidente del Gobierno sabe por tanto, porque se lo enseñaron y lo aprendió, que existe un Principio General de Derecho que declara que “nadie pude ser enjuiciado por una ley que no estuviera publicada en el momento de cometer su delito”.

Sin embargo, el Presidente, aun sabiéndolo, adoptó la actitud populachera de decirles a las víctimas del terrorismo que él “estaba con ellas”; les dijo que defendería hasta el fin la aplicación de una ley que él sabía que violaba ese Principio General de Derecho. Los familiares de las víctimas son personas que sufren un dolor inmenso y sin fin que les acompañará hasta el día de su muerte. En esas condiciones son más crédulas por su propia debilidad; no se les puede ocurrir ¿cómo se les puede ocurrir? que alguien, nada menos que el Presidente dl Gobierno, les está engañando porque su objetivo principal era sacarse un foto con ellas. En esas condiciones ellas, ¡más que nadie en el mundo!, necesitan solidaridad y afecto, pero sobre todo necesitan eso que se dice en todos los funerales: “te acompaño en el sentimiento”.

Pero ¿qué clase de “acompañamiento en el sentimiento” es el que te ofrece quien te engaña para sacar el beneficio político del engaño con el que te engaña? Un engaño tan premeditado sólo revela lo falso de su “acompañamiento”. Un gesto falso de alguien que sabe que es legalmente correcto; que sabe que no puede oponerse a la ley; que sabe que no hay ninguna posibilidad de que, aunque se opusiera, un tribunal no politizado lo aceptara.

El Presidente del Gobierno tiene que acatar la sentencia; también tiene que ejecutarla. El Presidente del Gobierno, para que no se note todo lo que hizo mal: engañar a las víctimas haciéndoles creer que “él no hace nada” y está con ellas, ha dicho que eso es un asunto que tendrán que resolver los jueces.

Pero luego, como Presidente del Gobierno, varios días después de meditar pros y contras políticos,  ha decidido no va a acompañar a las víctimas a las que engañó a la vez que dice a sus correligionarios del PP que vayan a donde él no piensa ni acercarse.

¿A qué se debe ese “nadar y guardar la ropa”? ¿Es eso lo que espera uno del Presidente del Gobierno? ¿A qué se debe esa esquizofrenia? La impresión que produce es que es un comportamiento cobarde; lo que se suele decir que es un comportamiento de tirar la piedra - que el PP vaya -  y esconder la mano - a mí que no me vean; o tirar la piedra - las he engañado - y esconder la mano - les mando al PP.

                A mí el comportamiento del Presidente del Gobierno me parece una cobardía. Es posible que esté equivocado. Es posible que el Presidente sea más valiente que el Cid Campeador; que sea más valiente que Roger de Flor y Roger de Lauria y los almogávares; que sea más valiente que los tercios de Flandes en una pieza. Pero a mi el comportamiento del Presidente del Gobierno, ¡qué quieren que les diga!,  me parece más bien tirando a cobarde.

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La aplicacion de la doctrina "Francot"

Se puede ser decente, más indecente o muy indecente. Cuando el superlativo  se supera, se refuerza su sentido diciendo que es “absolutamente” indecente. Pero los jóvenes consideran que hasta ese nivel de indecencia se supera y entonces añaden “super” delante de cualquier adjetivo  o “mega”, siguiendo el sistema internacional de unidades. Sin embargo algunos políticos en España han superado los “Mega” - un millón - los “Giga” - un millardo - y aun los “Tera” - un billón- de unidades de indecencia.

Esta es la que demuestra el Gobierno. La mayoría de sus votantes son herederos de los que apoyaron ideológicamente el golpe de Estado contra la República Democrática.

Sí, esa odiosa República que cometió un desmán tras otro: 1º.- declaró que la mujer tenía los mismos derechos que el varón; 2º.- declaró que los hijos no eran “propiedad” de los padres, 3º.- declaró, que todos los hombres mayores de edad, “varones o mujeres” tenían igualdad de derecho al voto que cualquier rico o cualquier obispo o cualquier marqués; 4º.- declaro que si dos personas que habían creído que serían felices viviendo juntas, podían romper su compromiso al comprobar su error - protegiendo los derechos de los hijos - e intentar buscar de nuevo su felicidad, porque esto es un valle de oportunidades y no un “valle de lágrimas” como nos quería hacer creer la iglesia católica, y así un largo etcétera de desmanes.

La derecha consideró que no podíamos seguir así. Era necesario acabar con esta República desalmada, de puro democrática. Los antepasados de la mayoría de los votantes del PP apoyaron el golpe de Estado de los ricos - consideraban que España era de ellos - con el apoyo de la iglesia católica que - salvo contadas excepciones de gente decente - consideraba que también era de ella.

Ganaron, y empezaron a aplicar la doctrina “Francot” con efecto retroactivo para privar de sus derechos a todos los ciudadanos. Se trataba de que no quedara ningún derecho democrático atropellando el más elemental de los Principios Generales de Derecho: “no se puede castigar a ningún delincuente aplicándole una ley promulgada después de cometido su delito.

Era un principio que tiene milenios de vigencia. El Reino de España, heredero de esta ideología,  aplicó de la mano de unos magistrados no se sabe si incompetentes o venalmente politizados, sin perjuicio de que haya una tercera explicación que a mí no se me alcanza

Con la doctrina “Francot” las personas que se habían divorciado de acuerdo con la ley vigente en la II República, que siguió siendo la única legal hasta que los regímenes internacionales por mayoría reconocieron como “legal” el régimen del golpista, ¡dejaron de estar divorciadas!, los hijos de ese segundo matrimonio se convirtieron en “hijos naturales”, que era como los denominaban los fascistas ¿acaso eran artificiales los casados por la iglesia?

Entonces no había Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Si hubiera existido Franco jamás hubiera firmado su adhesión a él. Eso le hubiera impedido atropellar los derechos humanos como hizo hasta su muerte ¡y aun después de muerto! - ¿se creería el Cid?  Para eso su heredero, Juan Carlos I de Franco, le juró que seguiría maltratándonos aplicando sus inicuas leyes a cambio de quedarse con “la finca”.

Ahora, pese a la protección del TEDH, esa misma derecha - de la mano del poder judicial - aplicó la doctrina “Francot”, ahora llamada “Parot” con efecto retroactivo. Cuando el TEDH declaró que, al margen de la magnitud del crimen cometido, eso era un atropello a los derechos humanos arremetió, esa derecha eterna arremetió contra el tribunal. El Presidente Rajoy acaba de decir: “a mi no me gusta esa sentencia”; es decir, acaba de confesar que “a él no le gusta que se respeten los derechos humanos”, que es lo que ha hecho la sentencia.

Evidentemente, el único indigno de respeto es el Presidente del Gobierno. ¿Cómo se puede respetar a un Presidente del Gobierno que tiene el tupé de decir que no respeta los derechos humanos? ¡Pues ahí lo tiene! ¡Tan Pancho!; es decir, dispuesto a atropellarlos ¡si puede!

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Estrasburgo 2 - Madrid 0

Hace falta tener unas entrañas negras, muchos miles de personas las tienen, para alegrarse de que unos asesinos tan desalmados como los etarras queden en libertad. Un sentimiento “justiciero” pugna con violencia con el progreso de la razón que nos ha hecho evolucionar al pasar de la justicia aplicada por la propia mano, la pura venganza, a la justicia institucional, en pasos progresivos hacia una civilización que todavía no existe en muchos países.

Nuestra justicia descansa en la sanción del delito según una ley promulgada en un Código Penal que, con cruel paradoja, se llama la Constitución del delincuente. Nosotros vemos la Ley de las XII Tablas como el primer gran paso hacia una modernidad cuya interiorización racional se enfrenta en dura pugna con nuestros sentimientos ante determinados tipos de delitos.

“Odia el delito y compadece al delincuente”, es frase genial de mi paisana, Concepción Arenal, con la que pocos pueden estar en desacuerdo. Pero enfrentados al caso concreto de ciertos delitos especialmente odiosos, de nuevo el sentimiento se enfrenta con violencia a la razón.

Pascal dijo “el corazón tiene razones que la razón no comprende”, frase que, como pocas, condensa este conflicto insoluble en la elección: dejarse gobernar por los sentimientos o por la razón. Hemos elegido que la razón domine nuestros sentimientos porque se consideró que los perjuicios de esta decisión eran menores que los que ocurrirían de elegir la opción alternativa.

Tras esta elección tremenda analicemos la realidad de la actuación judicial y política que a muchos nos avergüenza porque añadió sal a una herida que debió haber cubierto de bálsamo. Cualquier persona, no ya un profesional del derecho, sabe que la ley posterior no es aplicable a los delitos anteriores. La alteración en la interpretación de la ley, productora de inseguridad jurídica en cualquier ciudadano, es ilegal. Da igual lo atroz que sea el delito cometido por un criminal; no por ello deja de tener derechos humanos; los mismos que él vulnera, sin duda; los que nosotros, sin embargo, respetamos; y eso es lo que nos diferencia del asesino.

Es inaceptable que fueran unos profesionales del derecho los que aplicaran la doctrina Parot. Al hacerlo han conducido al fango a la justicia española, ligada a partir de ahora a esa sentencia, una sentencia previsible desde que se alumbró esa inicua doctrina.

También lo es que el poder político, tras la primera y previsible sentencia de Estrasburgo declarando inaplicable la doctrina Parot, en lugar de minimizar el impacto de esa decisión, que previsiblemente repetiría la Gran Sala ¡lo hizo por unanimidad!, la recurriera con insensato populacherismo. Logró un aplauso de las doloridas familias de las víctimas, pero ha aumentado su dolor generando unas expectativas irreales y - algo escarnecedor - dándole a los asesinos un aura de “víctimas”. Lo correcto hubiera sido explicar que la justicia aplicada fue una ley que promulgara Franco y que, por mucho que duela, “dura lex, sed lex”; lo contrario sería la selva.

Hace poco que el tribunal de Estrasburgo dejó ya en entredicho a nuestro sistema judicial por no defender los Derechos Humanos de una víctima de la avaricia bancaria. Un magistrado le explicó al defensor de la postura del “Reino de España”, es decir, del Gobierno: “nosotros defendemos el Orden Público y éste consiste en defender los Derechos Fundamentales de los ciudadanos”. El representante español declaró sorprendido “en España por Orden Público entendemos otra cosa”. El magistrado de Estrasburgo, discreto, no dijo lo que pensaba.

La declaración del Ministro de Justicia, insistiendo con populacherismo, “estoy en desacuerdo con la sentencia”, hace que nos felicitemos de que ejerza de político y no de fiscal.

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La policía al servicio del ciudadano: (10) Educar en la libertad

La educación pública que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos y es financiada con los recursos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue la mayor conquista social frente a los “propietarios seculares del país”, civiles y religiosos, que apoyaron la monarquía absoluta, otra forma de dictadura hereditaria; los que apoyaron las diversas dictadura: la del General Primo de Rivera y la del General Franco; los que siguen apoyando la interrupción de la Transición a la Democracia  en la persona de Juan Carlos I de Franco, el rey nombrado por el dictador, el mismo que juró aplicarnos las leyes inicuas dictadas por él con tal de lograr su “chollo”, porque tienen  miedo a que vuelva la democracia.

El actual rey no tuvo el más mínimo reparo moral en saltarse los “pretendidos derechos de su padre”. Al hacerlo nos confirmó lo que ya sabíamos: esos “presuntos derechos valen nada de nada”, ¡aun en su familia! En el fondo, son tal para cual. Su padre se sumó a las tropas del dictador tras cometer el delito de insurrección armada contra la República democrática. Eso no es insólito en la familia; Fernando VII, un verdadero hdp, hizo todavía más con su padre Carlos IV: lo echó del trono.

Educar a los jóvenes para poder afrontar la vida adulta es una obligación social del grupo del que forma parte ese ciudadano niño o joven (mujer o varón). El evangelista Juan dice “La verdad os hará libres” (Jn. 8,32). En una sociedad racional la verdad nace de la razón, no de ninguna revelación que los oráculos dicen que han recibido de un extraterrestre. Educar es una tarea interminable que recuerda a Sísifo porque el conocimiento nunca es perfecto y cada día esa verdad inasible vuelve a reconstruirse.

De acuerdo con este principio, en las tribus más primitivas toda la sociedad se afanaba en instruir a los niños para que superaran las pruebas que marcan su paso de infantes a adultos. El tránsito a la mayoría de edad solía incluir verificaciones de su capacidad para su supervivencia: cazar una fiera o realizar alguna otra proeza. En las sociedades más desarrolladas, las sociedades de la inteligencia – si son democráticas y sociales – esa preparación se da a través de una educación pública obligatoria. En ella se trata de superar la prueba de unos exámenes que permiten certificar que se han adquirido los conocimientos mínimos necesarios para sobrevivir siendo útil a la sociedad en la que vive.

Contrariamente a este criterio,  las sociedades no democráticas - como las monarquías - se apoyan en el “espíritu liberal”, del “arréglate como puedas”. La educación la tienen que pagar quienes la reciben de acuerdo con este principio “liberal”. Así se puede privar del acceso a esa educación a la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¡con violencia institucional que no se nota mucho! Eso es lo que se esta pretendiendo ahora: conseguir, a base de no financiar los gastos inherentes a esa educación, libros, comedores escolares, guarderías infantiles, deteriorar su educación. Con este “terrorismo legal”, los pobres recibirán menos educación que los ricos, ¡ el objetivo de toda política liberal!, que sean pobres.

Otra cosa son los bancos donde ellos – los “liberales” - tienen sus capitales. Aunque están en quiebra - ésta no se declara legalmente porque se admiten como válidas unas cuentas falseadas - los “liberales” no los refinancian con sus propios recursos. ¿No era su política que el estado no interviniera en sus negocios? Parece que ahora no; ahora refinancian sus negocios quebrados con dinero público, “el mismo dinero que no llega para financiar la educación de los ciudadanos”.  ¿Y cómo va a llegar si el desfalco que han cometido es de miles y miles de millones de euros y los bancos son un pozo sin fondo?

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¡Todavía hay magistrados en Estrasburgo!

¿Qué pasa con la justicia - así, con minúscula, porque no merece más distinción - en España? ¿Qué clase de jueces y mnagistrados son los que tenemos? ¿Cual es la calidad que se nos ofrece a cambio de cobrarnos unas tassas inconstitucionales que nos privan de la tutela judicial efectiva? 

¿Realmente se está cumpliendo on el pacto social de abandonar nuestro derecho a la legítima defensa de nuestros derechos fundamentales en manos de un grupo de personas que, casi sistemáticamente se dedican a atropellarlos? ¿No habrá que plantearse sin esperar a que finalice la Trnsicion a la Democracia si llegado el tiempo de avocar esa cesión de uso, que no la soberanía que siempre residira én nosotros, lo reconozcan o no los dicatadores, esean estos militares o regios, lo disimulen con Parlamentos más o menos democráticos o lo hagan a cara descubierta?

Éstas y muchísimas más preguntas son las que se hace el ciudadano al contemplar como los derechos humanos son pisoteados en España. Una tarea que lleva a cabo son sistemático rodillo un gobierno que, violando la representatividad de los ciudadanos que les entregaron sus votos, promulga leyes desde el poder recibido tras un claro fraude electoral - que no otra cosa es hacer lo contrario a lo prometido. 

Un gobierno entregado con armas y bagages - ¿o son ellos mismos? - a esa bestia impacable que es el capital. 

Un gobierno que se dedica a cambiar de nombre a las cosas en su perpetuo intento de seguir engañanado a los electores.  

Un gobierno que es una verdadera hidra de mil cabezas, perpetuamente insaciable, cuyo nombre estremecedor se disimular con esa nueva denominación "los mercados" en vano intento de impersonalizarla y evocasr la amable y pacífica actividad popular de la compraventa en la famliar plaza del pueblo.

Una vez más los ciudadanos españoles descubrimos que no es en este país donde podemos esperar la rpotección de nuestros derechos fundamentales que nos promete la CE78 cuando nos habla de que tenemos derecho a la "tutela judicial efectiva". 

Se trata de una burla más como la que también nos dice en el art. 14 cuando declara que todos somos iguales ante la ley porque está prohibida la discriminacion "por razón de nacimiento y por cualuqier otra causa personal o social". Luego nos atiza todo un Título II que es una continua y desvergonzada violacion de este principio democrático que se llama la igualdad.

Se trata de una burla más con la que nos hace en el art. 1.2, cuando dice que "la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado", cuando la realidad es que el poder del Jefe del Estado emana del vicioso capricho de un general golpista, de un dicador y genocido que con la anuencia de la iglesia caólica tuvo la petulancia, servilmente consentida, de declararse "CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA GRACIA DE DIOS" y recibir de las máximas autoridades de esa iglesia el servil privilegio de pasearse bajo palio en el interior de sus templos, privilegio que compartía con el extraterrestre en el que dicen que creen.

En estos momentos asistimos a la segunda burla de lo que se nos prometió: la Transición a la Democracia cuando no se trata más que de la sustitución de una dictadura militar por otra monárquica, bajo la cual se nos seguirá impidendo ejercer nuestra soberanía que nos reconoce la CE78, la misma que nos prohibe elegir al Jefe del Estado.

Pero alegrémonos porque, pese a todo, a España llega la Justica -  con mayúsucla - aunque ultrapiernacia.

La primera vez fue con el caso del Sr. Aziz, dinde un humilde abogado con perseverancia logró que la Justicia que aquí le negaron llegara de allende los Pirineos y todo el abuso de pode parlamentario de esos políticos que tan mal representan a los ciudadanos, tuvo que doblegarse ante ese mandato.

Está llamando a la puerta la Justicia - de nuevo con mayúscula - en la misma puerta que cerraron con el inicuo procesamiento y condena del juez Garzón, esta vez de mucho más lejos, de ultramar, en insistente reclamación de reconocimiento de los derechos de unas víctimas que pronto verán cumplido el centnario de su asesinato, y que ya sólo pueden esperar ya recibir el honor de sus deudos.

Hoy acaba de llegar, por tecera vez - de nuevo de allende los Pirineos - de esa Unión Europea contra la que claman algunos irreflexivos revoluconarios de pacotilla, otro hálito de Justicia - de nuevo con mayúscula - con la noticia de que el Tribunal de Derechos Humanos - otra vez él -  ha paralizado el desalojo de 43 personas en Salt manifestandose además su preocupación por las 16 familias ocupantes del edificio.

Una mínima sensibilidad ante los derechos humanos - de la que carece el gobierno, pero también la judicatura - obligaría a dejar en suspenso  -  como medida cautelarísmo y de proteccion de una infancia, que merece menos proteccion que las ocho células de la mórula - toda orden de deshaucio contra todas las familias a las que el capital bancario nutrido por los fondos pagados con sus impuestos por sus víctimas desalojadas de sus viviendas.

Resulta penoso que sean los jueces de primera instancia los que demuestran más sentido de la Justicia y que sean la sinstancias superiores- ¿no debería de ser al revés? - las que demuestran su total ignorancia de qué significa la "tutela judicial efectiva".

Esperemos que cuando, al fin, logremos recuperar la Democracia que se nos sigue negando esto no ocurra.

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Los empresarios financiados por los PGE

Lo que, de modo genérica caracteriza a los empresarios españoles es que son una panda de incompetentes. No saben competir con sus colegas esxtranjeros a base de inteligencia, es decir, de desarrollo tecnológico y mejor gestión empresarial. Sólo saben competir por la vía del latrocinio, es decir, robándole al los trabajadores el salario que se han ganado con su trabajo para mantener a sus familias ¡no para obtener beneficios del capital!.

Los empresarios, genéricamente hablando, no son unos trabajadores sino unos capitalistas explotadores. Ellos no valoran su propio trabajo como algo digno de ser gratificado con un salario, el salario del empresario trabajador. Ellos son unos capitalistas que desprecian al trabajador, incluido al empresario que es trabajador. 

Ellos quieren la máxima gratificacion para remunerar el capital. Pero el capital es un excedente del trabajo, es decir un exceso de pago recibido por el trabajo realizado. Un exceso que no fue consumido para vivir como un ser humano, ¡que es a lo máximo a que aspira un trabajador asalariado!; una plusvalía que ¡sin duda! procede de un mal reparto del pago por el trabajo realizado.  

Ese excedente del trabajo no consumido, por innecesario, merece menos respeto y protección que el "capital aportado en forma de trabajo directo", por el trabajador asalariado. Ése es todo el patrimonio del que dispone un trabajador para poder vivir como un ser humano y no como un esclavo.

Si algo justifica, aunque poco, el elevado "salario" que se cobra el capital invertido en una empeesa, es el riesgo que existe de perderlo. De todos modos esa pérdida es menor que la que sufre el trabajador. Éste, cuando pierde su puesto de trabajo pierde todo lo que tiene; el capitalista sólo pierde lo que le sobraba en forma de capital, porque su oportunidad de trabajar permanece, como en el caso del trabajador asalariado.
Pero juguemos a su juego de capitalistas y veremos como incluso jugando a su juego tramposo, que valora más el mérito del capital que el del trabajador asariado, no se conforman con ese desequilibrio sino que quieren hacer trampa. Como dijera Arzallus para justificar a la ETA,rcordando el cuento del escorpión que es salvado de la inundación por la rana compasiva a la que, pese a todo, le clava su aguijón, "es su naturaleza".
En primer lugar tenemos a los bancos. Están en situjación de quiebra. ¿Por qué no quiebran? No se produciría ningún problema financiero. El Estado, simplemente, compraría el banco quebrado por 1 € asumiendo todas las deudas, como hacen los capitalistas entre ellos, lo refinanciaría con dinero público, los gestionaria "decentemente" y lo volvería a convertir en algo valioso, recuperando así la inversión pública hecha para beneficio de los ciudadanos ¡porque suyo era el dinero!
Pero lo que ha hecho ha sido darle a coste nulo el dinero de los ciudadanos, ¡muchos de ellos víctimas de los bancos!, a esos capitalistas; de ese modo sus actaules propietarios no corren ningún riesgo porque siguen obteniendo beneficios, atrropellando a sus víctimas y si, pese a ello, no pueden devolver el dinero, como el Estado fue el que se lo prestó todos, menos ellos, serán los que pierdan. ahora sí, si salen de la crisis ellos son los que se forran a cuenta de nuestro dinero

Que ningún partido político se haya opuesto a esta maniobra de expoliación del erario público pone de manfiesto el nivel de corrupción política que existe en el país. Y no se me diga que entodos hacen lo mismo, porque entonces diré que pone de manfiesto el nivel de corrupción política que existe en TODOS los países, que porque el número de corruptos aumente, la corrupción no es menor, sino mayor.
A la vista de que el truco ha salido bien, ahora quieren repetirlo los emrpsarios quebrados de las autopistas radiales. Qujeiren que nos olvidemos que ya se forraron cuando las construyeron al precio que les dio la gana, porque como era un asunto privado el Estado no tiene dercho a controlar nada; ahora quieren que las carreterras que ya hemos pagado con nuestros impuestos se graven por su uso: ¿en concepto de que?; ¿ha resucitado José María el tempraniollo con el trabuco al hombro?; ¿será Rajoy el que cargue el trabuco?, ¿o será Montoro el que nos siga asaltando por las esquinas, que ya está entrenado?,  ¿o lo hara "en diferido" la Cospedal en "una simulación de .... ¡vaya Vd. a saber qué!"?
Si han quebrado, han quebrado. Si nadie les compra la autopista de peaje que se la queden los acredores y que hagan con ella lo que les parezca mejor, ¿no tenemos un aeropuerto sin aviones?, ¿no tenemos una urbanizasci´no sin vecinos? ¿no tenemos una parada del AVE en Guadalajara donde no sube nadie y otro cerca de Cuenca? En esas condiciones tener varias autopsitas sin coches es lo adecuado.
Lo que falta por saber es cuál será el siguiente movimeinto para estafarnos con dinero del Estado .... ¿construir piscinas olímpicas en todos los pueblos sin agua? ¿campos de golf sin agujeros?
Yo creo que lo mejor sería incluir una partida en los PGE titulada "financiación para empresarios imaginativos" y que cobrarn directamente del dinero público sin necesidad de tener que recurrir al disimulo de hacer algo innecesario, de hacer informes inexistentes, de nombrtar asesores incompetentes que no asesoran ni todas esa trapacerías poco imaginativas que tienen.
Y en una segunda etapa, que la CEOE gestiones los PGE y que volvamos a las elecciones censitarias: que voten sólo los empresarios y no toda esa purrela de trabajadores que se van al paro con el malvado objetivo de crear una mala imagen de "la marca españa" ¡sólo para fastificar a los empresarios!; y es que, ya se sabe, los trabajadores son todos unos resentidos y envidiosos. Ellos lo que querrian ser es empresarios para vivir bien sin dar ni golpe.
Pero bien claro lo dijo la Fabra, mascarón de proa de esta ideología en auge: ¡que se jodan!

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La farsa del quiero y no quiero: (4) Conclusión patética

El Sr Más (y el Sr. Rajoy) deberían dejar de enredar y, el primero, dar en serio el paso al frente que tanto le asusta; pero nos tememos que seguirá el guión acordado con el Sr. Rajoy.

SÖLO tendría que establecer una fórmula de recoger las adhesiones de los ciudadanos catalanes a la petición que el quiera hacer - ¿sabe ya cual quiere hacer o todavía la va a seguir cambiando? - de modo fehaciente - se pude hacer por vía notarial - y presentar ese respaldo mayoritario de independencia ante el Congreso de los Diputados y el Senado.

SÓLO, si lograra la mayoría, le sobraría derecho a exigir el mismo respeto que reconoce el art. 1.2,CE78: “la soberanía reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado”. Una soberanía que renuncia a los derechos que derivan de ser españoles y que se dotará de los derechos que, constitucionalmente, decidan reconocerse entre ellos.

SÓLO así ejercería ese derecho soberano - la petición sin serlo procesalmente hablando tienen valor referendatario - que tendría que ser admitida como válida expresión de la mayoría de los catalanes y, en consecuencia, aceptada por el Congreso y el Senado. Estos deberán respetar esta expresión de la soberanía con las consecuencias indicadas, en la exposición de motivos.

SÓLO necesitaría enviar una copia de esa petición con respaldo mayoritario a todas las cancillerïas, todas le reconocerán el derecho a ser independiente y, cuando lo sean, todas estarán dispuestas a firmar tratados internacionales, como ocurre con todas las naciones.

SÓLO SÉ QUE NO HARÁ NADA; seguirá reclamando el derecho a decidir, que ya tiene. El derecho a decidir sobre su vida y hacienda es un patrimonio de cada ciudadano. El derecho que le había secuestrado el rey y que ahora - aunque esto no sea una democracia - ha recuperado casi plenamente en la CE78 y recuperará íntegramente en la III República.

SÓLO SÉ QUE NO HARÁ NADA; sabe que no tiene esa mayoría; por eso su única opción es seguir enredando con esta comedia de dos monólogos que ha organizado con el Sr. Rajoy.

Los catalanes merecen a alguien más serio que el Sr Más y todos los españoles merecemos a alguien más serio que el Sr. Rajoy.

¡Qué personajes tan patéticos!

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Derecho a decidir: (34) un ejemplo legal

España fue durante muchos años pionera en el derecho internacional. Los libros del Consulat del Mar, publicados en Barcelona en la Edad Media fueron una referencia que copiaron las naciones-estado hanseáticas por lo equilibrado y justo de sus preceptos. España reconoció el derecho legal de los indígenas a la libertad tras descubrir América. Pero no se respetó la ley,  que “el espíritu está pronto, pero la carne es flaca”. La diferencia fue clara con otros colonizadores que masacraron a los colonizados pero con la ley en la mano. Fue como durante la guerra civil: en el lado republicano hubo abusos que el gobierno no pudo evitar; los golpistas institucionalizaron los abusos desde el poder. El muerto quedó igual de muerto, pero la indignidad fue diferente.

España debe reconocer el derecho a la secesión y ser pionera en el derecho para resolver pacíficamente los conflictos de convivencia. Tenemos el Kurdistán, Palestina, Taiwán, Tibet, el Frente Polisario, etc. La solución resultaría aplicable a las pretensiones de corsos y bretones, todavía no violentos, a los padanos inventados por  Bossi o en resolver los conflictos del Reino Unido y el Ulster y el reciente del Sr. Mas.

¿Quién prefiere una solución violenta a una pactada? ¡Sólo los violentos! Ésa es otra razón más para que los demócratas acabemos con una convivencia de modo pacífico y sin violencia. Muchas gente se divorcia de mutuo acuerdo; eso facilita la posterior convivencia. Es más seguro y placentero ser alemán en Mallorca que vivir en el País Vasco bajo la violencia nacionalista de los etarras, prácticamente desaparecida.

Aceptar la sinrazón del violento - admitamos pulpo como animal de compañía - es de utilidad universal para resolver conflictos si es imposible la convivencia amable. La secesión, aunque sea pacífica, va contra el progreso en la convivencia, en tanto que separa en vez de unir. Vivir bajo la violencia es un mayor retroceso. Gibraltar; Ceuta, Melilla y tantos otros asuntos se pueden resolver por acuerdo e indemnización. Incluso el señorío de Treviño, cuyo derecho histórico no respetan los que reivindican sus derechos históricos de independencia; los que nunca tuvieron. No quieren seguir el ejemplo francés con Llivia, un pueblo español rodeado de Francia por todas las partes.

La vida tiene un precio. Los pacíficos estamos dispuestos a pagar más de lo exigible para tener el derecho a vivir en paz y justicia que el violento no permite.  La única condición es la garantía de protección de los derechos de los ciudadanos que, si triunfa el referendum de secesión - dejando sólo votar una parte de los afectados - que se convirtieran en extranjeros en la tierra donde nacieron. En frase gráfica de Arzallus: tendrían los mismos derechos que un alemán en Mallorca. Los mismos; ni uno menos.

Quizá estos ciudadanos puedan sentirse inicialmente abandonados por los demás españoles. No será así; al menos a ellos les dejan participar en el referendum, derecho que se nos niega a los demás españoles. Tener los derechos de los alemanes en Mallorca es un progreso frente a la calidad de vida en el País Vasco bajo la violencia etarra. Para los catalanes la situación sería parecida a la de ir a Cerdeña: el idioma es parecido.

Los demás españoles podríamos darles un trato laboral y económico preferente si abandonaran su tierra de nación y conservaran la ciudadanía española. Sin duda podrían encontrar trabajo, incluso en estos momentos de crisis, porque serían una minoría Los españoles renunciaríamos gustosos a nuestra subida salarial por solidaridad con ellos para afrontar la indemnización por cambio de residencia.

El Gobierno Provisional Preconstitucional del nuevo país puede plantearse si sus ciudadanos quieren obtener o no la ciudadanía europea, perdida al perder la española, España podría aprobar, sin rencor, su integración tras la petición formal y tras verificar que la Constitución del nuevo Estado no incluye discriminaciones racistas. Pero nadie sabe si las condiciones del Acuerdo de Integración en la UE serán peores o mejores que las actuales, con sus privilegios históricos dentro de España. Bruselas no tiene ningún compromiso económico-histórico que respetar. Eso entraña un riesgo. Lo sensato, es que España establezca un procedimiento para votar la secesión. Sería también lo inteligente; por eso no ocurrirá mientras gobierne el PP y haya una monarquía. Eso sólo es posib le cuando finalice la Transición a la República Democrática que nos robaron.

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Derecho a decidir: (33) el precio es el fin del privilegio

A lo largo de la historia de España algunas regiones tuvieron privilegios que se perdieron poco a poco; algunas los conservaron; una reliquia histórica, porque en los conflictos siempre eligieron el bando ganador. Pero eso ¿no contradice el artículo 14 de la Constitución?. Si privilegios y fueros personales desaparecieron, muchos mucho más antiguos, ¿por qué se conservaron estos colectivos? Porque sólo un demócrata renuncia a sus privilegios. Lo que aman el privilegio, la ley privada que eso significa, no lo son.

Cuando los demás territorios de ley común aumentábamos nuestros derechos, ellos se apuntaban a todas las ventajas ¿por qué no reivindicaban su privilegio menor?. O se respetan los privilegios ajenos - mayores derechos de la ley común - o se apunta uno a los derechos de la ley común, incompatible con los privilegios. Jugar a dos barajas no es ético ni democrático. Recuerda el lema: “lo mío - el privilegio - es mío y lo tuyo - el progreso en el derecho común - es de todos”. Hay que elegir: vivir anclados en sus viejos privilegios, una ventaja respecto de una España medieval, donde TODOS tenían sus privilegios, unas veces ventajosos otras veces perjudiciales o vivir en un país moderno, con derechos modernos donde el privilegio no tiene asiento. Pero ya lo hemos dicho, el ventajista aplica la máxima: “los privilegios son míos, tus progresos también”. No tienen remedio. Lograr un demócrata es un gran esfuerzo de educación.

Todo contrato se puede romper unilateralmente. Pero los jueces, con la ley en la mano, exigen indemnizar el daño. La indemnización será el fin del privilegio foral, por no democrático, que se producirá en el momento en que se apruebe celebrar el referéndum unilateral ¡en el que no se permita participar a todos los afectados!

El “privilegio” no democrático se toleró extemporáneamente por acuerdo entre partes. Sólo permanece mientras ambas partes tengan iguales derechos. Si una parte ejerce su derecho a romper unilateralmente un asunto acordado, el acuerdo queda roto. Si triunfa, se impone unilateralmente la decisión unilateral; si fracasa, roto el acuerdo la otra parte, a la que no se permitió opinar, ya no está obligada a mantener el acuerdo roto. El resto de España puede alegar incumplimiento de contrato unilateral. La norma para seguir el contrato tiene que ser ya sin privilegios extemporáneos e incongruentes en una democracia impropia de un país desarrollado en el S. XIX

Eso no ocurriría si votaran ambas partes. Entonces no habría incumplimiento de contrato, sino novación del acuerdo. Y cabrían los privilegios si no gana la secesión,

Si la consulta la impone una parte a la otra, el acuerdo anterior queda roto; y con él la obligación de respetar los privilegios de la parte unilateral, haya o no secesión. Si la gana, se va con su privilegio, que también se extingue: ya no tiene a quien imponérselo.

Esto es lo que exige la equidad y el sentido común. No se pueden tener todas las ventajas en el mismo saco. El derecho a que quien rompe el acuerdo, si no se consigue la mayoría, siga obligando a la parte a la que no dejó ni opinar no es “ejercer l libertad de elección”, es impedir que los demás la ejerzan.

Sin duda los nacionalistas rechazarán este razonamiento. Años de privilegio les hacen creer que son algo genético. Son sólo un acuerdo cuyos términos es el respeto a las dos partes. Roto ese término, el acuerdo se esfuma al negar el derecho a la otra parte.

 Por eso, el rechazo a esa pretensión de “derecho a decidir” no es porque nadie lo rechace, sino porque se quiere ejercer de modo ventajista. O votamos todos o una parte niega el derecho a decidir a la otra parte. La que lo haga unilateralmente libera a la otra parte de su acuerdo. La continuidad de la convivencia exigirá, pues, un nuevo acuerdo entre las partes sin “privilegios históricos”. Es lo correcto entre partes que se respetan.

 No es difícil comprender estas normas de ética democrática; ¡si se es demócrata, claro!

¿Se imagina que Puerto Rico reivindicara el derecho unilateral a decidir dejar de ser un ELA y, simultáneamente su derecho unilateral a ser un Estado de los USA? Eso, pero no se dan cuenta, pretenden los partidarios del derecho unilateral a decidir.

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La farsa del “quiero que no quiero”: (3) El Estado de derecho

Ninguna norma procesal puede impedir que se aplique un Derecho Constitucional, salvo que se quiera recuperar el Principio contra el Estado de Derecho que acuñó Romanones: “Dejad que mis enemigos hagan las leyes que yo haré los reglamentos” ¡que todo es posible!

En realidad la contradicción de que hablábamos ayer es una mera apariencia que resuelve la Disposición adicional primera regímenes especiales que repite lo que dice el art. 4.2: “las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado  …  se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos …” a los que impone una obligación “ … que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno …” recordando una limitación “ …, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional” (DA1ª.2)

Además la ley establece que “En los supuestos en que una iniciativa legislativa popular haya resultado inadmitida por no cumplir con todos los requisitos previstos en su normativa reguladora, a petición de sus firmantes podrá convertirse en petición ante las Cámaras, en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos” (DA1ª.2)

Conviene señalar que la CE78, en una redacción inteligente, no dice cuales son los límites del territorio nacional. Desde 1800- salvo la excepción de Menorca y de Olivenza -  su territorio disminuye. Lo que dice es una inteligente tautología:“la indisoluble Nación española ES SÓLO la parte del mundo que se autodefine como “indisoluble Nación española”.

Por tanto - experimentalmente - que parte del previo territorio de la Nación española deje de serlo no modifica los derechos de los demás ciudadanos dentro de la Nación española (que quede) ¡que sigue siendo indisoluble! Eso quiere decir que, quien se va no se puede llevar el título de “Nación española”. Ésta sigue siendo única e indisoluble. Por eso sigue vigente, ¡sin modificación ninguna!, el art.2,CE78: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. el territorio nacional”.

La parte que se secesione dejará de ser parte de la “indisoluble Nación española” ¡como ya pasó tantas veces! Los nuevos ciudadanos pierden todos los derechos y libertades que tenían. A cambio, adquirirán, “nacionalmente”, los de que se doten de modo soberano, e “internacionalmente” los que las demás naciones les reconozcan, también de modo soberano.

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El caso Garzón: (13) ¿Justicia? Si, en Luxemburgo

4.- Una tras otra

                 La sentencia del Tribunal de Luxemburgo, reunida la Gran Sala, porque el Gobierno español, en defensa del capital que estafó a todos los ciudadanos recurrió la sentencia del Tribunal cuando dio la razón a favor de los derechos del ciudadano víctima de la expropiación de los bancos, ha obtenido su merecido: ser puesto en la picota: declararle atropellador los derechos humanos por su ley sobre deshaucios. La sentencia es rotundamente irrevocable, dictada por la Gran Sala.

                 La más reciente sentencia adversa al Gobierno procede también del Tribunal de Luxemburgo. También aquí el Gobierno, recalcitrante, exigió que se reuniera la Gran Sala porque el Gobierno español recurrió la sentencia del Tribunal que le condenó porque la doctrina Parot atropella los derechos humanos de los ciudadanos condenados tras cumplir su pena conforme la ley vigente. Se les condenó por sentencia firme, por tanto, inmodificable; adquirieron, de acuerdo con la ley, los derechos a la redención de parte de la pena, tal y como se interpretaba la ley entonces.

 Este error del Gobierno revela su concepción vindicativa de la justicia. También su ignorancia o su insensibilidad ante la doctrina establecida hace un cuarto de milenio por Beccaria. Este Gobierno se ha hecho acreedor a ser puestos en la picota y que sea ahora la Gran Sala - pese a los lobbies que actúan presionando a los magistrados - al declararles autores del atropello de los derechos humanos con la doctrina Parot. La justicia española quedará a la altura de la justicia de la de los países más inmundamente injustos. La sentencia, dictada por la Gran Sala será rotundamente irrevocable en aplicación de la doctrina reivindicada hace un cuarto de milenio por Beccaria, y obligará a indemnizar a unos asesinos por la torpeza jurídica y la falta de ética de un Gobierno que los ha convertido en víctimas.

                 También, si este Gobierno no lo remedia - el Gobierno anterior, a través del Fiscal, se opuso a esta sentencia - tendremos que indemnizar al juez por el daño sufrido: el material y el moral.  Ahora bien, ¿quién nos indemniza a nosotros por haber sido privados de su justicia tantos años? El error era vencible y no lo vencieron; y tampoco apreciaron la falta de dolo y malicia que no tenía el juez Garzón.

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La policía al servicio del ciudadano: (9) La libertad hace hombre al hombre

3.- La libertad, derecho eterno que hace hombre (mujer o varón) al hombre

Hace 250 años y aunque todavía no sea plenamente vigente lo que entonces ya se reivindicaba, dijo Beccaria:

ningún hombre ha hecho donación gratuita de parte de la propia libertad en atención al bien público; tal quimera sólo existe en las novelas

algo que aun suena extraño a muchas mentes. Pero Beccaria añadía más:

Las leyes son las condiciones con que hombres independientes y aislados se unieron en sociedad fatigados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una pare de ella para gozar la restante con seguridad y tranquilidad. La suma de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno constituye la soberanía de una nación y el pueblo[1] es el legítimo depositario y administrador de ellas

y cuando añadió que:

No hay que esperar ningún beneficio duradero de la política moral si ésta no está fundada en los sentimientos indelebles del hombre. Cualquier ley que se desvíe de estos encontrarán una resistencia contraria, que vencerá al fin; de la misma manera que una fuerza, aunque sea mínima, vence si es aplicada continuamente a cualquier violento movimiento comunicado al cuerpo

parece que describía una manifestación popular pacífica: una fuerza aparentemente pequeña, los manifestantes son la punta de un iceberg,  contra de un “poder violento” que ellos rechazan inermes.

La violencia no se ve cuando es institucional. El ejercicio del poder legalmente constituido da una apariencia de “legal”; ¿recuerdan aquel exabrupto de Fraga “¡la calle es mía!?”. Lo legal desaparece y se convierte en ilegal cuando los políticos atropellan los derechos humanos. Los manifestantes, ciudadanos donde sigue residiendo la soberanía, les hacen saber su “falta de legitimación” con su rechazo pacífico a “movimiento violento e institucional que ejerce el poder” que, pronostica Beccaría, siempre acabará perdiendo. Es cierto, pero a ve ces tarda mucho en perder.

                Porque, como decía José Antonio Primo de Rivera – para ser fascista basta ser mala persona, algo no siempre reñido con ser inteligente – “la revolución – sobre todo cuanto más pacífica sea, no la de sus matones - es la tarea de una resuelta minoría inasequible al desaliento”.

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[1] En el original Beccaria,  ¡estamos en 1763, antes de la declaración de Virginia y de la revolución francesa, 1789! Beccaria dice el soberano, pero hoy sabemos, y así lo reconoce la CE78, que “la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estados” (art. 1.2, CE78) y no en ningún soberano, ni dictador.

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Jaque al Rey: (5) un agotador trabajo

Leo la tira “El médico Cabanela” del Sr. Cruz que me provoca algunas reflexiones. “El avisó, sin irse por las ramas, de que era mejor que el Rey depusiera las armas de combate, que se dejara de delirios de Rey y se pudiera a trabajar como paciente”. El médico y el Sr. Cruz sabrán que querían decir al decir eso, yo entiendo que lo sensato sería seguir el consejo:

1º.- que el Rey depusiera las armas de combate. Tiene razón, es inútil pretender que se puede heredar, por segunda vez, un nombramiento  ilegítimo, sólo por haberse logrado la primera vez, bajo la amenaza de una segunda edición por los golpistas autores de la primera. Hoy el ejército no es golpista; el nombramiento es igualmente ilegítimo; el pueblo quiere recuperar la democracia robada en 1931, gracias, entre otros, al padre de Juan Carlos I de Franco que quiso matar a los que defendían la república democrática y por eso se apunto en el ejército golpista.

2º.- que se dejara de delirios de Rey. Todo rey que se precie - sobre todo cuanto menos inteligente sea - tiene el deliro de ser heredado por uno de sus hijos. Ninguno quiere que se gane el empleo por sus méritos. El haber sido procreado por sus padres no es mérito, es azar.

3º.- que se pusiera a trabajar como paciente. Hacerlo indicaría que es sensato.

Sigue diciendo: “no es habitual la naturalidad en medio de tanto acartonamiento cm que se abordan las cosas del palacio”. ¿Qué más cabe decir? La mayoría ¿o somos minoría? No queremos el cartón piedra y el falso oropel, sino recuperar la naturalidad de la democracia, robada por el golpista y genocida autor de este artificio de la dictadura que dejó “atado u bien atado”. Es hora de desatarlo como se hizo con el nudo gordiano: un simple e incruento tajo.

Mas sorprendente es, sin embargo, leer: “Quien tiene que sustituirlo [al heredero del dictador] es el Príncipe de Asturias”, así, sin más argumento. Eso es lo propio de la gente inteligente consciente de la sinrazón de su afirmación. Lo mejor es no alegar ninguna. Cualquier (sin)razón es un punto de debilidad. Tener que rebatir la afirmación misma es astuto modo de endosar la carga de la prueba al que está en desacuerdo con la afirmación.

Es mi caso: es falso que tenga que substituirlo el príncipe de Asturias; debe hacerlo los ciudadanos: “La soberanía reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado” (art.1.2,CE78). Los ciudadanos deberán decidir - emanando de él - quien es el Jefe del Estado. La opción es la reescritura dela CE78 por los cerdos:  ““la soberanía reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado (menos uno que emana del dictador)”. O los más “jesuíticos”:  la Jefatura del Estado no es un poder del Estado”. Pues entonces fuera del Estado.

“Todo el mundo sabe que está preparado”. Otra afirmación sin demostración, también falsa: 1º.- muchos, no una minoría, no lo consideramos preparado. Está incapacitado porque “cree que ése es su derecho”; 2º.- tampoco está “preparado”, sino “dispuesto”, algo distinto, a heredar un nombramiento ilegítimo según el refrán español: “llámame pero y échame pan”.

Se alaba la naturalidad del médico Cabanela que dijo: “no sé en que consiste el trabajo del rey”. Ni él ni nadie. En ese mismo ejemplar de EL PAIS, en el reportaje sobre las relaciones entre Isabel II y Margaret Thatcher se describe el trabajo de un rey: "¿Y en qué consiste su  trabajo si no en pasara horas y horas haciendo nada con gente que no conoce ni tiene especial interés en conocer?". ¿Y despilfarramos millones de euros pagando por hacer ese trabajo?

Este rey podrá ser ilegítimo, pero no tonto como el del cuento de Andersen. Por eso no se arriesga a pasear. Aun sin hacerlo, los niños y las personas mayores lo dijimos ayer en la manifestación “Jaque al Rey” con igual naturalidad que el médico Cabanela. Un anuncio a doble página de EL PAÍS impidió aparecer como el haz y el envés dos reportajes opuestos: “Un príncipe sin funciones” (el paro llega a la familia real) y “El jaque al rey concentra a más de 1.000 personas en Madrid”, afirmación ciertamente verdadera: 2.000 es más que 1.000.

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La marca Partido Popular: miente, engaña, oculta

En eso consiste la transparencia. No hay nada más transparente que la mentira. La verdad es algo sólido, contundente, irrebatible; uno no pude negar su existencia. Su opuesto, la mentira, es la que propagan todos los que abanderan la transparencia: la mentira no existe, por eso es transparente; la mentira no es sólida, por eso es transparente; la mentira no se puede ver, porque es transparente de pura inexistencia. No puede ser ni siquiera translúcida. ¡No existe!

Tomemos el ejemplo de la Srª Cospedal hablándonos del “… finiquito diferido … en forma de simulación….”, etc., etc. No existe nada de lo que dice; porque la mentira es tan transparente, desaparece. No hay nada. No cabe ninguna responsabilidad por mentir, ¡ algo que no existe!

Tomemos las declaraciones del Sr. Montoro cuando estaba en la oposición: “nosotros sabemos cómo arregla esto”. Era una mentira evidente. Le reprochaban que no quisiera explicarlo. ¡No podía! Todo era mentira; no sabían como arreglarlo. Si hubiera sido una verdad hubiera sido algo sólido; se hubiera podido explicar, enseñar, permitir que se analizaran los razonamientos y se discutieran. Pero era una mentira transparente y por eso al ser inexplicable, no lo explicó.

La gente, sobre todo a la no reflexiva, que desgraciadamente es la mayoría, lo que le gustan son las mentiras. Educados en tener fe en lo que no ven, les resulta muy fácil tener fe en una mentira que no ven. Por eso, no por otra razón, el mentiroso está condenado a triunfar. Dice una mentira y la gente le cree, porque no ve nada, tiene fe. La fe niega la evidencia.

Ahí tenemos también al Sr. Rajoy cuando dice: “todo es mentira menos algunas cositas que han publicado Vds.” ¿Cuáles? No hay por qué explicarlo, la verdad se explica sola y las mentiras, como no existen no hay por qué explicarlas. ¿Cómo se va a explicar la mentira? Su afirmación no puede ser más correcta. En ningún lado se dice cuantas son esas cositas, cuáles son esas cositas, etc. Cuando aparezcan, es decir cuando se vea que son verdad nadie lo negará, pero todo lo demás, mientras tanto, son mentiras. Hay, pues, que tener fe en que todo lo demás, lo que no vemos, es mentira. Y seguir creyendo.

Mentir en el Parlamento no tiene ninguna importancia para los mentirosos. ¡Las mentiras no existen; como son mentiras, son transparentes de puro inexistente! Sólo las verdades existen y por eso no tiene sentido exigir que el Sr. Rajoy vaya a decir que dijo algo que no existe. Eso lo entiende todo el mundo. Basta oír a esas cabezas de la intelectualidad que son el Sr. Floriano, el otro que se cortó el bigote y la Srª Cospedal, sin olvidar a un tal Alonso; todos seguidos de cerca por ese otro prodigio valenciano el Sr. Pons compitiendo entre sí en dura lucha por ser el "portavoz de "la marca Partido Popular".

Nos enteramos que el gobierno presionó para intentar que en la entrevista de Bloomberg se eliminaran las preguntas y respuestas del Sr. Rajoy sobre el caso Bárcenas. ¡Eso sí que es "la marca España! ¿O es la "marca Partido Popular"? Pues claro que les preocupa que el Sr. Rajoy dijera una verdad: “eso nunca podrá demostrarse”. Eso es cierto; ya pasó con sus predecesores. Pero porque es verdad, es visible y más que visible, ostentosa. Al decir que “eso nunca podrá demostrarse”, declaró que sí hubo corrupción en el Partido Popular, pero que “eso nunca podrá demostrarse”. ¡Un error decir la verdad! Luego, ya no sirvió de nada intentar arreglarlo diciendo: “porque nunca hubo corrupción”. Ésta afirmación, como es una mentira, como tal es información transparente y nadie la ve. Por eso lo único que queda es la única verdad del Sr. Rajoy: “eso no podrá demostrarse”. Algo demasiado sólido.

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