Como siempre la justicia reside en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma lo que los jueces decentes que hay en España sospechaban: este es un estado cuyo ejecutivo se ha instaldo en la corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió el pronunciamiento del TJUE dando así fin a esta corrupción legalizada de los ejecutivos nacional y autonómicos aplicados al atropello de los derechos de los ciudadanos que sólo algunas veces encuentran "la tutela judicial efectiva" frente a estos políticos corruptos. ¿Duda aun alguien que no nos representan?
El TJUE ha dictaminado que el 'céntimo sanitario' - aquel robo "legalizado con el nombre de impuesto sobre los carburantes" qwue aplicaron 13 comunidades autónomas y que nunca destinaron a financiar la sanidad porque vulnera la legislación comunitaria. Es el resultado de la asesoría de esos asesores corruptamente nombrados a dedo con nivel de estudios de preescolar, cobradores de sueldos intolerables por los Presidentes de esos gobiernos presuntamente corruptos.
Eso robo, practicado desde el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, viola la directiva sobre los impuestos especiales y, lo que es más rarve, declara que "no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años". De este modo se consumó la estafa con la que se recaudaron nada menos que 13.000 millones de euros entre 2002 y 2011.
Como siempre, ¡es nuestra esperanza!, todo depende de un ciudadano dispuesto a defender sus derechos. En este caso fue la empresa de transporte Jordi Besora S.L. establecida en Cataluña que solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros
que reclamó por la ilegalidad de dicho impuesto.
El TJUE argumenta que este Impuesto no persigue una finalidad específica y no puede usarse para financiar el gasto sanitario general porque no
hay "un vínculo directo entre el uso de los rendimientos y el fin del
impuesto en cuestión". Además no limita sus efectos en el tiempo por "las consecuencias financieras
que podrían derivarse para un Estado miembro" porque dice que si lo hiciera "las violaciones más graves recibirían el trato más favorable
al entrañar consecuencias económicas más cuantiosas". Sólo Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias no han cometido en esta estafa al ciudadano. En las demás la estafa osciló entre 0,012 y 0,048 €/l.
La Srª Becerril, que con su inacción no defendió al pueblo, pese a cobrar por eso, señala que "España deberá cumplir la sentencia y, si así lo dice, restituir las cantidades oportunas" ¿Le costó mucho llegar a esa conclusión?. El Sr. Montoro, suponemos que con similiar esfuerzo mental, declara que "acatará la sentencia", tras lo que, como cabía esperar de él, añade: "habrá que evaluar" las consecuencias en materia de
reposición económica" y, siguiendo en su papel añade: "aún no es posible
facilitarla porque tendremos que ver la amplitud a que se refiere la
sentencia". ¡Maldito sea!
La noticia incluye una estimación de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de
España (Fenadismer) de que en el plazo de 5 años, en el que prescriben los delitos fiscales cada camionero podrá reclamar una media
de 16.000 euros y cada conductor de autobús unos 14.000. Dice la noticia que los contribuyentes particulares que quieran solicitar al fisco lo que han pagado por el céntimo sanitario sólo podrán hacerlo de lo efectivamente ingresado entre marzo de 2010 y diciembre de 2012, dado que el resto de ejercicios fiscales ya están prescritos, pero creemos que es una notica errónera.
FACUA-Consumidores asegura que los consumidores
pueden reclamar el reintegro del "céntimo sanitario" sólo si
disponen de las facturas y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que lo abonaron, pero creemos que están equivocados. Cualquier documento válido ante la justicia que acredite ese pago - la tarjeta de crédito - será título suficiente. Y en cuanto a la prescrición del delito los miembros del ejecutivo de esos gobiernos corruptos han cometido un delito de estafa que, con el agravante de abuso de autoridad, desviación de poder y presunta prevaricación han violado la tutela de cuyos derechos de los ciudadanos, como era su cometido y los han estafado en cosas de primera necesidad (art. 250.1º,CP) por lo que la pena alcanza hasta los 6 años y el delito prescribe a los diez años (art. 131.1,CP) para sus autores. Esperamos que además de devolver el dinero alguno de ellos de con sus huesos en la cárcel, aunque el mismo gobierno corrupto de su partido corrupto los indulte.
Esto pasa por vivir en un Estado monárquico corrupto, heredero de otro Estado militar corrupto que lo engendro. Cada vez con más urgencia, esto va in crescendo, se necesita una ALTERNATIVA REPUBLICANA, porque sólo en una república existe democracia y todos somos iguales ante la ley, algo que aquí vemos a diario que no ocurre.
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