Golpe de Estado

Teniendo en cuenta que “la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado” (art. 1.2 CE78) todo intento de cercenar esa soberanía debe considerarse un intento de Golpe de Estado.

Que lo perpetren en un solitario contubernio los dos partidos aún mayoritarios revela el interés de los partidos; ocultar la corrupción es mayor que lograr el Orden Público basado en la justicia. Ambos partidos tienen el mayor número de imputaciones por corrupción de sus miembros. Si se frena la libertad de ejercer la acción popular que descubre sus delitos y se restringe esa acción a la del Ministerio Fiscal “no se verá” la corrupción aunque siga existiendo.

Al Fiscal General del Estado lo nombra el  Gobierno. Eso permite “controlar” qué es delito o no separando así aún más la justicia del Orden Público. Con ello este sistema político dictatorial, una monárquica parlamentaria, se aleja aún más, “¿legalmente?” de la democracia perdida el 1.04.1939, cuya recuperación se nos prometió en 1978 en engaño manifiesto porque no se quería recuperar ni entonces ni ahora.

Esa es la conclusión a la que se llega tras la documentada y riguroso análisis llevado a cabo por Carlos Castresana Fernández; abogado y fiscal del Tribunal Supremo en excedencia en su excelente artículo “Jueces o fiscales” ¿Quién debe instruir?”, publicado el 28,1.2016 en EL MUNDO que me tomo la libertad de glosar. El también ve esa maniobra “se diría que ha sido concebida más con el designio de limitar el descrédito que las causas judiciales de corrupción están causando a los partidos proponentes, que con el de proteger los intereses generales de los españoles.”

                Es el objetivo que corona la ley mordaza: “Demócratas neófitos, los españoles apenas intervenimos en los asuntos públicos: nos limitamos a acudir a votar cuando nos convocan, y luego solemos desentendernos y regresar a nuestros quehaceres hasta las siguientes elecciones”. Lo que habría que hacer era potenciarse una sociedad civil activa. El objetivo es otro: educar a la masa de súbditos para que ni sueñen en ser soberano, como fórmula que impida recuperar la democracia ni nada que se le parezca ni de lejos.

Es imprescindible recuperar soberanía real del ciudadano aboliendo la farsa de la CE78, para acabar con ese proyecto propio de las dictaduras: la abulia. “En España, además, la división de poderes es prácticamente inexistente. El ejecutivo y el legislativo son esencialmente un único poder, y como consecuencia, las funciones de garantía, equilibrio y rendición de cuentas entre poderes descansan exclusivamente sobre el poder judicial. Este, por su parte, no puede ejercer con solvencia esas funciones de control porque carece de los medios y la independencia necesarios.”  

Par mantener la abulia se quiere cercenar la mínima libertad que se ofrece – a cambio de ímprobos esfuerzos – a la acción directa ciudadana. Más de un Abogado del Estado la ha calificado a la acción popular de tener “sospechosas intenciones”. Tiene razón, hay una clara sospecha de que busca la justicia incluso bajo esta dictadura monárquica a la que no le gusta.

No le basta al Gobierno limitar el número de jueces a 110 frente a 210 jueces por millón de habitantes que es la media de la UE; además privatiza funciones judiciales  para beneficio privado de notarios, registradores y aun ¡al propio ejecutivo! A eso el autor lo califica de “grave merma de las garantías del justiciable sin eliminar el atasco”. Pero ese era el doble objetivo: mermar directamente esas garantías y mantener esa merma al no eliminar el atasco.

La opinión el ciudadano sobre la calidad de nuestra justicia es correcta. “nos sitúa en el puesto 25 de los 28 miembros de la UE (EUJustice Scoreboard)” siendo el 5º país en importancia que a nivel mundial y en opinión de los operadores económicos es todavía peor “puesto 97 de 144 países  (Informe Global de Competitividad 2013-14, World Economic Forum)”. Pero lo grave es que cuando opinan los jueces acerca de “si el Consejo General del Poder Judicial defiende suficientemente su independencia, el 76% optaron prudentemente por no contestar, y de los que respondieron, el 75% determinó taxativamente que no”. Que no se haya producido ninguna dimisión recuerda el refrán “llámame perro pero échame pan”.

                De la fiscalía el autor comentando el Estatuto del Ministerio Fiscal dice que “el ministerio fiscal está integrado con autonomía funcional dentro del poder judicial” añade “pero todos sabemos que esa aseveración no pasa de ser retórica” una farsa que identific e esta dictadura pues “es el Gobierno quien elige al fiscal general del Estado, y además, quien tiene legalmente reconocida la facultad de dirigirse a él en cualquier momento interesándole que promueva las actuaciones pertinentes en defensa del interés público”.

Lo intolerable de esas situación condujo a que en 2013 e Consejo de Europa recomendó a España establecer “con claridad en la ley los supuestos de hecho y los procedimientos para dotar de transparencia al ejercicio de tal potestad”. Con su habitual desfachatez el gobierno de esta dictadura se declaró dispuesto a reformar esa situación. Tres años después “el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) acaba de reprocharnos que no hemos hecho nada al respecto”. ¿Qué dirán al saber que el Proyecto de PP y PSOE es impedir al máximo la acción popular?

Nínive se hubiera salvado con un solo justo España tiene más de un juez que lo es.    ¿tendremos salvación? La ciudadanía ve cómo ” en los últimos años algunos jueces, en un alarde de independencia y esfuerzo personal, y venciendo no pocas resistencias, han sido capaces de culminar con éxito investigaciones de casos muy importantes de corrupción”. Los obstáculos del poder ejecutivo no han sido pocos y su plan no dejó de tener éxito en esas causas: “ todas han necesitado varios años de instrucción porque su complejidad lo hace inevitable, y en todas ha jugado un papel decisivo la acusación popular. ¿Qué será de esas investigaciones a partir de ahora si limitamos drásticamente su duración, expulsamos de ellas a las acusaciones populares y se las encargamos exclusivamente a los fiscales?”.

La respuesta del autor es demoledora: “La independencia judicial no tiene más límites que el sentido de la responsabilidad y el compromiso con la legalidad de cada juez. La de los fiscales no existe”. De ahí el proyecto de domesticarlos hasta la indecencia aceptando que  la instrucción este en sus manos privando al ciudadano de la exigua garantía judicial de encontrar un juez justo en este páramo de corrupción.

Las reflexiones geográfico-políticas finales son reveladoras: “los españoles no somos escandinavos; que limitarnos a votar cada cuatro años para después desentendernos de los asuntos públicos es un lujo que no está a nuestro alcance; y que si queremos disfrutar de una democracia de calidad en la que nuestros derechos estén garantizados por tribunales verdaderamente independientes y los recursos disponibles sean gestionados con equidad y transparencia, tendremos que sacudirnos el desencanto y participar más activamente en la defensa de los intereses generales.”

 El primero será exigir que sea verdad el art. 1.2 CE78 y que ese poder del Estado que es la Jefatura del Estado emane del pueblo español que pueda elegirla periódicamente como ocurre en cualquier democracia. Porque no nos equivoquemos: un Estado de base dictatorial sólo puede engendrar corrupción. Nadie me señale ninguna excepción, son prueba de la universal validez de la regla que en muestro caso se cumple. Sobre todo el día en que todos los ciudadanos lleguen a tener cumplida cuenta de todas las corrupciones que, porque a ellos les interesa más que a nadie, no quieren ver los políticos que la conocen.

Leer más

Sostenella y no enmendalla

Leo en EL MUNDO, 12.16.2016 un artículo del Sr. Sagardoy abogado y profesor titular de Derecho del trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria “El desafio laboral del paro juvenil” y me asusta. De entrada hay un error de identificación del problema; el paro juvenil no es el problema. Es el paro de los que tienen 20, 30 años y no tiene trabajo y de los que tiene 40, 50 y 60 años y lo pierden. En cuando a la lista de parados está llena, ¡como nunca!, de personas con título superior, doctorado incluido. El problema no es del trabajador; es del empresario que es un mal empresario y, sobre todo, de la política laboral de este gobierno dedicada a la explotación del trabajador.

Dice el autor: hay “jóvenes de gran valía personal y profesional frustrados al no poder poner en práctica todos sus conocimientos o dedicados a tareas profesional que ni les apetecen ni son para las que se han preparado” y luego lamenta el autor “no tener una varita mágica” para resolver ese problema y declara que “lamentablemente la realidad es tozuda y la respuesta no es fácil”.

La “varita mágica” existe; no es “mágica”; es “racional”; y la respuestas es fácil: proteger el trabajo productor de riqueza ajustando la jornada laboral a la productividad tecnológica, de 1900 a 1950 se redujo al 50 % , no fomentar la especulación financiera ni, la evasión fiscal y acabar con el beneficio antisocial de las SICAV y las exenciones de IBI a la Iglesia.

Todas las instituciones deben pagar impuestos como cualquier otra persona jurídica o mejor aún como toda persona física asalariada. No hacerlo es una filosofía política que  inexorablemente lleva al paro;  juvenil y adulto. Todos los parches que se ponen agravan el problema porque son parches que hacen más vicioso el mercado laboral; lo deterioran al privar a los creadores de riqueza de sus derechos más elementales: sostenerse a sí mismo y a su familia con la riqueza que producen y que otros se quedan; lo deterioran al arruinar la demanda de bienes y servicios que eso es el mercado

Por un lado los trabajadores han sido educados en su mayoría para ser trabajadores por cuenta ajena, sin duda un defecto de orientación docente y social ; están razonablemente bien formados pero que no encuentran una oferta de trabajo. La brutal especulación que despilfarró el dinero que debería haberse dedica a incrementar la productividad tecnológica de la empresa, pese al bajo nivel tecnológico de muchas, la jornada excesiva en relación con esa productividad y legalizar los contratos por días y aún por horas elimina la oferta de trabajo prolongada que existiría si se respetara el trabajo como la clave que es pues él crea la riqueza y mantiene la demanda del mercado. Pero este gobierno está al servicio del capital y de sus empresarios explotadores que ven al trabajador como una fuente de explotación para beneficio del capital; unos empresarios cuya ética ha sido puesta en evidencia tras la reelección de sus presidentes de sus sindicatos de empresarios que hoy están sentados unos en el banquillo o otros en las celdas de las cárceles donde están.

De este gobierno que está al servicio de esos empresarios explotadores mientras machaca a los verdaderos empresarios dice el autor que “ha realizado actuaciones de gran trascendencia como nunca se había hecho”. ¡Cierto! Jamás se produjera un retroceso tan trascendente de los derechos sociales que conducen al paro al eliminar a esos trabajadores de la demanda y reducir la capacidad de demanda de los que aun tienen trabajo. “Las bonificaciones en materia de contratación laboral, planes de empresas de incorporación a jóvenes” que se cita deterioraron los derechos laborales y descapitalizaron la Seguridad Social al aumentar los beneficios de las empresas reduciendo sus aportaciones sin substituirlas con otros ingresos. Una actitud terrorismo que atemoriza a los trabajadores ya jubilados a los que amenaza con la reducción de su Seguro de Vida porque su dinero se lo han quedado los empresarios que no pagaron su parte, y también a los que con su exigua vida laboral no llegarán a generar recursos que cuando se los devuelvan en forma de Seguro serán pírricos.

Calificar de “nuevo e innovador diseño de la formación profesional dual” es ignorar que ese método de formación intra-empresarial se abandonó hace un siglo por la mayor formación teórica con cargo a recursos públicos. Fue un beneficio para la empresa que ahorró este coste de formación y  le permitió disponer de una oferta amplia y cualificada de trabajadores y parte del derecho de los ciudadanos a una formación con cargo a la riqueza común.

Las becas de la sociedad civil hoy son ridículas en su cuantía y cantidad frente a la demanda, las públicas se reducen a medida que aumentan las tasas (¿) y las “becas” de muchas empresas son otro fraude para tener un trabajador. No sólo no le forman sino que así evitan el pago que corresponde a la Seguridad Socialdentro del plan premeditado del Gobierno de privatización de la Seguridad Social previa su descapitalización y del paralelo apoyo a planes privados de pensiones que generan beneficios a los especuladores que los montan porque los que los subscriben sufren la pérdida del poder adquisitivo. Y de premio arruinan el Seguro de Vida que cobrará el trabajador que "legalmente no trabajó". Esos son los frutos que da ese nuevo diseño profesional; el del Gobierno: el aumento de la explotación laboral hasta la privación total de derechos del que crea la riqueza, vuelto ya un siervo

La solución del autor es cómica: el proyecto del Reino Unido “de empleo juvenil cuenta con recursos privados de empresas de headhunters, de cómo hacer un buen CV, una buena entrevista de trabajo y empresas que ofrecen vacantes para jóvenes”. Eso no aumenta el empleo, eso canaliza el empleo a quienes de ese modo superan la selección previo beneficio de las empresas privadas de “head hunters”. Y para peones y trabajadores del campo ¿hay empresas privadas de “hand hunters”. La conclusion del trabajo son unos consejos de Pero Grullo para el programa de empleo juvenil:

1º Facilitar la ocupación: “La clave es, más que tener un empleo para toda la vida, tener toda la vida empleo”. El neolenguaje de "1984". En una sociedad con 20 % de parados la aritmética conduce a una media de un 80 % de vida con empleo ¡y precario! Es la sociedad laboral lo que hay que cambiar.

2º Facilitar la orientación: "Se debe atender la creación de nuevos perfiles profesionales". Pero es la base de una buena formación genérica y abierta la que da flexibilidad a los conocimientos del trabajador que así es más fácil de acomodarse a los cambios que cada empresa necesite.

3º Facilitar la formación: A lo que hoy se llaman habilidades se le llamaba antes sociabilidad. Y lo que hoy se llaman asignaturas transversales antes se le llamaba buena formación general: ¡nihil novum sub sole! Cambiar el nombre no aporta nada nuevo a la realidad.

4º Facilitar la ambición: Es cómica la propuesta: “Sacar a la luz para el gran público la tarea que están haciendo verbigracia, nuestros científicos y médicos, no me cabe duda que haría crecer exponencialmente las vocaciones científicas e investigadoras (tan necesarias hoy en día) y el apoyo privado a esas iniciativas”. La política del gobierno es la opuesta y la privada casi no existe: se reduce la inversión en I+D, en sanidad, en educación; cada año se retrocede un lustro; los más “ambiciosos” huyen a otros países con otras políticas laborales y bajo paro.

                Dice el autor que la tarea “es ardua pero no imposible”. ¡No! Esa es una tarea equivocada. El problema es el de un mercado que invita al capital a obtener sus beneficios no con empresas punteras en I+D sino a costa de los derechos al trabajador. Al hacerlo así elimina al consumidor al que ha empobrecido, apenas un mero subsistente cuando no un mendigo cuya proliferación, ¡ese “empleo” no tienen paro!, nos ha hecho recuperar los pedigüeños de los años 40.

                Sólo hay una solución: proteger los derechos laborales del trabajador; sus mayores salarios lo convierten en un gran consumidor; sus mayores salarios obligan a las empresas a invertir en I+D para así equilibrar el mayor coste del trabajo y aumentar el nivel de vida. Y eso se consigue – la tecnología lo permite y la sociedad lo exige – reduciendo la jornada laboral para recuperar el nivel adquisitivo de los salarios que de ahí es de donde nace la demanda.

Se trata de un proyecto inteligente y social que sólo puede nacer de una política que surgirá cuando España vuelva a ser “una república de trabajadores de todas las clases”. Pero no se hará. Seguiremos con la dictadura de explotación de los trabajadores, entonces militar hoy monárquica

Leer más

El tiranicidio y el premio Nobel de la Paz

En las dictaduras hacer algún comentario que no sea laudatorio respecto al Jefe del Estado es un delito tipificado en su Código Penal. En otros países llegó a ser delito el hacer “acrósticos” donde se leyera algo, normalmente, una verdad, sobre del dictador de turno. Si las dictaduras además de monárquicas eran teocráticas, Vaticano y diversas monarquías civiles, además de delito estaba tipificado como pecado. Curiosamente el dictador del Vaticano se arrogaba el derecho dictatorial de derrocar a los dictadores monárquicos que quisiera.

Una dictadura, se disfrace como se disfrace, sólo es un atropello a la libertad individual – la esencia del ser humano – al que priva del derecho fundamental a elegir al Jefe del Estado mediante elecciones libres y periódicas. Un derecho fundamental que con todo descaro muchas de esas dictaduras monárquicas incluyen en la Constitución para violarla luego  con la connivencia de los políticos en un pacto mudo de connivencia delictiva en contra de la libertad.

En la edad moderna la evidencia del atropello de las dictaduras monárquicas llegó a tal límite que varios jesuitas apadrinaron con gran éxito el regicidio. El P. Mariana, jesuita, teólogo e historiador publico finales del S XVI un famoso libro “De rege et regis institutione” donde justifica el tiranicidio. Su gran difusión en toda Europa condujo a su quema pocos años después en París porque su Parlamento, el mismo que ordenaría cortarle la cabeza a Luis XVI, consideró que era subversivo. Quizá estaba muy reciente el regicidio de Enrique IV por Ravaillac pese a que éste negó conocer ese texto y el de Enrique III por fray Clemente.

Clemente fue más próximo a las declaraciones de Bellarmino, otro jesuita, inquisidor que llegó a ser arzobispo y cardenal. Dice en su libro “Teoría del regicidio según los jesuitas, los católicos y los protestantes, eclesiásticos y seglares”: “Permitido es a un particular matar a un tirano, a título de derecho de propia defensa: porque aunque la república no lo manda así, se sobreentiende que quiera ser siempre defendida por cada uno de sus ciudadanos en particular, y hasta por los extranjeros; por consiguiente, si no puede defenderse más que con la muerte del tirano, a cualquiera le está permitido matarle”.

Jorge Buchanan, preceptor de Jacobo I dijo: “Tenemos por cosa cierta, que a todo extranjero le es permitido matar un tirano, declarado tal por la voz pública, y hecho famoso por sus rapiñas, asesinatos y crueldad” y razona “que todos los particulares concedan recompensas a los asesinos del tirano, como se conceden a los que matan lobos”.

En Francia Juan Mayor, doctor de la Sorbona dijo: “El rey recibe su poder del pueblo, y cuando haya causa razonable, el pueblo tiene derecho a quitarle la corona” y Juan Bodin, uno de los padres del derecho político, dijo en su libro “Republica”: “Tenemos por cosa cierta, que a todo extranjero le es permitido matar un tirano, declarado tal por la voz pública, y hecho famoso por sus rapiñas, asesinatos y crueldad”.

Iniciado el S. XVII Acquaviva, General de los jesuitas, prohibió  “admitir o sostener en público, en las cátedras o por escrito, o en privado, como consejo u opinión, la doctrina según la cual se considera lícito, so pretexto de tiranía, atentar contra la vida de un príncipe o de un rey” con lo que así siempre había un jesuita a favor de cada  tesis. 

                En el S. XVIII los USA hay dos referencias clásicas; una, atribuida a Jefferson “El árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos” y la otra que fue la propuesta de Franklin para poner en el limbo del Gran Sello de los USA, con fundamentación religiosa: ·La rebelión contra los Tiranos es la obediencia a Dios.

La doctrina es secular. En el S. VI  antes de nuestra era se consideró mártires de la libertad a Aristogitón y Harmodio, que derrocaron a Hipias tirano de Atenas. Más sabido es que Bruto mato a César para salvar a la República de su tiranía pero no logró salvarla. Cicerón decía: “los tiranos pertenecen mucho más a la raza de los lobos y de las bestias dañias que los hombres. El que los mata es un bienhechor político”.

 En el medievo Sto. Tomás dice en su ”Gobierno de los Príncipes”: “Si no puede recurrirse a autoridad que haga justicia del usurpador, el que lo mata salva la patria y merece recompensa” aunque en paralelo propone: 1º.  Que en la monarquía el pueblo conserve el derecho de deposición ¿no es esa la esencia de la Republica? 2º. Que el  Papa pueda deponerlo  y 3º.La oración a Dios según el proverbio:  “El corazón del rey está en manos del Señor, quien lo inclinará a donde quisiere”.

En España el gerundense Francesc Eiximenis autor de “Regiment de la cosa pública” afirma que “Ab sa propia senyoría el pueblo tiene derecho a condicionar como el gobernante manda” y aunque es partidario de la monarquía hereditaria defiende el tiranicidio.

                Eran épocas donde el valor de la vida humana era mínimo.

Por eso hay que considerar que el que los actuales tiranicidas se conformen con hablar mal – es decir, diciendo cosas ciertas – de los reyes y otros dictadores o de quemar sus efigies, pintarrajear sus esculturas, retirar sus bustos por no considerar ejemplar su vida o quemar sus fotografías o la bandera del Estado del que son dictadores todas esas actitudes debería considerarse un mérito para recibir el Premio Nobel de la Paz. España se lo merece por lo que hizo con Isabel II y Alfonso XIII. ¿Tendremos que seguir haciendo méritos para recibirlo?

Leer más

¿Somos seres humanos libres o animales heredables?

Antes los pueblos vivían libres de la tiranía que surgió cuando la tierra dejo de estar a disposición de todos por no ser propiedad de ninguno y pasó a ser propiedad de unos con exclusión de todos los demás. Allí se acabó la libertad democrática por la que se regían todos los pueblos. Hasta entonces, con más o menos variantes cada comunidad sólo necesitaba un Senado, mayoritaria si no exclusivamente formado por personas de edad que tenían más experiencia. En momentos de conflicto se elegía un Jefe, muchas veces joven, para dirigir a los guerreros para defenderse de las agresiones ajenas. Si había desacuerdos la secesión de la minoría permitía formar otra comunidad que repetía el esquema de gestión. Eran hombres libres. Llevaban todas sus propiedades puestas: ellos mismos. Su libertad aún no estaba secuestrada por las “cadenas de la propiedad de la tierra”, origen de nuestro progreso y causa de todos nuestros males por su reparto acumulado inicuamente en unos pocos.

Hace siglos también había esa democracia en Europa. El Jefe militar, a veces se le llamaba rey o emperador, era un empleo electivo, no hereditario. Defendía (¿) los intereses de sus súbditos y les cobraba por ello. Ese contrato social estaba muy claro en el reino de Aragón: “Nos, que valemos tanto como vos, os hacemos nuestro Rey y Señor con tal que nos guardéis nuestros fueros y libertades y sino, No”. Las guerras de expansión de los reyes se cuentan como “hazañas patrióticas” pero sólo eran un robo violento como el de cualquier otra banda de ladrones. Se aceptaba, para beneficio de unos pocos, que si la violación, robo y asesinato, sin excluir el genocidio, lo ordenaba un rey era un “derecho legitimo”. Se le llamaba “guerra justa” y aun ocurre en la actualidad. Lo hicieron Aznar y su trío de compinches .

El rey en aquellas épocas se arriesgaba como todos a que lo mataran los que se resistían al atropello. Esa regla, tenía cierta “legitimidad” por ser igualmente injustas al declararse el “derecho legítimo” de los agredidos a ser agresores cuando quisieran si los vientos les soplaran favorables.

En muchos países hubo reyes llamados “perezosos”; en realidad eran “espabilados”. Desde sus palacios organizaban el expolio de “sus súbditos” y “legitimaban” a sus nobles, caballeros y soldados los asesinatos, violaciones y robos sin límites con que hacer crecer “su finca”, que eso era “su reino”. A cambio les permitía explotar el terreno “legítimamente” robado a sus víctimas. Pronto luego se volvió al sistema tradicional: el Jefe de los facinerosos se ganó su derecho yendo al frente de sus ladrones arriesgando también su vida. ¡Mi reino por un caballo!, gritó Ricardo II en Bosworth. 

¿Qué último rey español se ganó “su derecho” a serlo? Fue Carlos I de España y V de Alemania. Felipe II fue el primer “rey perezoso" que "usurpó" unos "derechos" que no ganó; sólo los heredó y los aumentó a costa de sus nobles, caballeros y soldados a los que concedió “su legítimo” derecho a asesinar,  violar y robar en su nombre tierras que añadir a “su finca” a cambio de mercedes: señoríos, condados, marquesados y ducados, es decir el “derecho” a vivir de los impuestos sobre la riqueza creada por los trabajadores con el adicional “derecho” de horca y cuchillo.

Llevamos más de medio evo, más de 500 años, bajo la casi ininterrumpida dictadura de “reyes perezosos y usurpadores” de un poder que no se han ganado. Abusan todo lo que pueden, perjuran todo lo que haga falta, el más felón fue Fernando VII, que no el único. Su único “mérito” para parasitar la riqueza creada por los trabajadores era haber nacido de la fecunda coyunda de sus padres, también reyes “perezosos y usurpadores” , cuyo "mérito" era el mismo: haber nacido de la coyunda de sus padres, reyes “perezosos y usurpadores”, y así hasta Carlos I de España y V de Alemania, salvo en dos casos:

El primero se debió a la infecundidad de las coyundas del rey “perezoso/usurpador” Carlos II, que hizo de su sobrino nieto, el Duque de Anjou, el primer dictador borbónico  

El segundo caso es el actual. El  “merito” del actual rey “perezoso/usurpado” nace con el mérito de la fecunda coyunda su padre. Ése “rey perezoso y usurpador” no nació del mismo “merito”. Su “mérito” fue la usurpación heredada del mayor dictador y genocida que sufrió esta tierra: el General Franco que acabó “manu militari” con la democracia de la II República donde el ciudadano sí era el soberano. Él nos convirtió a todos en sus súbditos. Luego, perjurio mediante, nos “endosó” como súbditos al perjuro con igual legitimidad con la que los granjeros dejan en herencia “su tierra” y “sus animales de labor”. Eso somos los seres humanos para estos “reyes perezosos y usurpadores”.
¿No se ilegalizara la esclavitud en 1870 en España? Parece que no del todo. Los dictadores militares nos siguen dejando en herencia a su colegas, los dictadores monárquicos y estos entre ellos.

Leer más

La “Seguridad Económica” descansa en la “Seguridad Social”: VII. El cierre del circuito

Henos visto que desde el punto de vista macroeconómico la reducción de la jornada laboral aunque incrementaría los gastos empresariales al aumentar los ingresos produciría más beneficios.

Una semanada laboral de 24 h/semana se puede dividir en 3 días de 8 h o 4 de 6 h que sería lo preferible. Veamos las ventajas de esta jornada:

1.- Las actividades de producción podrían realizarse de 8.00 a 14.00 lo que permitiría ahorrarse el descanso de 20 minutos que beneficiaría la productividad de la empresa en un 20/6*60 = 5,6 %.

2.- Al poder ir a comer a casa sin tener que volver por la tarde disminuiría el tráfico, la contaminación urbana, sobre todo y el coste del transporte que se ahorraría el trabajador aumentando su salario neto.

3.- Al disponer de las tardes libres podría conciliar su vida social y familiar y la laboral llevando o trayendo a los hijos a la escuela o teniendo más relación con sus padres, su cónyuge o sus amigos.

4.- También dispondría de más tiempo para poder mejorar su capacitación profesional y sus estudios así como en actividades sociales y civiles de colaboración ciudadana y políticas.

5.- Las actividades comerciales podrían hacerse por la tarde lo que disminuiría el tráfico urbano y si se arbitrara un día entre semana donde bancos y organismos públicos, ayuntamiento, etc. Abrieran por la tarde la mejora de las opciones de gestión serían infinitas.

6.- A salvo de las limitaciones por los hijos en edad escolar los fines de semana serían desde el jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo unas mini-vacaciones de 3 días y medio. Combinando los días de vacaciones de verano se podrían tomar cuatro días empalmando dos fines de semana y tener medio-vacaciones de 10 días y medio.

7.- Estas opciones vacacionales permitirían a las instalaciones hoteleras hacer ofertas a bajo precio fuera de temporada que fueran interesantes para sus clientes y beneficiosas para ellos al poder mantener abierto el hotel todo el año. Este beneficio extra les permitiría ser más competitivos en la temporada alta bajando algo los precios frente a los demás países que siguen con su obsoleta jornada de 8 h/día.

¿Qué pasaría con el Estado?

1.- Si el salario medio es de 16.000 €/año. Un incremento del 4 millones de parados sería un incremento de 64.000 M€/año en circulación con el gran efecto multiplicador de esta circulación en los bancos.

2.- Supuesto un 8 % de IRPF tendríamos  5.120 M€/año de recaudación

3.- Si suponemos un 90 % de gastos de los (64.000 – 5.120) M€ = 58.880 M€ el ingreso por IVA, supuesto un valor medio de 18 %, sería de  10.598 M€ que sumados a los 5.120 M€ aumentarían las obras públicas produciendo una reactivación en la economía que realimentaría los ingresos sin necesidad de subir los impuestos.

4.- Se mejoraría la situación económica; en lugar de seguir reduciendo el bienestar social, ya inexistente, se empezaría a recuperar el poco que tuvimos en sanidad, educación, investigación y desarrollo y derechos sociales. Además el riesgo de que quebrara la Seguridad Social desaparecería.

5.- Una situación de pleno empleo trae aparejada una disminución de la criminalidad lo que reduce los gastos judiciales y policiales que libera más dinero para mejorar los servicios sociales.

6.- El incremento de la circulación del dinero aumentaría su oferta facilitando los beneficios de los bancos a través de préstamos a los ciudadanos y a los empresarios que podrían actualizar sus empresas aumentando su competitividad en el mercado global con el correspondiente ingreso de divisas.

7.- La disminución de los viajes in itinere, casi al 50 % reducirían los accidentes laborales in itinere con beneficio para los interesados y para las empresas y aseguradoras y además reduciría la demanda de combustible 100 % importado reduciendo el gasto en divisas.

8.- El problema de los CIE desaparecería porque todos los inmigrantes irregulares se convertirían en trabajadores legalizados lo que provocaría otro ahorro inmenso al poder cerrar todos esos centros que de nuevo se destinarían a obras públicas y servicios sociales: educación investigación y desarrollo, sanidad, etc.

                Todo eso y más sería el resultado de una disminución de la jornada laboral que “pusiera en valor”, como dicen los pijos, la realidad de una masa laboral ociosa y que si bien es dudosa que sea la mejor preparada del mundo si lo es que tiene una potencialidad que después del inmenso costee social que significó obtenerla se deteriora día a día por su inactividad.

                Señores políticos, ¿a qué esperan si de todo lo dicho sólo hay beneficios para los ciudadanos trabajadores, lo que incluye a los empresarios y excluye a los especuladores y rentistas que holgazanean parasitariamente nuestra costa que, no obstante seguirían haciéndolo?

                En 1950 un solo salario mantenía una familia. .En 2016 dos apenas permiten un buen pasar

Leer más

Un atentado al Soberano

              Leo la siguiente noticia: “Catalá propone en el Congreso revisar la elección del CGPJ, las puertas giratorias y limitad la acusación popular”. Dada la ideología del Sr. Ministro, Lic. Catalá, cuyas declaraciones de intenciones se han anticipado los hechos, supongo que su propuesta será que la elección del CGPJ descanse íntegramente en manos del partido que Gobierno, que las puertas giratorias se engrasen para que no rechine tanto su uso por los políticos cuando elijan dedicarse plenamente a su verdadera vocación, ganar dinero sin límites y que la acusación popular sólo se permita en delitos cuya pena sea inferior a 6 meses.

La noticia añade que el objetivo es prohibir a los parlamentos autonómicos proponer  magistrados para los Tribunales Superiores de Justicia. “Si existen caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos”. No es un mal objetivo pero la solución no es el gremialismo del poder judicial; la solución es acercar a justicia al ciudadano aplicando hasta sus últimas consecuencias el art. 1.2 CE78: “la soberanía nacional reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado”. Si el poder judicial es un poder del Estado ni los Parlamentos autonómicos deben proponer los magistrados de los Tribunales Superiores, ni el Congreso de los Diputados a los magistrados para los Tribunales Supremo y Constitucional para evitar futuras “deudas” política a la hora de enjuiciar políticos corruptos.

La garantía de una elección competente se puede lograr partiendo de unos requisitos mínimos para poder presentarse para ser luego elegidos por el ciudadano. Además conocer el CV de esos candidatos le permitiría ver al ciudadano la competencia profesional  de la justicia.

                Ésa es la mejor solución que debe explorar el Sr. Ministro, Lic., Catalá: que el pueblo  ejerza la soberanía que le reconoce la CE78 y elija a los magistrados  que son un poder del Estado. Los electores deben coincidir con la competencia de los Magistrados: los ciudadanos de cada autonomía si es autonómica; los de todo el país si su competencia es nacional.

                Lo que es poco claro, mejor dicho, lo que carece de fundamento, que claro si que está, es la pretensión del Sr, Ministro, Lic. Catalá: limitar el ejercicio de la acusación popular. El Sr. Ministro es parte del Ejecutivo, elegido indirectamente por los ciudadanos a través del Congreso que eligió al Presidente del gobierno. El Congreso elegido por los ciudadanos no puede limitar la competencia de los ciudadanos que reconoce la CE78. La “disculpa” del Sr. Ministra, Lic. Catalá: que “teme” que la acusación popular se emplee como “instrumento” para objetivos espurios es un engaño. Lo que teme es que se emplee contra políticos corruptos. Teme al ciudadano “decente”, que el indecente se encuentra estadísticamente en igual proporción entre abogados fiscales, jueces y magistrados  aunque, según dice la experiencia, más corrompe el poder continuado que el ejercido una vez en la vida.

En el ciudadano reside la única soberanía legítima. De ella nacen las tres formas de acusación de los tres perjudicados: 1º.  acusación de parte, el directo; 2º.- acusación popular, el indirecto;  3º.- acusación del ministerio fiscal, el indirecto institucional. Privar al ciudadano de su competencia como soberano es querer reducir al ciudadano a siervo. `Dice el art. 117.1 CE788: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey…”: mal dicho, debe decir: “La justicia emana del pueblo y se administra en su nombre“. El “pueblo es el único soberano legítimo”. De el que emanan “casi” todos los poderes del Estado excepto el  del Rey, como falsamente afirman los políticos corruptos; al Rey lo eligió el dictador General Franco.

Dice el art. 125 CE78: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales” y la única limitación puede ser la complejidad técnica del delito económico.

Las instituciones políticas han politizado la judicatura. Ésta debe protegerse de sus manos. Quizá así las sentencias del TS y del TC no las tendría que revocar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En él reside  “la tutela judicial efectiva” que promete la CE78 cuando no se encuentra en Espala. Como recordaba el molinero que denunció al Rey de Prusia:- “¡todavía quedan magistrados en Berlín!”. Es la poca “acusación popular” y no su exceso la causa de una sociedad civil tan poco activa. El proyecto del Sr. Ministro, Lic. Catalá, es del más puro estilo de Romanones: “dicten Vd. la CE y déjenme dictar a mi Leyes y Reglamentos”. Se debe rechazar.

Leer más

Los frutos del árbol envenenado

Hay dictadura si al Jefe del Estado no lo eligen los ciudadanos y él se impone a ellos

Toda dictadura usa la muleta de un Parlamento (URSS, China, Corea del Norte, España, Cuba, etc.) – Fernando VII y Hitler cortaron por lo sano, Luis XVI no las convocaba  - con un simulacro de participación electiva. El origen de la dictadura monárquica actual es un golpe de estado militar ilegítimo contra una República legítimamente constituida. Tiene en “su favor” la tradición de imponer la dictadura borbónica mediante un golpe militar creada en los S. XIX y XX. Pero estas tradiciones cuanto más antiguas sean más rápido exigen ser erradicadas.

I.- Fernando VII, ¡que error, que gran error! recibió el reino a condición de jurar la CE1812; instauró la dictadura borbónica tras el golpe militar del General Elio, bendecido por el Obispo de Valencia, como es habitual tras un golpe de Estado.

como lo que son los borbones, una dictadura "más o menos" parlamentaria pero nunca democrática porque prohíbe a los ciudadanos elegir a su Jefe del Estado

II.- Dejar en herencia “su” dictadura monárquica a su hija Isabel II que es puesta en la calle por el pueblo soberano y tras la corta experiencia de Amadeo I buscó la República democrática

III.- Alfonso XII alcanzó la Jefatura del Estado previo golpe de Estado del General Martínez Campos imponiendo de nuevo otra dictadura "más o menos" parlamentaria pero nunca democrática porque prohíbe a los ciudadanos elegir a su Jefe del Estado

iV.- Dejar en herencia “su” dictadura monárquica a su hijo Alfonso XIII que es puesto en la calle por el pueblo soberano y pacíficamente decidió organizarse bajo una República democrática

V.- Juan Carlos I alcanzó la Jefatura del Estado previo golpe de Estado del General Francisco Franco imponiendo de nuevo otra dictadura "más o menos" parlamentaria pero nunca democrática porque prohíbe a los ciudadanos elegir a su Jefe del Estado

VI.- Deja en herencia “su” dictadura monárquica a su hijo Felipe VI. No se sabe si el pueblo soberano echara de nuevo al heredero y recuperará la democracia que sólo ofrece la Republica

El último golpe de Estado, dejando aparte el genocidio paralelo y posterior a la guerra, fue la segunda vez en que un Jefe del Estado concertó la intervención en España de ejércitos extranjeros, de la Alemania nazi y de la Italia fascista, para luchar contra el pueblo demócrata. El primero fue Fernando VII, con sus cien mil hijos de San Luis, el rey felón" que felicitaba a Napoleón cada vez que sus mariscales lograban una victoria en España.

La derrota del fascismo en Italia y Alemania puso en peligro el régimen fascista ilegítimo del General Franco. El 10.03.1945 Roosevelt dijo a su embajador en Madrid: “no hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios fascistas” y abandonó Madrid curiosamente el 20-N. En la conferencia de San Francisco que creo la ONU España estuvo representada por el gobierno republicano en el exilio, aunque como observadores. La ONU el 12.12.1946 recomendó la retirada de embajadores (quedaron los de las dictaduras católicas del Vaticano, Portugal y Argentina de Perón, la reciente católica Irlanda y Suiza).

Franco organiza el referéndum de 06.07.1947 y declara a España “un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”. D. Juan, presunto heredero del último dictador monárquico, lo rechaza. Así Franco disfraza la dictadura militar en futura dictadura monárquica fascista sui generis:

1.- el reino lo decidió él  con el simulacro del referéndum

2.- el rey lo designaba él, ¡cuando le viniera en gana!

3.- se constriñó en su decisión a que el rey procediera  de una familia real. Podía nombrar a un descendiente de cualquier hijo de puta, estricto sensu, descendiente de los muchos bastardos de los reyes que en España hubo, o lato sensu, de los legales hijos de los dictadores regios.

4.- es evidente que a la (i)legitimidad de estos antecedentes monárquicos se añadía la (i)legitimidad del dictador que lo nombraba que fue la que recibió Juan Carlos i de Franco.

El juramento de Juan Carlos de adhesión y defensa del régimen fascista, 22.07.1969, lo reitera  el 22.11.1975 para ser Jefe del Estado a título de rey de la dictadura fascista heredada, que deja en herencia a su hijo que lo sigue siendo de ella. Ni él ni su hijo fueron jamás elegidos por los ciudadanos. A nadie le llama la atención porque a los dictadores no los elige el pueblo.

Una elección exige que el resultado de votar SI sea distinto del resultado de votar NO. Eso no ocurrió con el nombramiento hecho por el golpista a Juan Carlos I al votar la CE78:

1.- Si se rechazaba la CE78 el Jefe del Estado seguiría siendo Juan Carlos I con el título de rey que le dio Franco con derechos hereditarios discriminatorios hasta el fin del mundo;

2.-  si se aprobaba la CE78 el Jefe del Estado seguiría siendo Juan Carlos I con el título de rey que le dio Franco con derechos hereditarios discriminatorios hasta el fin del mundo;

¿Qué fue lo único que se permitió elegir en aquella votación?: rechazar o revalidar las leyes de Franco en lo que se diferenciaran de las leyes que podrían surgir de la CE78. Todo el Título II de la CE78 estaba ya contenido en el nombramiento de Franco. Se votara a favor o en contra seguiría estando en vigor; por tanto NUNCA se eligió.

La ilegitimidad del régimen de la vigente dictadura monárquica nace de la  doctrina de "los frutos del árbol envenenado". Según esa doctrina las pruebas de un delito logradas de modo ilícito no cabe alegarlas en el proceso judicial posterior en contra ni a favor de cualquier persona  porque cualquier prueba que directa o indirectamente tiene un nexo viciado y por ello es prueba nula. Mutatis mutandis el nombramiento del Jefe del Estado es nulo.

El presunto delito de usurpación antidemocrática de la Jefatura del Estado es el fruto envenenado del origen ilegítimo: de la dictadura de Franco, del nombramiento de Franco y de la ausencia de toda elección por los ciudadanos que nunca ocurre bajo ninguna dictadura. A ello se añade el fraude de ley con que se quiso crear una legitimación que nunca existió. Como tantos fraudes ha acabado por ser descubierto en la reciente declaración de Adolfo Suárez. La nulidad del fraude cometido es evidente tal y como establece el art. 7 CC:

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

1.- consta la mala fe con la que actuó el Presidente del Gobierno

2.- consta el abuso del derecho al pretender engañar a los ciudadanos

3.- consta el ejercicio antisocial de ese “derecho” que priva de la igualdad ante la ley a todos

4.- consta la intención de su autor – recientemente conocida -  su objeto – burlar la opción de elegir de los ciudadanos - las circunstancias en que lo realizó – bajo el ruido de sables – y que sobrepasan manifiestamente los límites normales del ejercicio de un “derecho” – el art. 7.1 exige la buena fe que aquí nunca existió ni por parte de los autores ni de los beneficiarios.

5.- consta la obligación de indemnizar de los herederos de Franco en la Jefatura del Estado por parte de los beneficiados con este fraude y de los autores del mismo,

6.- consta la exigencia de la toma de medidas judiciales, penales incluidas, y administrativas,

7.- consta que hay que impedir la persistencia del abuso

¿Qué hacen quienes tendrían que hacer lo que exige el art. 7 CC? Todo lo contrario:

1.- se callan ¿cómplicemente y con mala fe?

2.-no denuncian el delito (art. 259 LECr)

                a.- el abuso del derecho ¿cómplicemente y con mala fe?

                b.- el ejercicio antisocial de ese “derecho” ¿cómplicemente y con mala fe?

                c.- el sobrepaso manifiesto de los límites normales del ejercicio de un “derecho”

¿cómplicemente y con mala fe?

d.- la exigencia de la obligación de indemnizar ¿cómplicemente y con mala fe?

                e.- la no  toma de medidas judiciales, también penales ¿cómplicemente y con mala fe?

                f.- la no toma de medidas administrativas ¿cómplicemente y con mala fe?

                g.- la no petición de que se acabe con el abuso ¿cómplicemente y con mala fe?

Leer más

La “Seguridad Económica” descansa en la “Seguridad Social”: V. No es el cuento de la lechera.

                Supongamos una media de un 30 % de coste salarial sobre el precio de venta. Probablemente trabajos como las pizas a domicilio tienen un porcentaje más elevado pero los brokers financieros dudo que pasen del 1 – 3 % así que 30 % es una cifra que puede estimarse como correcta.

                La disminución de la jornada laboral del 40 % produce un encarecimiento del 40 %*30 % = 12 %.

                Si nos fijamos en los descuentos que se ofrecen debido a la bajada de la demanda vemos que todos están entre un 10 – 20 % y aun más para conseguir mantener las ventas. Gracias a ellos el beneficio que se consigue de ese modo, aunque menor, permite mantener la empresa con beneficios.

                Un amigo, responsable  de distribución logística de material trabaja para un empresario chino. Al ser contratado dijo: “nuestras formas de entender la vida son distintas, pero el negocio es el negocio. Márcame los objetivos que tengo que cumplir y déjame las manos libres en la gestión del trabajo con los trabajadores. Ellos son españoles y yo les entiendo mejor que tu”. El empresario aceptó.

Mi amigo reunió a los trabajadores y les dijo: “Este es nuestro objetivo: cuando esté cumplido el trabajo podéis iros a casa. Porque terminéis antes yo no aumentaré la carga de trabajo”. Nadie le creyó;  pero un experimento es un experimento. Un día terminaron media hora antes. “Hemos terminado”, le dijeron. Mi amigo comprobó que era así y dijo “podéis iros”. Se fueron sin creérselo. Se repitió la situación y vieron que su carga de trabajo no aumentó. Aumentaron su productividad y hoy hacen en 7 h o meno lo que antes hacían en 8. Se van una hora antes y la carga de trabajo no aumenta.

Un día el empresario chino se acercó por el almacén y se sorprendió: “no hay nadie trabajado” dijo a mi amigo. “Todo el trabajo estaba hecho y yo no quiero aquí a gandules”. El chino se calló; luego dijo: “Podrían  hacer más trabajo”. Mi amigo aclaró: “he cambiado su contrato de 8 horas por otro de cumplimiento de objetivos, los que tú me has señalado. Si lo hacen y bien ¿debo castigarles haciéndoles trabajar más por el mismo salario?  Además así no tengo que controlar si trabajan o no; sólo que trabajen con plena seguridad para que no haya accidentes, y si hay un aumento puntual de trabajo nadie se queja. No les pago horas extraordinarias porque es en su jornada laboral, pero les gratifico por aumento de productividad”. El empresario chino se quedó pensativo. Esa no era su forma de entender el trabajo pero al final dijo: “Me parece bien”. Hoy suelen trabajar una hora menos; un incremento de productividad del 12,5 %. Supuesto un 30 % de carga salarial sobre el coste total es un 12,5 %`*30 % = 3,6 % que descontar del 12 % da 8,4 %; quizá ese incremento de productividad sería mayor si trabajaran menos de 7 h/día.

Bourlès, R. y Cette, G. (2006). A comparison of structural productivity levels in the major industrialised countries. OECD Economic Studies 2005 (2), pp. 96-138 y (2007). Trends in “structural” productivity levels in the major industrialized countries. Economics Letters, 95, pp. 151-156, han verificado que si se reduce el 1 % de la jornada laboral hay un incremento de productividad del 0,42 %.

Si el incremento fuera lineal una reducción del 40 % significaría 40 %* 0,42 % = 16,8 %, pero no es lineal: no obstante cabría estimarlo en la mitad, 8,6 %. Eso significa que el perjuicio para el empresario sería del 12 – 8,6 = 3,4 % ¡a cambio de tener un 40 % más de ventas. ¿Quién puede resistirse a eso? ¡Sólo los que no saben hacer números o los que tienen el ADN deteriorado!

                Un 20 % de rendimiento con las ventas actuales daría más de 20%* 140% = 28 %. Ese beneficio adicional es mayor porque el coste marginal es menor que el coste medio. En cualquier caso superior al 3.4 % de pérdidas.

                Yo me pregunto, ¿Es que no hay suficientes economistas capaces de comprender estos cálculos ni en el Ministerio de la Sra. Báñez ni en los del Sr. Montoro, del Sr. Guindos y del Sr. Nadal?

                Claro que la pregunta también se puede hacer maliciosamente: ¿es que en el Ministerio de la Sra. Báñez, en el del Sr. Montoro, en el del Sr. Guindos y en del Sr. Nadal solo hay economistas?

Por supuesto que no todos los trabajos son como los de logística de la distribución de paquetes. Estoy seguro que los habrá donde este efecto es mayor y otros donde ese efecto sea menor. Eso quiere decir que en algunos casos habrá un aumento del precio final pero en otros habrá una disminución. Pero eso, en términos macroeconómicos no tiene importancia, sino el valor medio.

Además siempre existe el recurso de un incremento en la tecnificación de la empresa mejorando unos automatismos o unos rendimientos de los nuevos equipos que aumenten la productividad.

La disyuntiva es: ir hacia delante o como decía el del chiste “no corráis, que es peor”

Leer más

La “Seguridad Económica” descansa en la “Seguridad Social”: IV. Una de médicos

Esta serie de trabajos pretende convencer a los defensores del capitalismo explotador de los trabajadores que gobiernan este país de la imprescindible necesidad de bajar la jornada laboral. Algunos de estos capitalistas explotadores de los trabajadores están de acuerdo con la propuesta que creen dada su mentalidad explotadora que consiste en que donde trabaja una persona trabajen dos para acabar con el paro pero repartiendo ese salario entre las dos “solidaridad laboral”, dicen. Y ríen picarones.

 Dicen los castizos: “no se juega con las cosas de comer” que en este caso se traduce en “el salario no se baja”; bastante se baja mediante una inflación que reduce año a año su poder adquisitivo como para que se le ocurra a ningún político al servicio del capitalista explotador de trabajadores proponer la disminución del salario en proporción a la disminución de la jornada laboral.

Los listillos que defienden los intereses de los explotadores de los trabajadores dicen: “eso no es posible, ya lo intentó Jospín en Francia hace varios años y fracaso su experimento”. Y es cierto, pero la razón del fracaso no fue la reducción de la jornada laboral a “35 h/semana” fue reducirla a “sólo 35 h/semana”. Para entender el error cometido valgámonos de un ejemplo analógico:

1.- Una persona tiene una fiebre súbita y elevada. Se llama al Médico de la Seguridad Social.

2.- Lo ausculta y le dice: tiene Vd. “una fiebre elevada, que por lo que me dice ha sido súbita”

3.- El paciente le mira perplejo y piensa: hasta ahora no me ha dicho nada que yo no supiera ya.

4.- El médico, sin darse cuenta, continua: “en consecuencia le voy a aplicar el protocolo”

5.- El paciente vuelve a preocuparse y piensa “¿estará en el protocolo mi caso particular?”

6.- El médico ajeno a todo continúa. “Le voy a recetar este antibiótico” y firma una receta.

7.- El médico le entrega la receta y explica: “Se trata de un antibiótico de muy amplio espectro”

8.- El médico sigue explicando: “Póngase una inyección hoy mismo y luego cada dos semanas”

9.- El enfermo no sabe que contestar, pero no se atreve a discutir el profesional médico

10.- Se pone la primera inyección aquella misma tarde; a los trece días fallece.

La explicación es sencilla, el antibiótico era la mediación adecuada y también era correcto que fuera de amplio espectro porque no sabía la causa de la infección; el fallo estuvo en la dosis insuficiente. Ésta es la explicación del fallo de Jospin al reducir la jornada laboral sólo a 35 h/semana; veamos:

 1.- Es público y notorio que el rendimiento de un trabajador en cualquier empresa no es  100 %

2.- Cuando viene una carga de trabajo basta meter algo de prisa sin pagar horas extraordinarias

3.- Al publicarse la reducción de la jornada laboral a 35 h/semana hubo una reunión de empresa

4.- La empresa no soporta este aumento del 12 % del coste salarial o se trabaja más o cierro.

5.- Eran 12 trabajadores; decidieron aumentar cada uno un 1 % su rendimiento: el paro es duro.

6.- En otra empresa eran 8 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 1,5 %.

7.- En otra empresa eran 6 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 2 %.

8.- En otra empresa eran 4 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 3 %

9.- En otra empresa eran 3 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 4 %

10.- En otra empresa eran 2 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 6 %.

11.- La otra empresa era un trabajador autónomo. Siguió explotándose a sí mismo. Lo que se explotaba como trabajador lo ganaba como empresario explotador y todo quedaba en casa.

Tras analizar el aumento de productividad conseguido por vía de la ciencia y la tecnología propuse la reducción de la jornada laboral a 36 h/semana en 1975; un 10 %. Nadie me escuchó.

En 1990 propuse reducir la jornada laboral a 32 h/semana; un 20 %. Nadie me escuchó.

En 2005 propuse reducir la jornada laboral a 28 h/semana; un 30 %. Nadie me escuchó.

En 2020 propondré reducir la jornada laboral a 24 h/sema; un 40 %. Nadie me escuchará.

Pero ésa es la reducción de la jornada laboral que se necesita para acomodarla al incremento de la productividad obtenido por vía de la ciencia y tras su implantación en el mercado de la mano de la tecnología. Con esta reducción desaparecería el paro yhabría necesidad de un 20 % de trabajadores con lo que todos los que no figuran en el paro porque están trabajando en negro también encontrarían trabajo. Para equilibrar el aumento del coste salarial la renovación tecnológica frenaría esa demanda.

Al pagar todos la Seguridad social no quebraría. Al empezar a comprar todos el precio unitario bajaría y al disminuir el precio aumentaría la demanda hasta alcanzarse un nuevo equilibrio.

¿Por qué la Srª Bañez no hace lo que no supo hacer el socialista Jospin? ¿Será que en su ADN de considerar que los beneficios del empresario nacen de la explotación del trabajador le impide pensar?

En el próximo número les explicaré como se cuadran las cuentas con este proyecto.

Leer más