Teniendo en
cuenta que “la soberanía reside en el
pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado” (art. 1.2 CE78)
todo intento de cercenar esa soberanía debe considerarse un intento de Golpe de
Estado.
Que lo
perpetren en un solitario contubernio los dos partidos aún mayoritarios revela
el interés de los partidos; ocultar la corrupción es mayor que lograr el Orden
Público basado en la justicia. Ambos partidos tienen el mayor número de
imputaciones por corrupción de sus miembros. Si se frena la libertad de ejercer
la acción popular que descubre sus delitos y se restringe esa acción a la del
Ministerio Fiscal “no se verá” la corrupción aunque siga existiendo.
Al Fiscal
General del Estado lo nombra el Gobierno.
Eso permite “controlar” qué es delito o no separando así aún más la justicia
del Orden Público. Con ello este sistema político dictatorial, una monárquica
parlamentaria, se aleja aún más, “¿legalmente?” de la democracia perdida el 1.04.1939,
cuya recuperación se nos prometió en 1978 en engaño manifiesto porque no se
quería recuperar ni entonces ni ahora.
Esa es la
conclusión a la que se llega tras la documentada y riguroso análisis llevado a
cabo por Carlos Castresana Fernández; abogado y fiscal del Tribunal Supremo en
excedencia en su excelente artículo “Jueces
o fiscales” ¿Quién debe instruir?”, publicado el 28,1.2016 en EL MUNDO que
me tomo la libertad de glosar. El también ve esa maniobra “se diría que ha sido concebida más con el designio de limitar el
descrédito que las causas judiciales de corrupción están causando a los
partidos proponentes, que con el de proteger los intereses generales de los
españoles.”
Es el objetivo que corona la ley mordaza: “Demócratas neófitos, los españoles apenas
intervenimos en los asuntos públicos: nos limitamos a acudir a votar cuando nos
convocan, y luego solemos desentendernos y regresar a nuestros quehaceres hasta
las siguientes elecciones”. Lo que habría que hacer era potenciarse una
sociedad civil activa. El objetivo es otro: educar a la masa de súbditos para
que ni sueñen en ser soberano, como fórmula que impida recuperar la democracia
ni nada que se le parezca ni de lejos.
Es
imprescindible recuperar soberanía real del ciudadano aboliendo la farsa de la
CE78, para acabar con ese proyecto propio de las dictaduras: la abulia. “En España, además, la división de poderes
es prácticamente inexistente. El ejecutivo y el legislativo son esencialmente
un único poder, y como consecuencia, las funciones de garantía, equilibrio y
rendición de cuentas entre poderes descansan exclusivamente sobre el poder
judicial. Este, por su parte, no puede ejercer con solvencia esas funciones de
control porque carece de los medios y la independencia necesarios.”
Par
mantener la abulia se quiere cercenar la mínima libertad que se ofrece – a
cambio de ímprobos esfuerzos – a la acción directa ciudadana. Más de un Abogado
del Estado la ha calificado a la acción popular de tener “sospechosas
intenciones”. Tiene razón, hay una clara sospecha de que busca la justicia
incluso bajo esta dictadura monárquica a la que no le gusta.
No le
basta al Gobierno limitar el número de jueces a 110 frente a 210 jueces por
millón de habitantes que es la media de la UE; además privatiza funciones
judiciales para beneficio privado de notarios,
registradores y aun ¡al propio ejecutivo! A eso el autor lo califica de “grave merma de las garantías del
justiciable sin eliminar el atasco”. Pero ese era el doble objetivo: mermar
directamente esas garantías y mantener esa merma al no eliminar el atasco.
La opinión
el ciudadano sobre la calidad de nuestra justicia es correcta. “nos sitúa en el puesto 25 de los 28 miembros de la UE (EUJustice
Scoreboard)” siendo el 5º país en importancia que a nivel mundial y en
opinión de los operadores económicos es todavía peor “puesto 97 de 144 países (Informe
Global de Competitividad 2013-14, World Economic Forum)”. Pero lo
grave es que cuando opinan los jueces acerca de “si el Consejo General del Poder Judicial defiende suficientemente su
independencia, el 76% optaron prudentemente por no contestar, y de los que
respondieron, el 75% determinó taxativamente que no”. Que no se haya
producido ninguna dimisión recuerda el refrán “llámame perro pero échame pan”.
De la fiscalía el autor comentando el Estatuto del
Ministerio Fiscal dice que “el
ministerio fiscal está integrado con autonomía funcional dentro del poder
judicial” añade “pero todos sabemos
que esa aseveración no pasa de ser retórica” una farsa que identific e esta
dictadura pues “es el Gobierno quien
elige al fiscal general del Estado, y además, quien tiene legalmente reconocida
la facultad de dirigirse a él en cualquier momento interesándole que promueva
las actuaciones pertinentes en defensa del interés público”.
Lo intolerable
de esas situación condujo a que en 2013 e Consejo de Europa recomendó a España establecer
“con claridad en la ley los supuestos de
hecho y los procedimientos para dotar de transparencia al ejercicio de tal
potestad”. Con su habitual desfachatez el gobierno de esta dictadura se
declaró dispuesto a reformar esa situación. Tres años después “el Grupo de Estados contra la Corrupción
(GRECO) acaba de reprocharnos que no hemos hecho nada al respecto”. ¿Qué
dirán al saber que el Proyecto de PP y PSOE es impedir al máximo la acción
popular?
Nínive se
hubiera salvado con un solo justo España tiene más de un juez que lo es. ¿tendremos salvación? La ciudadanía ve cómo
” en los últimos años algunos jueces, en un
alarde de independencia y esfuerzo personal, y venciendo no pocas resistencias,
han sido capaces de culminar con éxito investigaciones de casos muy importantes
de corrupción”. Los obstáculos del poder ejecutivo no han sido pocos y su
plan no dejó de tener éxito en esas causas: “ todas han necesitado varios años de instrucción porque su complejidad
lo hace inevitable, y en todas ha jugado un papel decisivo la acusación
popular. ¿Qué será de esas investigaciones a partir de ahora si limitamos
drásticamente su duración, expulsamos de ellas a las acusaciones populares y se
las encargamos exclusivamente a los fiscales?”.
La
respuesta del autor es demoledora: “La
independencia judicial no tiene más límites que el sentido de la
responsabilidad y el compromiso con la legalidad de cada juez. La de los
fiscales no existe”. De ahí el proyecto de domesticarlos hasta la indecencia
aceptando que la instrucción este en sus
manos privando al ciudadano de la exigua garantía judicial de encontrar un juez
justo en este páramo de corrupción.
Las
reflexiones geográfico-políticas finales son reveladoras: “los españoles no somos escandinavos; que limitarnos a votar cada cuatro
años para después desentendernos de los asuntos públicos es un lujo que no está
a nuestro alcance; y que si queremos disfrutar de una democracia de calidad en
la que nuestros derechos estén garantizados por tribunales verdaderamente
independientes y los recursos disponibles sean gestionados con equidad y
transparencia, tendremos que sacudirnos el desencanto y participar más
activamente en la defensa de los intereses generales.”
El primero será exigir que sea verdad el art.
1.2 CE78 y que ese poder del Estado que es la Jefatura del Estado emane del
pueblo español que pueda elegirla periódicamente como ocurre en cualquier
democracia. Porque no nos equivoquemos: un Estado de base dictatorial sólo
puede engendrar corrupción. Nadie me señale ninguna excepción, son prueba de la
universal validez de la regla que en muestro caso se cumple. Sobre todo el día
en que todos los ciudadanos lleguen a tener cumplida cuenta de todas las
corrupciones que, porque a ellos les interesa más que a nadie, no quieren ver
los políticos que la conocen.
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