La política definida como el
arte de lo posible exige al políticos explorar todas las posibilidades que
están a su alcance, incluso la que van más allá de la ley. Ésa es la
competencia de gestión que le han otorgado los ciudadanos de un régimen parlamentario:
crear nuevas leyes para derogando las viejas
existentes. Esa competencia es la propia de un régimen parlamentario.
Si digo parlamentario y no democrático
es porque aunque todos los regímenes democráticos son parlamentarios pero no
todos los regímenes parlamentarios son democráticos. Son dos conceptos que
mucha gente de buen buena fe confunde, aunque algunos interesadamente porque un
régimen dictatorial facilita mucho la corrupción. Basta con permitir la
corrupción al Jefe del Estado para tener la coartada de practicarla cada uno. La
diferencia entre ambos regímenes parlamentarios, democrático o dictatorial, no
es trivial. En un régimen democrático ningún cargo se hereda por vía sanguínea,
como si fuera una finca, ni por designación del que le precedió en el poder,
sino por elección libre, mejor si es directa, de todos los ciudadanos.
Los regímenes monárquicos, por
alto que sea el bienestar que ofrezcan son dictaduras; no pocas repúblicas lo
son también. El caso hereditario de Corea del Norte es el más paradójico.
El político parlamentario es dueñoo
de la ley porque la puede cambiar. El juez, sin embargo, sólo la puede
interpretar pero el campo de la interpretación no es pequeño sino más amplio de
lo que se cree. Buscando la seguridad jurídica muchos ciudadanos apoyan el
viejo brocardo romano “dura lex, sed lex”.
Es un error político; el objetivo de la ley no es la seguridad, ¡aunque
deseable!, sino la justicia; y el sentimiento de justicia evoluciona a diario.
En el S. XIX la esclavitud era
legal. En el S. XXI es ilegal, pero sigue existiendo.
En el S. XIX había muchas dictaduras
monárquicas. En el S XXI todavía hay bastantes
En el S. XIX el derecho al
voto no era universal. En el S. XXI todavía no lo es en muchos países.
La lista de ejemplos sería muy
larga.
El político como dueño de la
ley marca el trazo grueso; ¡pero la ley nace libre! El juez como su intérprete pone el trazo fino de sus límites.
Algunos llaman a ello “politización” y sin duda lo es en el sentido genuino de
la palabra: sus sentencias afectan al ciudadano que vive en la polis.
A esa “politización”, la que
podríamos llamar progresista porque mira al futuro es legal. La ampara el art. 3.1 CC: Las normas
se interpretarán según según el sentido propio de
sus palabras en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu
y finalidad de aquellas. Son criterios
contradictorios como podemos ver analizando el caso del matrimonio homosexual.
El sentido propio de las palabras
del precepto constitucional lo permite; el
contexto, una vez que las relaciones homosexuales ya no son un delito,
también; los antecedentes históricos y
legislativos, se oponen; la realidad
social del tiempo en el que han de ser aplicadas también está a favor; y el espíritu y finalidad de las normas ¿favorecer la felicidad de la
gente?, también apoya una interpretación de la ley favorable a reconocerlo.
Por tanto, cualquier juez
pudo legalizar un matrimonio homosexual antes de la ley promulgada durante el
mandato del Presidente Zapatero que lo legalizo expresamente. Le hubieran
llamado progresista ¡pero no solo eso! Y lo hubiera sido; el progreso social lo
pedía. Pero ninguno se atrevió. Quizá el peso de los antecedentes históricos y
legislativos pesaron más de lo que debían. Hubo otros que pretendieron burlar
la ley demorando el reconocimiento de esos matrimonios aun después de
promulgada. No eran “reaccionarios”, eran fraudulentos. Utilizaron las leyes
para incumplir las leyes con una absoluta falta de buena fe (art. 7 CC).
Hubo un gran revuelo
en el Congreso, Los políticos “reaccionarios” eran minoría; impugnada la ley el
TC tardó en decidir y admitió la interpretación progresista y no la regresiva.
Esos políticos ganaron las siguientes elecciones prometiendo derogar la ley. No
lo hicieron. ¿Fue un fraude para lograr votos porque ya no pensaban hacerlo?
Quizá; o quizá sólo fue que el tiempo corriera
tanto en esos años que sus argumentos se habían corroído.
Sin duda se puede
decir que la justicia está politizada. Debe estarlo en el sentido que hemos
señalado. Nace en el presente con espíritu de futuro. ¿Alguien medianamente
sensato preferiría que en vez de estar politizada de cara al futuro lo estuviera
de cara al pasado? Sin duda alguno habrá. Como se suele decir “ de todo hay en
la viña del Señor”.
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