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16 ene 2018

Investidura telemática

Interesante el trabajo “Investidura telemática” de Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional (EL PAIS, 16.01.2018)
Es sensata la pregunta: “Imaginemos, por ejemplo, un accidente, una enfermedad repentina, un embarazo de alto riesgo o cualquier circunstancia que obligue al candidato o candidata a guardar cama durante meses, pero sin estar incapacitado intelectualmente. ¿Tendría sentido mantener la situación de interinidad gubernativa pudiendo realizarse el debate telemáticamente? ¿Nos habría parecido una ocurrencia si Rajoy se hubiera visto impedido de acudir al debate de investidura de 2011 y todos los grupos del Congreso hubieran pactado realizar el debate telemáticamente? Con toda probabilidad, la preocupante situación de España en esas fechas hubiera aconsejado esa forma excepcional de celebrar el pleno de investidura”. Por eso sorprende su conclusión: El problema subyacente es si podrían hacerse esos cambios reglamentarios para permitir que Puigdemont sea investido presidente sin pisar suelo español. Y ahí es donde la respuesta debe ser, en mi opinión, un rotundo no.
El argumento para prohibir lo que reconoce que no es razonable es que Puigdemont [está] en Bélgica: para evitar que se le aplique el auto de la Audiencia Nacional, de 3 de noviembre de 2017, por el que se ordenaba su busca y captura e ingreso en prisión.
Después de ellol “razona”: “Por tanto, modificar el reglamento parlamentario para permitirle participar a distancia en la sesión de investidura no sería una forma de garantizarle su derecho a participar en los asuntos públicos, sino que sería una actuación sin precedentes de un poder legislativo para soslayar una orden del Poder Judicial”.
Es un ”razonamiento” erróneo. Puigdemont está a disposición de la justicia española de acuerdo con los términos de la justicia europea que España ha declarado respetar. Por tanto la cuestión hay que planteársela en otros términos ¿respeta la justicia española la justicia dela UE o no? La respuesta es evidente: la justicia españo0la no respeta la de la UE.
Pero el autor insiste en su error: “jurídicamente, esa actuación sería un fraude de ley para enmascarar un ataque a la división de poderes, en flagrante violación del deber de lealtad institucional, que el Tribunal Constitucional ha señalado en numerosas ocasiones como uno de los grandes principios implícitos en el Estado autonómico y que el Estatut de 2006 ha recogido explícitamente en su artículo 3: “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado”.
Es un error craso: el fraude de ley lo cometerían los “tribunales de justicia de la dictadura monárquica fascista que soportamos sin solución de continuidad desde 1975 y el Gobierno de España si recurriera esa personación telemática.
Lo revela que de la petición de extradición se eliminaron algunos delitos de los que, sin embargo, se acusa a unos políticos catalanes que están encarcelados, tan ciudadanos europeos como el Sr. Puigdemont cuyos derechos en Bélgica son distintos que los de que residen en España. Se hizo porque se sabía que lo actuado en Cataluña no es delito fuera de España - ¿no define eso los delitos políticos? Si al final se concediera esa extradición no se les podría acusar de ellos de esos y se demostraría lo que sabemos todos: los derechos de un ciudadano europeo en España son menos que en otros países de la UE porque la justicia está politizada. Son muchas las sentencias del TS y del TC revocadas por los Tribunales de la UE.
Eso lo saben los autores de la sentencia; eso permitiría una querella contra ellos por prevaricación; espero que pronto algún colega lo haga ¡porque ya está bien de que la justicia de este régimen monárquico y por ello dictatorial prive dela libertad a un ciudadano. No hay indemnización que pueda compensar sobre todo porque se hace incumpliendo el art.7.1CC: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”, y no la hay.
¿Qué pasará con el Sr. Junqueras y demás presos? Tras sufrir la justicia que les niegan los tribunales de esta dictadura monárquica en el nombre del Rey de España acabarán viendo revocadas esas sentencias. La pregunta es triple: ¿cómo se indemniza la privación de libertad?; ¿cómo se indemniza la prohibición del ejercicio del derecho de representación ciudadana?; y, sobre todo ¿cómo se indemniza a los ciudadanos catalanes, que además de serlo de España lo son de la Unión Europea a los que no se respetó su derecho a elegir como representante a quienes ellos quisieron?
Ese es el daño antidemocrático fruto de la ilegalidad e ilegitimidad de esta dictadura monárquica fascista. Su ilegalidad e ilegitimidad nace de la doctrina jurídica que reputa como “frutos putrefactos los que nacen del árbol corrompido” del fascismo.  De esas leyes fascistas que juró cumplir y hacer cumplir el papá de la actual dictador al que nombró dictador con el título de rey del reino que se inventara tras acabar con la democracia en España, terrorismo, guerra y genocidio mediante, el dictador militar, Franco. Su heredero y continuador le otorgó las máximas alabanzas que nunca salieron de su boca. No era para menos.
Llegado a este punto, concluye el autor, solo me queda aplicarme el famoso lema electoral de Bill Clinton, ligeramente modificado: no es el derecho parlamentario el que impide en última instancia la investidura telemática de Puigdemont; es la división de poderes, ¡estúpido!
El final de su frase es también un error; creo que tendría que haber terminado de otro modo: “aquí no hay división de poderes que esto sigue siendo una dictadura, ¡estúpido!”.
¿Hasta cuándo durará la dictadura monárquico fascista? nos preguntamos los que por ser demócratas somos republicanos. Cada día falta un día menos. Cada vez el árbol está más podrido; cada vez la corrupción es más ostentosa; cada vez, aunque acogidos a la sombra de árbol podrido, son más los corruptos desenmascarados por los jueces justos que ninguna dictadura puede evitar que existan.

Bien es verdad que con sus inicuas leyes corruptas la inmensa mayoría no irá a la cárcel ni devolverá lo robado, porque para eso todo quedó, con el nombramiento del primer dictador monárquico del fascismo “todo atado y bien atado” para seguir privándonos a todos de nuestro derecho a recuperar la democracia robada y sus derechos de igualdad, libertad y fraternidad, incluido Vd., amable lector que me lee y a mí que aquí finalizo mi escrito.

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