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16 ene. 2018

Investidura telemática

Interesante el trabajo “Investidura telemática” de Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional (EL PAIS, 16.01.2018)
Es sensata la pregunta: “Imaginemos, por ejemplo, un accidente, una enfermedad repentina, un embarazo de alto riesgo o cualquier circunstancia que obligue al candidato o candidata a guardar cama durante meses, pero sin estar incapacitado intelectualmente. ¿Tendría sentido mantener la situación de interinidad gubernativa pudiendo realizarse el debate telemáticamente? ¿Nos habría parecido una ocurrencia si Rajoy se hubiera visto impedido de acudir al debate de investidura de 2011 y todos los grupos del Congreso hubieran pactado realizar el debate telemáticamente? Con toda probabilidad, la preocupante situación de España en esas fechas hubiera aconsejado esa forma excepcional de celebrar el pleno de investidura”. Por eso sorprende su conclusión: El problema subyacente es si podrían hacerse esos cambios reglamentarios para permitir que Puigdemont sea investido presidente sin pisar suelo español. Y ahí es donde la respuesta debe ser, en mi opinión, un rotundo no.
El argumento para prohibir lo que reconoce que no es razonable es que Puigdemont [está] en Bélgica: para evitar que se le aplique el auto de la Audiencia Nacional, de 3 de noviembre de 2017, por el que se ordenaba su busca y captura e ingreso en prisión.
Después de ellol “razona”: “Por tanto, modificar el reglamento parlamentario para permitirle participar a distancia en la sesión de investidura no sería una forma de garantizarle su derecho a participar en los asuntos públicos, sino que sería una actuación sin precedentes de un poder legislativo para soslayar una orden del Poder Judicial”.
Es un ”razonamiento” erróneo. Puigdemont está a disposición de la justicia española de acuerdo con los términos de la justicia europea que España ha declarado respetar. Por tanto la cuestión hay que planteársela en otros términos ¿respeta la justicia española la justicia dela UE o no? La respuesta es evidente: la justicia españo0la no respeta la de la UE.
Pero el autor insiste en su error: “jurídicamente, esa actuación sería un fraude de ley para enmascarar un ataque a la división de poderes, en flagrante violación del deber de lealtad institucional, que el Tribunal Constitucional ha señalado en numerosas ocasiones como uno de los grandes principios implícitos en el Estado autonómico y que el Estatut de 2006 ha recogido explícitamente en su artículo 3: “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado”.
Es un error craso: el fraude de ley lo cometerían los “tribunales de justicia de la dictadura monárquica fascista que soportamos sin solución de continuidad desde 1975 y el Gobierno de España si recurriera esa personación telemática.
Lo revela que de la petición de extradición se eliminaron algunos delitos de los que, sin embargo, se acusa a unos políticos catalanes que están encarcelados, tan ciudadanos europeos como el Sr. Puigdemont cuyos derechos en Bélgica son distintos que los de que residen en España. Se hizo porque se sabía que lo actuado en Cataluña no es delito fuera de España - ¿no define eso los delitos políticos? Si al final se concediera esa extradición no se les podría acusar de ellos de esos y se demostraría lo que sabemos todos: los derechos de un ciudadano europeo en España son menos que en otros países de la UE porque la justicia está politizada. Son muchas las sentencias del TS y del TC revocadas por los Tribunales de la UE.
Eso lo saben los autores de la sentencia; eso permitiría una querella contra ellos por prevaricación; espero que pronto algún colega lo haga ¡porque ya está bien de que la justicia de este régimen monárquico y por ello dictatorial prive dela libertad a un ciudadano. No hay indemnización que pueda compensar sobre todo porque se hace incumpliendo el art.7.1CC: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”, y no la hay.
¿Qué pasará con el Sr. Junqueras y demás presos? Tras sufrir la justicia que les niegan los tribunales de esta dictadura monárquica en el nombre del Rey de España acabarán viendo revocadas esas sentencias. La pregunta es triple: ¿cómo se indemniza la privación de libertad?; ¿cómo se indemniza la prohibición del ejercicio del derecho de representación ciudadana?; y, sobre todo ¿cómo se indemniza a los ciudadanos catalanes, que además de serlo de España lo son de la Unión Europea a los que no se respetó su derecho a elegir como representante a quienes ellos quisieron?
Ese es el daño antidemocrático fruto de la ilegalidad e ilegitimidad de esta dictadura monárquica fascista. Su ilegalidad e ilegitimidad nace de la doctrina jurídica que reputa como “frutos putrefactos los que nacen del árbol corrompido” del fascismo.  De esas leyes fascistas que juró cumplir y hacer cumplir el papá de la actual dictador al que nombró dictador con el título de rey del reino que se inventara tras acabar con la democracia en España, terrorismo, guerra y genocidio mediante, el dictador militar, Franco. Su heredero y continuador le otorgó las máximas alabanzas que nunca salieron de su boca. No era para menos.
Llegado a este punto, concluye el autor, solo me queda aplicarme el famoso lema electoral de Bill Clinton, ligeramente modificado: no es el derecho parlamentario el que impide en última instancia la investidura telemática de Puigdemont; es la división de poderes, ¡estúpido!
El final de su frase es también un error; creo que tendría que haber terminado de otro modo: “aquí no hay división de poderes que esto sigue siendo una dictadura, ¡estúpido!”.
¿Hasta cuándo durará la dictadura monárquico fascista? nos preguntamos los que por ser demócratas somos republicanos. Cada día falta un día menos. Cada vez el árbol está más podrido; cada vez la corrupción es más ostentosa; cada vez, aunque acogidos a la sombra de árbol podrido, son más los corruptos desenmascarados por los jueces justos que ninguna dictadura puede evitar que existan.

Bien es verdad que con sus inicuas leyes corruptas la inmensa mayoría no irá a la cárcel ni devolverá lo robado, porque para eso todo quedó, con el nombramiento del primer dictador monárquico del fascismo “todo atado y bien atado” para seguir privándonos a todos de nuestro derecho a recuperar la democracia robada y sus derechos de igualdad, libertad y fraternidad, incluido Vd., amable lector que me lee y a mí que aquí finalizo mi escrito.

12 ene. 2018

La autodeterminacion sin argumentos

Interesante al artículo “La autodeterminación sin argumentos”; por Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional en la UAM (EL PAIS, 10.01.2018)
Reconoce el autor que “los que demandan la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña son hasta el 80% del electorado, tratándose por tanto de una solicitud que no puede desoírse, se dice, pues es reclamada tanto por los secesionistas como por quienes no lo son” pero se opone a esta argumentación alegando que “los títulos de la independencia y de la autodeterminación son bien diferentes”.
Sin duda; pero lo que concita tan alto porcentaje de apoyo, es el derecho a opinar, que es lo que implica un referéndum no vinculante y ese derecho está reconocido como Derecho Fundamental que es el que M. Rajoy y sus ministros han prohibido de modo inconstitucional
Reconoce asimismo que “la demanda de la independencia de una parte del territorio nacional, que es plenamente legítima, y que está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico”, algo que ha demonizado M. Rajoy y sus ministros creando un conflicto social entre españoles con evidentes réditos políticos aunque el resultado en Cataluña debería hacerle reflexionar si tuviera capacidad para ello. Sin duda “la exigencia de que se celebre un referéndum de autodeterminación al respecto” es otro asunto pero también es constitucional si se plantea en toda España. Pero  M. Rajoy y sus ministros después de alegar que eso habría que consultarlo en toda España tampoco lo hizo.
Reconoce que: “Si comenzamos por ocuparnos de la independencia, y atendemos a la legitimidad de su reclamación, nada habría de oponerse por principio. Diríamos que las naciones no son datos inmodificables ni desde el punto de vista lógico ni histórico: se trata de ámbitos territoriales de convivencia que no tienen un origen divino ni son inmutables desde el punto de vista de la historia. Las naciones son construcciones culturales, sometidas a las exigencias cambiantes de sus destinatarios, de modo que no tendrá sentido un orden político que deviniese un corsé insoportable o una cárcel para las mismas.
La cuestión que plantea el autor deriva de que la CE78 es una dictadura monárquica fascista que continúa la dictadura militar fascista que acabó con una democrática convivencia republicana. Con su guerra italo-alemana-nazi-fascista impuso la  unidad “imperial” de España que consagra la CE78. Aunque “consiente una modificación de la Norma Fundamental” articula un cínico procedimiento prácticamente inalcanzable; una real  burla de ley.
Se equivoca cuando dice: “que cualquier demanda política pueda incorporarse a la Norma Fundamental, siempre que la modificación no altere el carácter democrático de la misma, es lo que legitima la prohibición de su rebasamiento”, porque ninguna dictadura monárquica fascista . La herencia de la Jefatura del Estado viene del juramento de Juan Calos I de los principios del Alzamiento Nacional. Menos democrática es si la creó una dictadura militar fascista. Se trata, aunque parcialmente, y es de lo que probablemente quisiera todo el mundo: acabar con una dictadura que prohíbe elegir al Jefe del Estado que nos discrimina a 47 millones de personas con el art.14 CE78 y burlándose de nosotros con el art. 1.2CE78.
Sin duda el ejercicio de autodeterminación tiene títulos discutibles pero no se llegara a esa exasperación de reconocer que “la demanda de la independencia no plantea problemas ni desde el punto de vista de su legitimidad ni de su consecución efectiva en nuestro ordenamiento”. A ello que se opusieron inconstitucionalmente M. Rajoy y sus ministros.
El poder del Estado se hace descansar en el pueblo español pero en realidad descansa en cada uno de los españoles. Esa unidad se produjo cuando se creía que la “finca” era propiedad del Rey – al que la hacienda y la vida se ha de dar – donde los ciudadanos éramos como los demás animales que se enajenaban con la finca sin pedirles su opinión. Y cuando empezamos a opinar se impuso una dictadura monárquica al margen de la voluntad ciudadana donde la de Franco fue el cuarto golpe de Estado: el primero el del General Elio, el segundo el de los 100.000 hijos de San Luis el tercero el de Martínez Campos y el cuarto el de Franco para imponer a los borbones a los que el pueblo pechara.
El movimiento catalán nace de una mala gestión agravada por una mala explicación y control del reparto de los Presupuestos Generales del Estado y de la corrupción que protege el régimen con un gobierno apoyado por un partido acusado de corrupción hasta el tuétano.
Si la pregunta del referéndum no vinculante es “quieren Vd. separarse del resto de España” se le puede preguntar a todos los españoles y valorar la respuesta a nivel provincial. Ése es el ámbito de la circunscripción que reconoce el la Ley 3/1980 de Referendum. Una ley que podría haber incluido unos niveles más elevados, p. ej. 3/5 para que resultara vinculante a nivel provincial. Una soberanía que sólo permite opinar “al soberano” de modo no vinculante declara que esa soberanía está en otra parte; es decir, es una tomadura de pelo propio de una dictadura monárquica fascista, por si hubiera alguna duda.
Alega el autor que “los referendos sobre la soberanía son referendos de soberanía, pues contradecir la decisión del cuerpo electoral en estas cuestiones es imposible en una democracia”. Incurre en una petición de principio: esto es una dictadura monárquica por su forma y fascista  por su origen. Aun siendo otra dictadura monárquica el Reino Unido fue posible el referéndum de Escocia. Hace un siglo fue posible otro entre Noruega y Suecia (1905) y el de Finlandia, derrocado imperio ruso zarista (1917) tuvo más suerte que Estonia, Letonia y Lituania que también lo intentaron ese año. El de Groenlandia y Dinamarca (2008) reconoció el derecho de Groenlandia a la autodeterminación. También lo fue en repúblicas democráticas: Canadá es una democracia (1980 y 1995) y Checoeslovaquia (1993) también lo es.
Señala el autor que “nadie sensatamente diría que la autonomía de Escocia o Quebec es mayor que la de Cataluña o el País Vasco porque aquellas dispongan de un derecho efectivo de autodeterminación que nuestro ordenamiento, mientras no sea modificado, no permite” un fraude fascista porque permite lo que en la práctica es prácticamente imposible. Afirmar que sólo “lo que tienen derecho las comunidades autónomas es a su autogobierno, esto es, a disponer de las oportunidades suficientes para su desarrollo político” es un juego de palabras. Un desarrollo político que prohíbe la secesión es otra tomadura de pelo. Es como la soberanía que reconoce el art. 1.2, que no existe con el Jefe del Estado que lo es porque quiso Franco; o como la de la no discriminación del art. 14, que existe porque el Título II CE78 la mantiene tal y como la ordenara Franco dejando “todo atado y bien atado”.
                Esta situación sólo tiene solución: el fin de la dictadura monárquica fascista. Que se reconozca que cada ciudadano es el asiento de la soberanía que ejerce a título colectivo a nivel municipal. Como lo ejerció Llivia rodeada de Francia por todas partes. No tiene sentido eso de Tabarnia. Tampoco la imposición de una minoría sobre una mayoría fruto de  una ley electoral que es un fraude de ley de una CE78 que declara que todos somos iguales ante la ley la ley electoral otorga a algunos ciudadanos un 300 % más de valor a su voto.
Dice el autor: “el federalismo es una forma política compleja que trata de conjugar los momentos de la unidad con los correspondientes al pluralismo. Pero si positivamente no puede funcionar sin la solidaridad de sus integrantes, o affectio comunis, el federalismo negativamente reposa en el rechazo del expansionismo del Estado o Nación Grande y la amenaza de la separación de sus integrantes, o naciones pequeñas”. El interés  en una unidad que es beneficiosa para todos es el real fundamento del federalismo.; no nos engañemos.  
Claro que caben referenda consultivos y vinculantes. Pero si se explica el coste del triunfo de la secesión el referendum consultivo no se demandará y si se hace fracasará como en Canadá y Escocia; sobre todo en la UE. El Brexit hubiera fracasado con mejor información.  Y si se propusiera un nuevo referéndum la gente se lo pensaría otra vez.

Quien crea que la inmensa mayoría porque no es tonta no tira piedras sobre su propio tejado no caerá en los romanticismo del S. XIX y sus “esencias raciales” con su sueño de una raza aria “superior”  “en Alemania, el imperio romano en Italia y el español en España. Del “sentido común”, el racionalismo del S. XVIII, nació la UE; defectuosa pero un progreso. Basta con explicarlo; poner las cartas boca arriba; desenmascarar a los corruptos y defraudadores; informar cuantas sentencias del TS y del TC ha echado abajo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nadie querrá no secesionarse y salir de la UE. Eso decidieron en Escocia.

11 ene. 2018

La reacción del Estado

Interesante artículo “La reacción del Estado” de J. Mª Ruiz Soroa, abogado EL PAIS, 04.01.2018) que me permito comentar.
Dice el autor: “los Estados modernos suelen ser tomados a efectos de análisis politológico como unas “cajas tontas” dentro de las cuales “pasan cosas”, pero quien  piense eso es más tonto que la ”caja tonta”. Pero tiene más razón cuando añade “el Estado sería un mero contenedor institucional inerte, mientras que las cosas pasarían en su interior o su derredor, protagonizadas por los auténticos actores, fueran éstos los partidos, las clases, las naciones, la elite económica o las religiones”. Los titulares de los poderes del Estado de las dictaduras nunca están al servicio de los ciudadanos. Son regímenes donde al Jefe del Estado no lo eligen los ciudadanos, ellos sólo son súbditos. Al Jefe del Estado lo nombra otro: la élite económica, la militar, la religiosa, etc. Eso ha ocurrido en España y nos lo seguimos tragando.
Pero tiene razón el autor al decir que “los análisis y predicciones que produce la política como disciplina se centran normalmente en la actividad y resultados de éstos, desdeñando la contemplación del Estado como un actor por sí y en sí”. En las dictaduras el Jefe del Estado y el gobierno son guiñoles del poder que, tras las bambalinas,  los manipula.
Cuando dice que hay “otro enfoque, para el cual los Estados modernos (por muchas limitaciones que tengan) son la dinámica acumulativa de poder más intensa que ha conocido la historia y, como tales realidades dinámicas, son actores de la política a título principal, por mucho que no resulten visibles a corto plazo” eso no es aplicable a las dictaduras regias o no.
En España p. ej., es visible incluso a corto plazo. La llamada “transición” nunca quiso recuperar la democracia, eso exige poder elegir al Jefe del Estado; sólo substituir la dictadura caudillista por una dictadura monárquica. Se repitió otra vez lo hecho durante el XIX y el XX: un Golpe de Estado para que el pueblo no fuera soberano. Tras huir. el último borbón financiara el golpe, su hijo se suma al ejército de golpistas, su nieto jurara cumplir las leyes fascistas y que seguiría atropellando nuestra libertad haciéndonoslos cumplir. Y lo hizo.
Añade el autor “todas las revoluciones modernas han tenido una consecuencia común: la de fortalecer al Estado que la experimentaba, incrementando su capacidad de control sobre las fuerzas sociales internas”. Eso hizo el dictador militar, el golpista y genocida Franco; esa herencia la hizo suya Juan Carlos I al jurar el título de dictador monárquico fascista y seguir el atropello; esa herencia la impone su hijo a los españoles de los que se  burla al jurar una CE78 cuyo art. 1.2 dice “la soberanía reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado” aunque el suyo emana de un dictador militar, golpista y genocida.
Ese golpe de Estado triunfó tras una guerra terrorista gracias al apoyo de los ejércitos  militares de los dos regímenes más antidemocráticos habidos en Europa: el nazismo alemán y el fascismo italiano que junto al ejército ideológicamente antidemocrático de  la iglesia católica apoyaron a Franco. Es cómico que la declaración de Cataluña la califique el autor de “intento de revolución radical”; no pasó de ser un fracaso como se era consciente antes de ocurrir.
Dice el autor que “lo curioso (y probablemente impredecible) es que a la cabeza de esa reacción radical se ha puesto un poder estatal casi siempre secundario y reactivo, el judicial, que ha tomado la iniciativa de defender al Estado a través de las élites tecnoburocráticas de Fiscalía y Tribunal Supremo”. No es curioso es el disimulo clásico de las dictaduras; Franco tenía su TOP, Stalin el suyo. La incapacidad de la dictadura para resolver un problema político es judicializarlo. Las primeras víctimas son el poder judicial y las FCSE de la dictadura monárquica que ya estaba bastante tocadas al cumplir órdenes legales pero inicuas.  
Dice el autor que “éste no es un comentario de cariz jurídico, sino estrictamente politológico. Y desde esta perspectiva puede entenderse la sorprendente instrucción del caso por la Sala 2.ª, en la que día a día se va produciendo una casi mágica reescritura o reinterpretación del proceso secesionista catalán” pero la aplicación del art. 155CE78 ha sido plenamente inconstitucional e invalida las pruebas que con la “colaboración muy estrecha con la Guardia Civil, el tribunal está “descubriendo” que ha existido desde hace un par de años una confabulación política en Cataluña para llegar a la secesión a través de un proceso de excitación identitaria, acción gubernamental y pseudoreferendos. Y al descubrir esta actividad la está a la vez repintando o caracterizando como algo criminal, como incursa en los delitos de rebelión o sedición, una caracterización que ninguno de los que asistimos al proceso en su día (pues fue público y notorio) soñamos siquiera.
La ilegalidad del origen de las pruebas, todo procede de la inconstitucional aplicación del art. 155CE78,  exigirá anular todas las obtenidas de acuerdo con la doctrina jurídica de “los frutos putrefactos del árbol podrido”.
Es falsa la afirmación del autor de que ”el secesionismo pacífico era ilegal por cuanto buscaba conseguir un resultado anticonstitucional por medios distintos de los previstos en la Constitución, pero no era en sí mismo criminal”. Ese proyecto pacífico lo amparaba el derecho de opinión y de petición salvo quesean otros dos fraudes más de la CE78 que sumar a los del art. 1.2: que de nosotros emanan los poderes del Estado, cuando emanó de Franco el del Jefe del Estado o el art. 14 que declara que no hay discriminación cuando el heredero del golpista, Felipe VI, siguiendo el ejemplo de su papá discrimina a 47 millones de españoles.
También es falso afirmar que “las instituciones, desde el gobierno al Constitucional, asistieron indefensas a su desarrollo, limitándose a formular quejas sobre concretos actos de desobediencia o malversación”. Su actuación fue inconstitucional al ilegalizar un referendum no vinculante. Era plenamente constitucional; es un ejercicio del derecho de opinión, un Derecho Fundamental reconocido en la CE78. Lo permite la LO 3/1980 de referenda y pueden ser provinciales. Sobre todo, lo exige el art. 9.1 en relación con el art. 9.2 CE78: ”Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad … del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política…”. ¿No es evidente que lo que hizo el gobierno fue todo lo contrario?
La confusión de conceptos políticos es grande; “declarar que se quiere una secesión” de un estado no es “rebelarse”; una pacífica “declaración de independencia” sabiendo su nulidad jurídica y política urbi et orbe, tampoco es lo mismo que “alzarse violentamente”.
Alzamientos y golpes de Estado fueron los de 13.09.1923 de Primo de Rivera, que el dictador monárquico apoyó dos días después; el del 12.12.1930 de Galán y García contra la dictablanda del General Berenguer que apoyaba la dictadura monárquica, que fracasó; el de 10.08.1932 de Sanjurjo contra la II República democrática, que fracasó; el de los terroristas y genocidas Mola, Franco, Millan Astray, etc. del 17.07.1936, que triunfó; el del 23.02.1981, que el dictador monárquico nombrado por el golpista Franco no apoyó siete horas después.  
Reconoce el autor que se ha producido una “mutación radical de las reglas del juego”, y que es “rabiosamente actual con respecto a la realidad política hodierna: el intento de continuar con el proceso está predefinida como actividad delictiva que -artículo 155 aparte- puede ser yugulada directamente por el juez instructor.
¿Cabe mayor reconocimiento del grado de politización de la justicia que esta declaración como delito de lo que es un puro derecho de opinión (art. 20.1.aCE78) y de petición (art. 29CE78), que no otra cosa es una declaración de independencia que propone dialogar con el Estado del que se pretende la independencia para que ésta sea posible? ¿O eran otra burla estos artículos que se ponían porque era bonito pero no para cumplirlos?
 Afirma el autor: “el Estado cuenta ahora -le guste más o menos al gobierno- con un arma defensiva nueva de una eficacia masiva”. ¿Cómo no le va a gustar al  Gobierno, que no al Estado, si buscaba eso? Pero tiene razón el autor al decir “en nada se parece ya la situación del Estado español de octubre 2017, titubeante ante lo escaso de su arsenal defensivo, con la de ese mismo Estado en 2018, encabezado por un adalid poderoso (recuerden, el poder de un juez instructor español es el mayor que existe en nuestra realidad)”; va cuesta abajo.
Mal camino sigue una dictadura, Franco recurrió al TOP, cuando recurre a la justicia para resolver los problemas políticos que no pude resolver porque exigiría acabar con la dictadura. Una dictadura no tiene las armas de una República democrática. A ello se suma la falta de competencia de un poder ejecutivo que no se atreve a actuar consciente de su ilegal ilegitimidad. Cuando actúa aplica el art. 155CE78 incumple su propia constitución fascista e imita al Govern que, al margen de su nulidad, también incumplió sus propias leyes.

Concluye el autor con un tono de satisfacción: ¿Y dicen ustedes que estamos donde estábamos? ¡Quiá! Ojalá tenga razón. Quizá está más cerca la República Democrática de España dentro de la que, como en 1931, cabe Cataluña sin ningún conflicto. Eso parece creer el dictador monárquico dada la violencia del discurso. ¿Era suyo o se lo dictó el gobierno?

5 ene. 2018

¿Y ahora qué?

Interesante el artículo ¿Y ahora qué? (ABC.05.01.2018) de Ramón Rodríguez Arribas, Ex -Vicepresidente del Tribunal Constitucional pese a los múltiples errores que comete.
Se refiere el autor a las presuntamente ilegales e inconstitucionales elecciones que el presunto usurpador de la Presidencia de la Generalitat M. Rajoy secundado por sus ministros convocó en Cataluña el pasado 21.12.2017 (las presunciones son todas mías) y que perdió.
Afirma el autor que “tenían por objeto, exclusivamente, que los españoles inscritos en el censo de aquella Comunidad Autónoma eligieran a sus representantes en el Parlamento, conforme al Estatuto de Autonomía, aprobado con la condición de Ley Orgánica del Estado por las Cortes Generales, ratificado después en referéndum regional y corregido en unos pocos artículos por el Tribunal Constitucional, único que puede y debe, cuando sea requerido para ello, declarar la inconstitucionalidad de preceptos de una ley, si no se ajustan a la Norma Fundamental, control que garantiza la observancia del Orden Jurídico, sin el que no puede haber democracia, ni Estado de Derecho”.
Es una afirmación incorrecta; esa norma Fundamental sólo garantiza la continuidad del Orden Jurídico Fascista nacido del ilegal e ilegítimo golpe de Estado del 17.07.1936 tras una guerra europea donde participaron los ejércitos de la Alemania nazi y la Italia fascista.
 Apoyando el golpe de Estado estuvo, como cabía esperar, Alfonso XIII el último dictador monárquico, el llamado “rey conejo” por haber huido dejando atrás a su familia que recibió la protección de la II República Democrática Española.
Alfonso XIII fue como casi todos los borbones otro rey golpista; su dictadura monárquica se sostuvo gracias al Golpe de Estado del General Primo de Rivera que lo apoyó cuando vio que se tambaleaba su ilegitimidad como  heredero de Alfonso XII, otro dictador monárquico tras otro golpe de Estado, el del General Martínez Campos.
Juan Carlos I fue un dictador monárquico fascista previo el golpe del General Franco- Éste se inventó un reino para sobrevivir a la derrota del nazi-fascismo en Europa. Aceptó  ese nombramiento en 1969 entre halagos, panegíricos, agradecimientos y ensalzamiento de todos los crímenes cometidos por su “padre putativo” que aun hoy produce rubor leerlos. Todos los reiteró cuando bajo el mismo ejército golpista tomo posesión de su cargo como dictador monárquico fascista (21.10.1975) jurando respetar y hacer respetar las leyes con las que se dio fin a la democracia pacífica proclamada en España el 14.04.1931. De ahí nace de “ese Orden Jurídico”, de  “ese Estado de Derecho fascista” y de la ·eliminación de la democracia guerra mediante”.
El origen de la cE78 es una dictadura que de fascista militar y personal pasó a fascista monárquica y hereditaria”. El dictador monárquico fascista al presumir de cumplir el juramento prestado, en 1969 ante Franco y en 1975 ante su parlamento fascista, reconoce su indiscutible ilegitimidad sin solución de continuidad cumpliendo el testamento político de Franco que todo quedara “atado y bien atado”. El autor del artículo olvida toda esta ilegal ilegitimidad. La CE78 es la Norma Fundamental continuadora de la dictadura fascista que juró.
                Reconoce el autor que “las elecciones de Cataluña se han celebrado con un alto índice de votantes, con absoluta tranquilidad, plenas garantías y total libertad”. Las anteriores también ocurrieron igual pero eso no impidió que  con presunto fraude de ley y prevaricación se atropellaron, y con ellas esa CE78, aplicando con claro fraude de ley el art.155 de la misma ilegal e ilegítima CE78 que se decía defender.
Reconoce el autor que en ella “los que los catalanes han ejercido su “derecho a decidir”, sin la menor sospecha de irregularidad”. El resultado ratifica los comicios anteriores y el referendum que, incumpliendo la CE78 no permitió el gobierno de M. Rajoy que se celebraran por lo que se produjo de modo irregular y formalmente inválido. Se cumplió así el refrán “al que no quiere caldo, dos tazas” `porque donde M. Rajoy no quiso un referéndum no vinculante le han dado dos tazas de elecciones vinculantes
El autor se equivoca cuando dice que eso sea “prueba incontestable de la fortaleza de la que ha gozado, desde el mismo principio, nuestra joven democracia, enseguida homologada y ahora plenamente integrada en la Europa de las libertades y los derechos humanos”. Esa “homologación” por la ONU y por la Europa de las libertades no convierte a este régimen monárquico fascista en una democracia. Para que haya democracia es condición necesaria aunque no suficiente, que el pueblo elija al Jefe del Estado periódicamente y no que el Jefe del Estado se le haya impuesto al pueblo per vitam aeternam, como hizo Franco.
Afirma el autor “que lo único que se ha elegido en Cataluña son los representantes en su Parlamento, lo que no puede convertirse en un referéndum para elegir entre la república catalana y la monarquía de España, ni entre la unión o la secesión y ni siquiera tampoco si se quiere o no un referéndum de autodeterminación de la Comunidad Autónoma, porque cualquiera de esas pretensiones, jurídicamente disparatadas, además pueden constituir la señal de que quienes intentaron dar un golpe de Estado y se encontraron de frente con la Constitución y los Tribunales, están pensando en volver a las andadas”.
Parece haber olvidado que el 14.04.1931 tras unas elecciones municipales, se acabó la dictadura monárquica en España. Alfonso XIII huyó antes de que el poder judicial pudiera enjuiciarlo y condenarle por sus delitos.
Añade el autor que “no se puede ignorar, como hacen los separatistas desde la misma noche del recuento electoral, que la fuerza más votada y con más diputados es la de un partido constitucionalista que tuvo su origen precisamente en Cataluña y que aunque no pueda gobernar por la aritmética parlamentaria, acredita que nadie puede seguir hablando en nombre de Cataluña”, ignorando que los votantes eligen a unos representantes que son   electores del Gobierno que es el que recibe el mandato de los votantes para representarlo. Sólo quien forma Gobierno, como M. Rajoy es el que representa a los votantes.
 El autor, ex abundancia cordis loquitur os, añade que “tampoco se ignora que la mayoría de los diputados elegidos pertenecen a formaciones políticas que patrocinan la secesión y que pueden hacerlo sin problemas por el generoso reconocimiento de libertad ideológica y acción política de la Constitución española, al no establecer una “democracia militante”; revela el carácter de la CE78 una especie de Carta Otorgada por el dictador monárquico fascista.
Su reproche: “esa circunstancia no puede confundirse con que sea ingenua o estúpida, hasta el extremo de no distinguir entre lo que puede pretender un partido político o cualquier ciudadano y lo que no puede aceptarse que se promueva cuando se ejercen funciones en las instituciones públicas, desde las que se pretenda actuar para derribarlas, contra lo que se ha jurado defender para acceder al cargo” constituye la mejor prueba  de que la CE78 es la continuidad de la dictadura militar fascista porque el juramento de Juan Carlos I: “cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del régimen” lo ha mantenido hasta el final de su último elefante y su hijo lo juró al jurarala. Los catalanistas le imitan a él.
El autor pretende engañar al lector de buena fe cuando comparando la legitimidad de las constituciones alemana y francesa con la ilegitimidad de la española. En Alemania no hay un Valle de los Caídos que honre a Hitler ni en Francia otro que honre a Petain al que por colaboracionista se le condenó a muerte aunque se le conmutó la pena a cadena perpetua.
Su tercera sinrazón es anticipar que el resultado de las elecciones del 21.12.2017 “no extingue las responsabilidades criminales por los supuestos delitos de rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación, por los que están siendo investigados algunos de los elegidos diputados, que inexorablemente habrán de ser juzgados y si resultaran probados los graves hechos que les imputa el Ministerio Fiscal, resultaran condenados y habrán de cumplir las penas que se les impongan” pero no explica por qué no se ap0lica la misma ley en relación con los golpistas de 1936 y aún con TODOS LOS IMPLICADOS en el de 1981 aunque las pruebas hayan sufrido el mismo destino que los discos de Bárcenas, o el aceite de Redondela, famoso juicio del padre de Rajoy: desaparecieron.
Pero tiene toda la razón cuando añade: A la pregunta ¿y ahora qué? que suele formularse, ha venido a responder S.M. el Rey en su mensaje de Navidad, con claridad, prudencia y firmeza. … Bien claro está por dónde quiere caminar Don Felipe VI y que nadie se engañe…”. ¿Cómo nos va a extrañar, quiere conservar el “momio”  que ilegal e ilegítimamente  le dio a su papá Franco, un golpista, un genocida, un fascista. Imitó a Fernando VII, el más vil de los borbones, y tienen el listón alto, que también como él trajo a ejércitos europeos para privar de libertad a los españoles. Y su papá  juró sus leyes para seguir privándonos de ella.
Porque no es cierto que “ tras él, con las banderas que unen y no excluyen a nadie, le siguen más de cuarenta millones de españoles, de diversa condición y variada ideología política. Somos muchos los millones de españoles que deseamos recuperar la democracia. No nos gustan las burlas: se reconoce la soberanía en el art. 1.2CE78 pero el Titulo II prohíbe elegir al Jefe del Estado; se prohíbe la discriminación en  el art. 14 CE78 pero el Titulo II discrimina a 47 millones de españoles por razón de nacimiento y condición personal y social.
Los que no quieren seguir el camino de la concordia son los que defienden la continuidad de la dictadura fascista antes militar y personal y ahora monárquica y hereditaria, pero todos recordamos el refrán que dice aunque la mona (dictadura) se vista de seda, mona (dictadura) se queda. EL PP fue refundad por 7 ministros fascistas con Fraga a la cabeza.
Los tribunales de la dictadura militar fascista acusaron a los defensores de la Constitución legal y legítima de la II República de sublevados, traidores a la patria y sediciosos; esperemos que los tribunales de la dictadura monárquica fascista no hagan lo mismo contra quienes, no sé si con más ingenuidad que torpeza o viceversa, manifestaron su deseo de recuperar la democracia sólo por el gran error de plantearlo parcialmente y no en toda España. Así hubiera sido más legítimo reivindicar la recuperación de la democrac

2 ene. 2018

El falso problema catalán: I.- Libertad de opinión, pero menos.

Estos comentarios no analizan el aspecto político; ambas partes han hecho gala de una falta de realidad muy preocupante en quienes son los gestores de nuestra libertad.
En éste y en los sucesivos comentarios se analiza desde un punto de vista jurídico la explosión de la ilegalidad generada por el Gobierno con la aplicación ilegal del art. 155CE78 lo que constituye, salvo mejor opinión de los jueces, la comisión de numerosos delitos.
Para ello se necesita hacer algunos comentarios sobre la inmensa torpeza, susceptible de ser considera delictiva, de prohibir el referéndum que se solicitó año tras año alegando el “derecho a decidir” que en realidad no existe en esta CE78 donde sólo existe el “derecho a opinar” porque los referenda, salvo los de aprobación de los Estatutos y de la propia Constitución, son referenda no vinculantes. Ese derecho es, por tanto, un derecho a manifestar la opinión que está recogido como un derecho fundamental.
Dice el art. 20.1 CE78: Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción que se subraya en el art. 29.1 CE78 Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley y la deposición en una urna de un voto escrito que expresa la opinión de los convocados es una petición de que se atienda porque el referéndum no es vinculante.
El Presidente M. Rajoy y sus ministros no lo respetan sin que ni el Ministerio Fiscal,  parte del poder judicial independiente de la CE78, defensor del  Orden Público ni tampoco ningún partido político, ¿a qué juegan?, se hayan querellado.
El resultado de no respetar este derecho fundamental ha sido que en vez de un referendum no vinculante se han producido  dos elecciones vinculantes de donde salieron dos Parlamentos con poder legislativo y un Gobierno con poder ejecutivo y dentro de poco otro. ¿Se puede ser más torpe? Sin duda; la Biblia dice que el número de tontos es infinito.
El segundo fraude es el del art. 14 que prohíbe la discriminación que campa por sus respetos en esta dictadura monárquica fascista. La ley electoral discrimina el valor del voto; el de algunas personas vale 300 % ves lo que vale el de otras personas según donde vivan. Y si eso pasa en el Congreso en el Senado es todavía más escandaloso la discriminación. De nuevo ni el Ministerio Fiscal, parte del poder judicial independiente de la CE78, como defensor del  Orden Público ni tampoco ningún partido político ¿a qué juegan?, se hayan querellado.
Pero aún cabe más corrupción en este régimen, corrupto desde la misma CE78.
El “apaño legal” fue darle más valor al voto de las provincias más agrícolas, las menos pobladas que son las más conservadoras. Así se discrimina a las personas que viven en las provincias más pobladas, más industrializadas y más progresistas. Así la UCD ganó aquellas primeras elecciones. Cuando ganó el PSOE hizo algo indigno en un partido de izquierdas ¿lo es?, no acabó con el fraude. Lo pagó con el triunfo del Sr. Aznar cuando, como Trump, tuvo menos votos pero con ese fraude de ley logró más diputados. Para lograr la mayoría contó con el ya corrupto Presidente Pujol. Pero el independiente Ministerio Fiscal no veía la corrupción.
El fraude está en la ley electoral. La mal llamada ley d’Hont  no es tal; es sólo la forma de reparto matemático de los resultados fraudulentos de la ley electoral porque una ley fraudulenta sólo produce datos fraudulentos. El cálculo es correcto; el fraude ya estaba hecho.  
Partidos pro-independentistas
Partidos no independentistas
Escaños
Votos
2015
JxSi+CUP
C’s+CC·P +PSC+PP
JxSi+CUP
C’s+CC·P +PSC+PP
72
56
1.957.348
2.142 668
2017
JxCat + ERCCatSi +CUP
C’s+CC·P +PSC+PP
JxCat + ERCCatSi +CUP
C’s+CC·P +PSC+PP
70
58
2.063.361
2.281.472
Tabla I.- Resultados, en diputados y votos, en las elecciones catalanas en 2015 y 2017
Es lógico que una dictadura monárquica fascista tenga una ley electoral fraudulenta. De haberse respetado esta ley los resultado electorales con la vigente ley fraudulenta y los de una ley democrática son los que se recogen  en la Tabla II.
2015 Ley electoral fraudulenta

JuntsxSi

CUP
C`s
PSC
CC-Pod.
PP
Unio cat
PACMA

62

10
25
16
11
11
0
0
2015 Ley electoral democrática (1 persona = 1 voto igual)

JuntsxSi

CUP
C`s
PSC
Cat Pot.
PP
Unio cat
PACMA

55

11
25
17
12
11
3
1
2017 Ley electoral fraudulenta

JuntsxCat
ERcxatSi
CUP
C`s
PSC
CC-Pod.
PP

PACMA

34
32
4
37
17
8
3

0
2017 Ley electoral democrática (1 persona = 1 voto igual)

JuntsxCat
ERX-CatSi
CUP
C`s
PSC
CC-Pod.
PP

PACMA


29
29
6
35
18
10
6

1

Tabla II.- Diputados de las elecciones catalanas de 2015 y 2017 según la ley fraudulenta y democrática
Ser decentes, no cometer fraudes y menos aún con la malicia de “legalizar” lo “ilegitimo”, hubiera producido beneficios. En este caso particular hubiera evitado un conflicto social y político ajeno a la realidad; la realidad es que la mayoría de los catalanes, como la mayoría de los españoles, es solidaria:
1.- Entre catalanes con la parte menos desarrollada de Cataluña;
2.- entre españoles con la parte menos desarrollada de toda España.
Es el pago justo a los ciudadanos de siguen viviendo en esas partes menos desarrolladas y a los que al dejarlas e irse a otras partes de Cataluña y de toda España permitiendo su desarrollo.
Estas reflexiones son una invitación para derogar, hoy mejor que mañana, esta ley electoral fraudulenta. La razón de su derogación no es sólo que haya hecho posible lo que nunca debió serlo sino por una razón de fondo: el respeto a la ética de la igualdad de derechos frente a la discriminación que por más artera y “legalizada” es todavía más ilegal por ser un fraude de ley, y nada menos que de la propia CE78.
Ningún fraude de ley. Es una petición ética que debería tener algún eco en los Diputados y los Senadores; al menos en la mayoría, pero no lo hay. Por eso se hicieron acreedores a nuestra protesta cuando les dijimos “VDS. NO NOS REPRESENTAN”. Su reacción fue querer sancionar a los que, siendo los soberanos, decíamos la verdad. Como dijo el evangelio: Os digo que si éstos callan, las piedras clamarán” (Lc. 19.40).