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21 ene. 2017

Populismo y república democrática

            Para ocultar el atractivo de la verdad se menosprecian las palabras que la representan.
¿Recuerdan Vds. lo que nos decía el dictador militar?: no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Se trataba de este modo indirecto de desacreditar la palabra en la que reside la esencia del ser humano: ser libre.
Ninguno la confundía: el libertinaje reside en la dictadura; la libertad reside en la república. Así ha sido siempre y así seguirá siendo aunque algunas dictaduras monárquicas puedan ser dictablandas y, como ocurre con las nórdicas, tener una distribución de la riquea razonablemente más justa no por ello dejan de ser dictaduras en las que se le niega al ciudadano la libertad de elegir al Jefe del Estado.
Hoy sus herederos nos dicen: no hay que confundir populismo con democracia representativa. Pero el populismo es sinónimo de democracia, es decir el gobierno del pueblo. Que lo haga a través de unos representantes que el pueblo elige no es más que una cuestión técnica pero que exige una cuestión esencial: “que los representantes nos representen”.
Ninguno lo confunde; populismo es democracia, y una democracia representativa si “no nos representa” es una dictadura, que sea militar o monárquica da igual; es dictadura.
En una democracia republicana “la soberanía reside en el ciudadano que la ejerce  colectivamente para elegir a sus representantes y a todos los poderes del Estado”.
En una dictadura monárquica como la que tenemos “la soberanía reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado”.
Ninguno confunde estas dos definiciones; no está de más el analizar las diferencias.
En el primer caso el sujeto es el ciudadano, algo peligroso porque ciudadanos somos todos y cada uno de nosotros; es decir, todos y cada uno de nosotros somos soberanos y todo el Estado, el Gobierno - el poder ejecutivo - y la administración que el gestiona, pero también el Parlamento - el poder legislativo - y por supuesto la Justicia - el poder judicial - están al servicio del ciudadano: de todos y cada uno de nosotros sin excepción.
Las palabras son importantes porque transmiten conceptos. Prestémosle atención.
Fíjese Vd. en la diferencia que significa que hablemos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o que su denominación fuera la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Ciudadano. Su relación con ellas sería distinta sólo con este cambio de nombre. La relación de ellas con Vd. también sería distinta; en vez de considerarse “la autoridad sobre Vd.”, en realidad sólo son agentes de la autoridad, estaría claro que son “los empleados a su servicio”, al del único soberano que existe en una democracia. ¡Casi nada de diferencia!
Si se substituye “ciudadano” por “pueblo” Vd., persona de carne y hueso desaparece secuestrado por un ente de ficción: el “pueblo”; algo difuso y magmático en cuyo nombre puede hablar todo el mundo. Por el contrario en su nombre sólo puede hablar Vd.; también quien lo represente ¡pero sólo si lo representa! Si no lo hace Vd. tiene todo el derecho del mundo a recuperar un derecho del que nunca abdicó, sólo permitió su ejercicio: el derecho a opinar empezando por opinar que los representantes electos “no nos representan”.
En una democracia representativa el parlamento está elegido por los ciudadanos. Pero siempre y cuando la ley electoral no haga trampas y traicione el fundamento esencial de la democracia representativa: una persona un voto. Si la ley no respeta el principio básico de la representatividad no es que lo digamos nosotros, es que la propia ley es la que establece, con ese fraude legalizado, que esos representantes “no nos representan”; simplemente han secuestrado nuestra representación. Que quienes “no nos representan” quieran seguir haciéndolo es lo normal: todo secuestrador obtienen beneficios de mantener el secuestro ellos “no nos quieren representar” les basta “secuestrar nuestra representación”, que es otra cosa.

Por último, en una democracia es verdad que todos los poderes del Estado emanan de los ciudadanos, pero en una dictadura hay un poder del Estado, el del Jefe del Estado, que no emana del ciudadano sino de la voluntad del propio Jefe del Estado, si fue el primer dictador de la saga o de la coyunda fértil de sus papás, si es el heredero de la dictadura. Aquí no es que las palabras sean diferentes, aquí, simplemente, una afirmación es una mentira para que pase desapercibido que el Jefe del Estado  ha secuestrado la soberanía que reside en el ciudadano

14 ene. 2017

Populismo; representar o no representar

La palabra populismo ha sido elegida como palabra del año. Se trata de una palabra cuyo uso equívoco ha demostrado que puede significar todo lo que cada uno quiera que signifique.
Populismo es decir que la pérdida de la mayoría absoluta en las elecciones significa que el ciudadano no quiere ni corrupción, ni reforma laboral, ni precariedad en la sanidad, la justicia y la docencia, ni “carromeros” asesorando sobre lo que ignoran.
Populismo es decir que seguir siendo el partido más votado en las elecciones significa que el ciudadano revalida la corrupción de sus miembros, ese voto es una patente de corso para seguir así.
Populismo es decir lo que se quiere cambiar teniendo la seguridad de que como no se va a poder gobernar nunca se entrará en contradicción con lo prometido.
Populismo es establecer un programa electoral prometiendo todo lo que se sabe que si se llega a gobernar no se piensa hacer, sino todo lo contrario, el programa oculto aplicado desde el primer día
Populismo el rechazo al acuerdo de libre comercio que se pretendía para perjudicar a la UE en beneficio de los USA.
Populismo es también el rechazo al acuerdo de libre comercio con que se pretendía perjudicar a los USA en beneficio de la UE.
Populismo es la pretensión de que Grecia se saliera de la UE y dejara sin pagar sus deudas corruptamente heredadas.
Populismo es la realidad de que el Reino Unido se ha salido de la UE y ya veremos qué pasará con las deudas que tenga con la UE.
La única certeza es que cada partido llama populista al que promete lo que ellos no prometen. También se dice que los populistas rechazan la democracia representativa, ¿es eso cierto? 
Los acusados de populismo dicen que sólo si es evidente que los representantes ponen en práctica la política que no quieren los representados, se debe atender a la democracia directa de la manifestación. También que si los electores supieran antes de votar qué la política que hacen sus representantes no sería la prometida tampoco les hubieran elegido. Por último, que la manifestacion se debería recibir con agradecimiento porque es un aviso de que se está valorando mal lo que hacen.
Los electores han elegido como  representantes, por democracia representativa a quienes se comprometieron con ellos en una propuesta política. Si ven que es la contraria a la que hacen caben tres posibilidades: 1.- que los electores no se enteren y sus representantes hagan lo prometido y los representen bien; 2.- que los electores no estén equivocados y sus representantes hagan lo contrario a lo prometido y los representan mal; 3.- que ambos tengan razón y los representantes los representen mal pero no tan mal como creen sus representantes.
La cuestión es doble: de comunicación y de realidad. Si la realidad es que la percepción de los representados es total o parcialmente incorrecta por una mala comunicación de los representantes que les crean la sensación de que “no los representan” el problema es menor. Si la realidad es que no hay una mala comunicación de los representantes sino que "no los representan" bien el problema es grave 
Si se trata de un mero problema de comunicación procede empezar a explicarse mejor; si el problema es más profundo de mala representación procede empezar a representarlos mejor. La fuerte emergencia de Ciudadanos y las agrupaciones de Podemos, pura democracia representativa, han revelado que lo que hacían los otros partidos produjo una gran insatisfacción; no obstante el resultado de las dos elecciones debería hacerles qué errores han cometido para obtener esos resultados.
Lo que parece indiscutible, en opinión de los electores, es que los partidos tradicionales defensores de la democracia representativa no han sabido representar a nada menos que un 20 % de los ciudadanos. Su mala opinión superó el punto de la abstención en apoyarles pese a su historia más o menos exitosa hasta ahora; llegó hasta el punto de apoyar a otros como han hecho en esta ocasión.
Los partidos que han perdido estos votos deberían estar contentos porque esa realidad se haya  mantenido en el 20 % en vez de crecer; pero no deben confiarse. Les da tiempo para rectificar lo mal hecho durante tanto tiempo ignorando la opinión del ciudadano que les había aviado de lo mal que hacía cuando les dijeron “no nos representan” y en vez de hacerle caso les apalearon. La próxima elección no será de la historia frente a la promesa; los partidos emergentes tendrán ya su historia.
La palabra "populismo" es una descalificación con lo que se evita la justificación racional de lo que se ha hecho. Se usa como el canto rodado en una onda: para agredir al que critica los errores en lugar de oponer razones que revelen el error de la crítica. El caso más desaforado ha sido el que oí hace unos días  refiriéndose a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que revocaron las Sentencias del TS y del TC y que están siendo aplicadas por los tribunales: preferentes, clausula suelo, gastos indebidos, etc, Las calificaban de "populismo judicial". Lo curioso es que lo decían los mismos que descalifican a quienes rechazan las sentencias judiciales por parte del gobierno catalán. ¿En qué quedamos? En lo dicho, populistas son los que no piensan como nosotros.
Se acepta que "el cliente siempre tiene razón" y el empresario elegido busca acomodarse  a lo que opina el cliente. ¿Por qué los representantes elegidos actúan al revés y dicen "los representados no tienen razón"? La cuestión es grave: o el ciudadano no tiene razón, y en vez de democracia representativa es mejor la "dictadura de los que tienen razón", o el ciudadano tiene razón y  la democracia representativa que "no representa a los ciudadanos" es un secuestro de representación. Eso hay que aclararlo: "representar o no representar; ésa es la cuestión; ése es el problema."

7 ene. 2017

un nuevo fraude constitucional

                El PP y el PSOE están organizando un contubernio para lavarle la cara a esta monarquía dictatorial bajo la cual vivimos. Es otro intento de engaño a los ciudadanos de buena fe. La necesidad de cambiar la constitución es evidente. Lo fue desde su nacimiento. Fue una burla que tuvimos que tragar bajo el ruido de sables. Aun está prohibida la información para saber si de quien sospechamos estaba tras él. La solución no es un nuevo engaño; es recuperar la democracia que en estos momentos no existe ni existirá hasta que los ciudadanos podamos elegir al Jefe del Estado acabar con esa anomalía mundial: un reino inventado por un dictador y un rey nombrado por un dictador.
          Más que una burla fue un fraude que se reitera con desvergüenza y cinismo: decir que elegimos como Jefe del Estado al papá del actual dictador monárquico cuando lo nombró el dictador tras jurarle defender los principios del movimiento después de deshacerse en elogios por haber sido el mayor genocida de toda la historia de España. Engañarlo no me pareció mal; más se merecía el dictador. Pero seguir tomándonos el pelo a los españoles es una desvergüenza que si él no terminó tiene que terminarle su hijo heredero de la dictadura monárquica.
                Se votó cambiar las leyes no para nombrar el jefe del Estado. Si se votaba NO a la CE78 se habría rechazado la CE78 pero el Jefe del Estado con título de rey y con “derecho” de sus hijitos a seguir heredándola hubiera seguido siendo D. Juan Carlos de Franco. Si se votaba SI a la CE78 entraría en vigor como así ha ocurrido y el Jefe del Estado con título de rey y con el derecho de sus hijitos a seguir heredándolo hubiera seguido siendo D. Juan Carlos de Franco.
Es evidente si se vote lo que se vote el Jefe del Estado sigue siendo Jefe del Estado para que fuera rey y que sus hijitos le heredaran en la Jefatura del Estado está claro que NO hemos votado al Jefe del Estado, NO le hemos votado para que fuera rey y NO le hemos votado para que sus hijitos le heredaran en la Jefatura del Estado. Además de ser un fraude objetivamente evidente su autor, el Presidente Lic. Suárez ha declarado que fue un fraude consciente y premeditadamente realizado.
                Ahora se ofrece un cambio de la CE78 como si eso fuera un objetivo. Es sólo un medio. El objetivo es recuperar la democracia. Para ello es necesario hacer realidad TODO el art. 14 CE78. Sería un engaño modificar sólo el asunto del sexo del dictador cuando lo que importa es que TODO  el Título I contradice el art. 14 CE78 y que da igual tener un dictador o una dictadora.
El PSOE si no quiere perder toda la credibilidad que aun le queda no puede sumarse a los herederos y defensores del franquismo sino apoyara quienes propongan ¿por qué no proponerlo él? modificar el Título I eliminado la dictadura monárquica para que sea verdad el art. 14: 1º: que no haya discriminación por razón de nacimiento, los hijos de los dictadores, sean de sexo que sean o sean LGTB no pueden tener más derechos que los hijos de personas decentes que no son dictadores  y 2º: para que no haya discriminación por cualquier otra razón personal o social, como la que soportamos: un rey nombrado por un dictador que se inventó un reino cuando en España, legalmente hablando, la última vez que los ciudadanos aprobaron una constitución sin trampa fue cuando aprobaron la CE31.
Y además debe volver a ser verdad lo que dice el art. 1.2 CE78: La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Ése es el otro fraude de la CE78. La Jefatura del Estado recayó en el dictador que eligió el Jefe del Estado que ipso facto aceptó ser dictador fascista con título de rey, luego  fue dictador perjuro con título de rey y acabó siendo dictador fraudulento tras la votación de la CE78 con título de rey. No olvidemos que él sólo juró respeto a los Principios Fundamentales del Movimiento. Claro que en una familia de perjuros, Fernando VII fue el primero e insuperable, el valor de sus juramentos es ninguno. La Jefatura del Estado no emana del pueblo español.
                Si el actual monarca dictatorial se cree el mejor preparado del país ¿por qué tiene miedo a demostrarlo? Presente su candidatura a Jefe del Estado para los próximos 4 años. Le garantizo que ganaría. Y dentro de 4 años todavía seguiría ganando. Pero no lo hará.
Él, como Fernando VII, el "rey felón", y los demás reyes que lo fueron mediando un golpe de Estado. el suyo lo apoyó el General Elio, tampoco quieren recibir el poder de los ciudadanos. Prefiere usurparlo recibiéndolo de un golpista, el dictador Franco como hiciera también su antepasado Alfonso XII que lo recibió con igual ilegalidad de otro golpista, el General Martínez Campos.
Se niega a competir porque no es demócrata; a él le gusta, visto su comportamiento, ser un dictador monárquico nombrado, coyunda paterna mediante, por el dictador que acabó, genocidio mediante, con la República democrática que eligieron nuestros abuelos en España  de modo libre y sin fraudes como el que ahora el PSOE quiere apuntalar.
Él podría pasar a la historia por ser el Rey que renunció a la dictadura monárquica y quiso ser Jefe del Estado con título de rey electo cada cuatro años por unos ciudadanos libres.
Pero me temo que prefiere ser dictador monárquico hereditario con título de rey "sobre sus súbditos"; los que le dejó en herencia el dictador militar, como animales para trabajar "su finca", que todo dictador considera así al país donde logra imponerse a cualquier precio. 
La única opción de voto que se nos permite hoy a "sus" súbditos es la que teníamos con su abuelo putativo el Dictador miliar: "votar con el mando de la tele" en contra de tener que soportar ridículos mensajes navideños baboseados de miel envenenada desconectando la tele.
Era lo que hacían los alemanes de la RDA, "votaban con los pies" marchando a la RFA.

3 ene. 2017

Que crezca la hierba en libertad

La amenaza de eliminar la figura del juez Instructor preocupa y mucho a las personas que nos tomamos en serio el art. 24.1 CE 78 que se refiere a la “tutela judicial efectiva” donde se reconoce como un derecho fundamental de la soberanía del ciudadano (art. 1.2 CE78: La soberanía nacional reside en el ciudadano de donde emanan todos los poderes del Estado).
Esta soberanía nació con la hierba segada bajo los pies – el poder del Jefe del Estado no emana de una decisión del ciudadano - sino de la decisión del General Franco. Él se inventó un reino y prometió elegir un rey como coartada para salvar su dictadura vitalicia de la derrota por los aliados durante la II Guerra Mundial de los regímenes nazi y fascista.
 Sobre esa soberanía va cabalgando en un caballo que recuerda el de Atila, para que no pueda rebrotar la hierba de la soberanía del ciudadano que también consta en la CE78.
La ley “mordaza” es un caballo “atilano” que impide que el ejercicio de la libertad soberana del ciudadano reverdezca. La amenaza de sanciones administrativas mayores que el salario que muchos trabajadores españoles no cobrarán en toda su vida laboral, 300.000 €, no deja lugar a duda. No busca proteger el ejercicio de la libertad soberana del ciudadano.
Al proyecto de limitar el ejercicio de la soberanía más soberana que tiene el ciudadano, declarar culpable o no de los delitos que se imputan a un congénere a través de la institución del jurado se añade el de prohibirle ejercer libremente su soberano derecho a querellarse cuando aprecie un atropello del Orden Público del Estado cometido por presuntos delincuentes si ni los Abogados del Estado - ¿lo son del Estado o del Gobierno? – ni el Fiscal General del Estado -  ¿lo es del Estado o del Gobierno? – hacen más que obedecer al Jefe. Ambos son cuerpos jerarquizados. Se trata de una “biga” de atilanos  para el secuestro de la libertad soberana del ciudadano, lo que lo acerca más a su clara condición de súbdito.
Que la instrucción de los delitos pase de manos judiciales a las fiscales es el cuarto caballo; el que anuncia el apocalipsis. Por ello gratifica leer al Dr. Presidente Honorario de la Asociación Profesional de la Magistratura D. Ramón Rodríguez Arribas, ABC, 30.12. 2016: “Pero es que, además, no le es indiferente a la persona investigada por la supuesta comisión de una infracción penal que el que dirija las pesquisas sea el miembro de una institución jerarquizada, que luego va a ejercer la acusación, aunque sea por un funcionario distinto, o que el responsable de acopiar y hacer una primera calificación de indicios y pruebas sea un juez independiente que viene obligado a poner el mismo interés en los datos que puedan beneficiar como en los que puedan perjudicar a la persona sometida a la investigación, y que no va a tener ninguna intervención en el juicio posterior, que será ante otros jueces diferentes y también plenamente independientes”. La actitud condiciona el fruto del trabajo.
Es inevitable el riesgo de toparse un juez menos dispuestos a instruir que a defender o condenar al querellado, un delito de prevaricación susceptible de ser denunciado. Por eso no es adecuado atribuir  esa tarea a quién – desiderata aparte de que el Cuerpo de Fiscales del Estado es independiente del poder ejecutivo – se entrena profesionalmente en ser “parte”, lo cual hace unas veces a favor de ciertos reos y otras en contra de ciertos reos,.
Se argumenta el mimetismo con la política judicial europea, que se mueve en ese sentido; pero si el mimetismo no es global sino parcial es sólo para engañar al ciudadano poco ilustrado. El sentimiento de soberanía del ciudadano está enraizado en la mayor parte de los países europeos. Son repúblicas democráticas y las que no lo son llevan siglos sin saber que es una dictadura militar. En nuestro caso llevamos dos siglos bajo dictaduras, salvo breves oasis.

Privar al ciudadano del libere ejercicio de la acusación popular es la mejor forma de impedir que asumamos la tarea de defender el Orden Público del Estado; si la instrucción pasa además a los fiscales la justicia no llegará a ser algo popular. Eso es grave en un país la mayoría de cuyos ciudadanos cree que el poder ejecutivo tiene el tic que define una dictadura: el del control del poder judicial. Sí a eso se le añade el control del poder de instrucción y se priva al ciudadano del poder de querellarse la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 CE78 se corre el riesgo de que sea una mera declaración como la del art. 1.2. Pero eso es como volver grupas hacia la parte más negra de nuestra historia: la del divorcio de la justicia y el pueblo.
Me pide un lector que acompañe el texto del artículo que ha motivado mis reflexiones coincidentes, lo cual hago con gusto.
30 DICIEMBRE, 2016 POR RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS
En defensa del juez de instrucción
Hace muchos años, cuando comenzaba mi carrera en la Judicatura, precisamente como juez de instrucción, los hijos pequeños de un gran amigo me preguntaron si era verdad que tenía las llaves de la cárcel, como les había contado su padre; contesté que era verdad, pero que también tenía las llaves de todas las casas de los pueblos del partido judicial, porque solo el juez y por razones legales estrictas podía autorizar que se entrara en un domicilio sin permiso de su dueño; quise significar con ello que no solo correspondía al juez de instrucción la persecución del delito, sino también garantizar los derechos de los ciudadanos, porque siempre fue y es un juez de garantías.

Fue al principio de los años 90 del siglo pasado cuando se empezó a decir que los jueces de instrucción tenían demasiado poder, coincidiendo con casos de corrupción en los que habían intervenido, tal vez rozando la púrpura de algún intocable. Por aquel entonces el periódico institucional “Deliberación”, de la Asociación Profesional para la Magistratura, publicó un editorial bajo el significativo título de “En defensa del Juez de Instrucción”, poniendo de manifiesto la eficaz protección de derechos que prestaba la figura, al confiar la función procesal en la preparación del juicio penal a un órgano investido de la independencia judicial.

En los últimos años se ha recrudecido la corriente de opinión que propugna la conversión de los actuales jueces de instrucción en “jueces de garantías” (para acordar la prisión, el embargo, la entrada y registro, la intervención telefónica, etc.), confiando la instrucción propiamente dicha al Ministerio Fiscal; se llegó a redactar por juristas y magistrados relevantes un “Código Procesal Penal” en el que ya se contenía esa sustancial transformación. Y más recientemente, el nuevo fiscal general del Estado ha apoyado esa mutación, aunque, con prudencia, siempre habla de “fiscal investigador”, lo que podría ser una cosa distinta.

Lo cierto es que las aguas corren en una dirección que presagia la desaparición del juez de instrucción y, aunque sé lo incómodo que es remar contra corriente, voy a discrepar de las razones que suelen aducirse en apoyo de tan importante medida. En primer lugar, se ha venido diciendo que, conforme a la Constitución, en su artículo 117, a los jueces sólo les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y por lo tanto deben dedicarse a dictar sentencias y la instrucción debe ser para los fiscales. La STS 145/1988, de 8 de agosto, aunque fuera con ocasión de otra cuestión, puso de manifiesto que no se abrigaba duda de constitucionalidad en cuanto a que la instrucción penal fuera ejercida por jueces, y es que no podía ser de otro modo, porque el juez siempre juzga en el marco de un proceso y la instrucción forma parte del proceso penal, aunque haya que reconocer también que la instrucción por el fiscal tampoco sería inconstitucional.

También se dice que la instrucción por los jueces no es lo que sucede en Europa, y al respecto, y tal vez anticipándome a lo que ahora parece acelerarse, hace muchos meses dije, colaborando en un libro de las Fundaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y del Canal de Isabel II, titulado “En Pro de la Regeneración Política de España”, lo que a continuación transcribo, pidiendo perdón por la inevitable autocita:

“Ciertamente la instrucción penal por un juez específicamente destinado a ella va camino de convertirse en una singularidad española, ya que en muchos países ya era función de la Fiscalía o se le ha ido atribuyendo en reformas sucesivas y hasta en el caso de Francia (que es el más próximo) la evolución va en esa dirección. Precisamente esa es una de las afirmaciones que esgrimen los partidarios del cambio, es decir, que nos quedamos convertidos en una excepción; pero es que, aparte de que con ese argumento podríamos tener que acabar con la paella (permítasenos la ironía), hay que hacer otras consideraciones: en primer lugar hay que preguntarse si esa evolución hacia la instrucción por el acusador público es un avance o un retroceso, y en segundo lugar debemos advertir, que, en general, la utilización del derecho comparado para forzar reformas internas es un instrumento peligroso, porque las comparaciones han de ser con el sistema completo y pretender extraer una pieza de uno foráneo para incorporarla al nuestro, lo que suele conseguir es introducir un cuerpo extraño que además desnivela las propias instituciones.

“Pero es que, además, no le es indiferente a la persona investigada por la supuesta comisión de una infracción penal que el que dirija las pesquisas sea el miembro de una institución jerarquizada, que luego va a ejercer la acusación, aunque sea por un funcionario distinto, o que el responsable de acopiar y hacer una primera calificación de indicios y pruebas sea un juez independiente que viene obligado a poner el mismo interés en los datos que puedan beneficiar como en los que puedan perjudicar a la persona sometida a la investigación, y que no va a tener ninguna intervención en el juicio posterior, que será ante otros jueces diferentes y también plenamente independientes”.

Cuanto dicho queda, que no es más que lo que he sostenido siempre, en sintonía con la postura invariable de la Asociación Profesional de la Magistratura, no contiene ni el más mínimo recelo respecto a los fiscales españoles, que son ejemplo internacional, y ello me consta, de imparcialidad, defensa de la legalidad y buen hacer, pero tampoco puede ignorarse que, aunque a veces injustamente, los principios de jerarquía y unidad del Ministerio Público, y el nombramiento por el Gobierno del fiscal general del Estado, pueden crear una impresión de falta de autonomía e independencia, y en las cosas de la Justicia la imagen, aunque no sea la real, vale tanto, a veces, como la realidad misma.

Si se quiere abordar el asunto en su plenitud, tampoco habrá que descartar la unificación de las carreras judicial y fiscal (ya se habla de la conversión de jueces y fiscales, y viceversa), dotando al fiscal instructor de las mismas garantías que ahora tiene el juez de instrucción, incluida la más absoluta independencia, y entonces no habría problema; aunque la verdad es que tal vez eso sería pedir demasiado. Y si ahora no se puede hacer así, más vale dejar las cosas como están y pensarlo más.

28 dic. 2016

Golpe de Estado

Teniendo en cuenta que “la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado” (art. 1.2 CE78) todo intento de cercenar esa soberanía debe considerarse un intento de Golpe de Estado.
Que lo perpetren en un solitario contubernio los dos partidos aún mayoritarios revela el interés de los partidos; ocultar la corrupción es mayor que lograr el Orden Público basado en la justicia. Ambos partidos tienen el mayor número de imputaciones por corrupción de sus miembros. Si se frena la libertad de ejercer la acción popular que descubre sus delitos y se restringe esa acción a la del Ministerio Fiscal “no se verá” la corrupción aunque siga existiendo.
Al Fiscal General del Estado lo nombra el  Gobierno. Eso permite “controlar” qué es delito o no separando así aún más la justicia del Orden Público. Con ello este sistema político dictatorial, una monárquica parlamentaria, se aleja aún más, “¿legalmente?” de la democracia perdida el 1.04.1939, cuya recuperación se nos prometió en 1978 en engaño manifiesto porque no se quería recuperar ni entonces ni ahora.
Esa es la conclusión a la que se llega tras la documentada y riguroso análisis llevado a cabo por Carlos Castresana Fernández; abogado y fiscal del Tribunal Supremo en excedencia en su excelente artículo “Jueces o fiscales” ¿Quién debe instruir?”, publicado el 28,1.2016 en EL MUNDO que me tomo la libertad de glosar. El también ve esa maniobra “se diría que ha sido concebida más con el designio de limitar el descrédito que las causas judiciales de corrupción están causando a los partidos proponentes, que con el de proteger los intereses generales de los españoles.”
                Es el objetivo que corona la ley mordaza: “Demócratas neófitos, los españoles apenas intervenimos en los asuntos públicos: nos limitamos a acudir a votar cuando nos convocan, y luego solemos desentendernos y regresar a nuestros quehaceres hasta las siguientes elecciones”. Lo que habría que hacer era potenciarse una sociedad civil activa. El objetivo es otro: educar a la masa de súbditos para que ni sueñen en ser soberano, como fórmula que impida recuperar la democracia ni nada que se le parezca ni de lejos.
Es imprescindible recuperar soberanía real del ciudadano aboliendo la farsa de la CE78, para acabar con ese proyecto propio de las dictaduras: la abulia. “En España, además, la división de poderes es prácticamente inexistente. El ejecutivo y el legislativo son esencialmente un único poder, y como consecuencia, las funciones de garantía, equilibrio y rendición de cuentas entre poderes descansan exclusivamente sobre el poder judicial. Este, por su parte, no puede ejercer con solvencia esas funciones de control porque carece de los medios y la independencia necesarios.”  
Par mantener la abulia se quiere cercenar la mínima libertad que se ofrece – a cambio de ímprobos esfuerzos – a la acción directa ciudadana. Más de un Abogado del Estado la ha calificado a la acción popular de tener “sospechosas intenciones”. Tiene razón, hay una clara sospecha de que busca la justicia incluso bajo esta dictadura monárquica a la que no le gusta.
No le basta al Gobierno limitar el número de jueces a 110 frente a 210 jueces por millón de habitantes que es la media de la UE; además privatiza funciones judiciales  para beneficio privado de notarios, registradores y aun ¡al propio ejecutivo! A eso el autor lo califica de “grave merma de las garantías del justiciable sin eliminar el atasco”. Pero ese era el doble objetivo: mermar directamente esas garantías y mantener esa merma al no eliminar el atasco.
La opinión el ciudadano sobre la calidad de nuestra justicia es correcta. “nos sitúa en el puesto 25 de los 28 miembros de la UE (EUJustice Scoreboard)” siendo el 5º país en importancia que a nivel mundial y en opinión de los operadores económicos es todavía peor “puesto 97 de 144 países  (Informe Global de Competitividad 2013-14, World Economic Forum)”. Pero lo grave es que cuando opinan los jueces acerca de “si el Consejo General del Poder Judicial defiende suficientemente su independencia, el 76% optaron prudentemente por no contestar, y de los que respondieron, el 75% determinó taxativamente que no”. Que no se haya producido ninguna dimisión recuerda el refrán “llámame perro pero échame pan”.
                De la fiscalía el autor comentando el Estatuto del Ministerio Fiscal dice que “el ministerio fiscal está integrado con autonomía funcional dentro del poder judicial” añade “pero todos sabemos que esa aseveración no pasa de ser retórica” una farsa que identific e esta dictadura pues “es el Gobierno quien elige al fiscal general del Estado, y además, quien tiene legalmente reconocida la facultad de dirigirse a él en cualquier momento interesándole que promueva las actuaciones pertinentes en defensa del interés público”.
Lo intolerable de esas situación condujo a que en 2013 e Consejo de Europa recomendó a España establecer “con claridad en la ley los supuestos de hecho y los procedimientos para dotar de transparencia al ejercicio de tal potestad”. Con su habitual desfachatez el gobierno de esta dictadura se declaró dispuesto a reformar esa situación. Tres años después “el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) acaba de reprocharnos que no hemos hecho nada al respecto”. ¿Qué dirán al saber que el Proyecto de PP y PSOE es impedir al máximo la acción popular?
Nínive se hubiera salvado con un solo justo España tiene más de un juez que lo es.    ¿tendremos salvación? La ciudadanía ve cómo ” en los últimos años algunos jueces, en un alarde de independencia y esfuerzo personal, y venciendo no pocas resistencias, han sido capaces de culminar con éxito investigaciones de casos muy importantes de corrupción”. Los obstáculos del poder ejecutivo no han sido pocos y su plan no dejó de tener éxito en esas causas: “ todas han necesitado varios años de instrucción porque su complejidad lo hace inevitable, y en todas ha jugado un papel decisivo la acusación popular. ¿Qué será de esas investigaciones a partir de ahora si limitamos drásticamente su duración, expulsamos de ellas a las acusaciones populares y se las encargamos exclusivamente a los fiscales?”.
La respuesta del autor es demoledora: “La independencia judicial no tiene más límites que el sentido de la responsabilidad y el compromiso con la legalidad de cada juez. La de los fiscales no existe”. De ahí el proyecto de domesticarlos hasta la indecencia aceptando que  la instrucción este en sus manos privando al ciudadano de la exigua garantía judicial de encontrar un juez justo en este páramo de corrupción.
Las reflexiones geográfico-políticas finales son reveladoras: “los españoles no somos escandinavos; que limitarnos a votar cada cuatro años para después desentendernos de los asuntos públicos es un lujo que no está a nuestro alcance; y que si queremos disfrutar de una democracia de calidad en la que nuestros derechos estén garantizados por tribunales verdaderamente independientes y los recursos disponibles sean gestionados con equidad y transparencia, tendremos que sacudirnos el desencanto y participar más activamente en la defensa de los intereses generales.

 El primero será exigir que sea verdad el art. 1.2 CE78 y que ese poder del Estado que es la Jefatura del Estado emane del pueblo español que pueda elegirla periódicamente como ocurre en cualquier democracia. Porque no nos equivoquemos: un Estado de base dictatorial sólo puede engendrar corrupción. Nadie me señale ninguna excepción, son prueba de la universal validez de la regla que en muestro caso se cumple. Sobre todo el día en que todos los ciudadanos lleguen a tener cumplida cuenta de todas las corrupciones que, porque a ellos les interesa más que a nadie, no quieren ver los políticos que la conocen.

19 dic. 2016

Sostenella y no enmendalla

Leo en EL MUNDO, 12.16.2016 un artículo del Sr. Sagardoy abogado y profesor titular de Derecho del trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria “El desafio laboral del paro juvenil” y me asusta. De entrada hay un error de identificación del problema; el paro juvenil no es el problema. Es el paro de los que tienen 20, 30 años y no tiene trabajo y de los que tiene 40, 50 y 60 años y lo pierden. En cuando a la lista de parados está llena, ¡como nunca!, de personas con título superior, doctorado incluido. El problema no es del trabajador; es del empresario que es un mal empresario y, sobre todo, de la política laboral de este gobierno dedicada a la explotación del trabajador.
Dice el autor: hay “jóvenes de gran valía personal y profesional frustrados al no poder poner en práctica todos sus conocimientos o dedicados a tareas profesional que ni les apetecen ni son para las que se han preparado” y luego lamenta el autor “no tener una varita mágica” para resolver ese problema y declara que “lamentablemente la realidad es tozuda y la respuesta no es fácil”.
La “varita mágica” existe; no es “mágica”; es “racional”; y la respuestas es fácil: proteger el trabajo productor de riqueza ajustando la jornada laboral a la productividad tecnológica, de 1900 a 1950 se redujo al 50 % , no fomentar la especulación financiera ni, la evasión fiscal y acabar con el beneficio antisocial de las SICAV y las exenciones de IBI a la Iglesia.
Todas las instituciones deben pagar impuestos como cualquier otra persona jurídica o mejor aún como toda persona física asalariada. No hacerlo es una filosofía política que  inexorablemente lleva al paro;  juvenil y adulto. Todos los parches que se ponen agravan el problema porque son parches que hacen más vicioso el mercado laboral; lo deterioran al privar a los creadores de riqueza de sus derechos más elementales: sostenerse a sí mismo y a su familia con la riqueza que producen y que otros se quedan; lo deterioran al arruinar la demanda de bienes y servicios que eso es el mercado
Por un lado los trabajadores han sido educados en su mayoría para ser trabajadores por cuenta ajena, sin duda un defecto de orientación docente y social ; están razonablemente bien formados pero que no encuentran una oferta de trabajo. La brutal especulación que despilfarró el dinero que debería haberse dedica a incrementar la productividad tecnológica de la empresa, pese al bajo nivel tecnológico de muchas, la jornada excesiva en relación con esa productividad y legalizar los contratos por días y aún por horas elimina la oferta de trabajo prolongada que existiría si se respetara el trabajo como la clave que es pues él crea la riqueza y mantiene la demanda del mercado. Pero este gobierno está al servicio del capital y de sus empresarios explotadores que ven al trabajador como una fuente de explotación para beneficio del capital; unos empresarios cuya ética ha sido puesta en evidencia tras la reelección de sus presidentes de sus sindicatos de empresarios que hoy están sentados unos en el banquillo o otros en las celdas de las cárceles donde están.
De este gobierno que está al servicio de esos empresarios explotadores mientras machaca a los verdaderos empresarios dice el autor que “ha realizado actuaciones de gran trascendencia como nunca se había hecho”. ¡Cierto! Jamás se produjera un retroceso tan trascendente de los derechos sociales que conducen al paro al eliminar a esos trabajadores de la demanda y reducir la capacidad de demanda de los que aun tienen trabajo. “Las bonificaciones en materia de contratación laboral, planes de empresas de incorporación a jóvenes” que se cita deterioraron los derechos laborales y descapitalizaron la Seguridad Social al aumentar los beneficios de las empresas reduciendo sus aportaciones sin substituirlas con otros ingresos. Una actitud terrorismo que atemoriza a los trabajadores ya jubilados a los que amenaza con la reducción de su Seguro de Vida porque su dinero se lo han quedado los empresarios que no pagaron su parte, y también a los que con su exigua vida laboral no llegarán a generar recursos que cuando se los devuelvan en forma de Seguro serán pírricos.
Calificar de “nuevo e innovador diseño de la formación profesional dual” es ignorar que ese método de formación intra-empresarial se abandonó hace un siglo por la mayor formación teórica con cargo a recursos públicos. Fue un beneficio para la empresa que ahorró este coste de formación y  le permitió disponer de una oferta amplia y cualificada de trabajadores y parte del derecho de los ciudadanos a una formación con cargo a la riqueza común.
Las becas de la sociedad civil hoy son ridículas en su cuantía y cantidad frente a la demanda, las públicas se reducen a medida que aumentan las tasas (¿) y las “becas” de muchas empresas son otro fraude para tener un trabajador. No sólo no le forman sino que así evitan el pago que corresponde a la Seguridad Socialdentro del plan premeditado del Gobierno de privatización de la Seguridad Social previa su descapitalización y del paralelo apoyo a planes privados de pensiones que generan beneficios a los especuladores que los montan porque los que los subscriben sufren la pérdida del poder adquisitivo. Y de premio arruinan el Seguro de Vida que cobrará el trabajador que "legalmente no trabajó". Esos son los frutos que da ese nuevo diseño profesional; el del Gobierno: el aumento de la explotación laboral hasta la privación total de derechos del que crea la riqueza, vuelto ya un siervo
La solución del autor es cómica: el proyecto del Reino Unido “de empleo juvenil cuenta con recursos privados de empresas de headhunters, de cómo hacer un buen CV, una buena entrevista de trabajo y empresas que ofrecen vacantes para jóvenes”. Eso no aumenta el empleo, eso canaliza el empleo a quienes de ese modo superan la selección previo beneficio de las empresas privadas de “head hunters”. Y para peones y trabajadores del campo ¿hay empresas privadas de “hand hunters”. La conclusion del trabajo son unos consejos de Pero Grullo para el programa de empleo juvenil:
1º Facilitar la ocupación: “La clave es, más que tener un empleo para toda la vida, tener toda la vida empleo”. El neolenguaje de "1984". En una sociedad con 20 % de parados la aritmética conduce a una media de un 80 % de vida con empleo ¡y precario! Es la sociedad laboral lo que hay que cambiar.
2º Facilitar la orientación: "Se debe atender la creación de nuevos perfiles profesionales". Pero es la base de una buena formación genérica y abierta la que da flexibilidad a los conocimientos del trabajador que así es más fácil de acomodarse a los cambios que cada empresa necesite.
3º Facilitar la formación: A lo que hoy se llaman habilidades se le llamaba antes sociabilidad. Y lo que hoy se llaman asignaturas transversales antes se le llamaba buena formación general: ¡nihil novum sub sole! Cambiar el nombre no aporta nada nuevo a la realidad.
4º Facilitar la ambición: Es cómica la propuesta: “Sacar a la luz para el gran público la tarea que están haciendo verbigracia, nuestros científicos y médicos, no me cabe duda que haría crecer exponencialmente las vocaciones científicas e investigadoras (tan necesarias hoy en día) y el apoyo privado a esas iniciativas”. La política del gobierno es la opuesta y la privada casi no existe: se reduce la inversión en I+D, en sanidad, en educación; cada año se retrocede un lustro; los más “ambiciosos” huyen a otros países con otras políticas laborales y bajo paro.
                Dice el autor que la tarea “es ardua pero no imposible”. ¡No! Esa es una tarea equivocada. El problema es el de un mercado que invita al capital a obtener sus beneficios no con empresas punteras en I+D sino a costa de los derechos al trabajador. Al hacerlo así elimina al consumidor al que ha empobrecido, apenas un mero subsistente cuando no un mendigo cuya proliferación, ¡ese “empleo” no tienen paro!, nos ha hecho recuperar los pedigüeños de los años 40.
                Sólo hay una solución: proteger los derechos laborales del trabajador; sus mayores salarios lo convierten en un gran consumidor; sus mayores salarios obligan a las empresas a invertir en I+D para así equilibrar el mayor coste del trabajo y aumentar el nivel de vida. Y eso se consigue – la tecnología lo permite y la sociedad lo exige – reduciendo la jornada laboral para recuperar el nivel adquisitivo de los salarios que de ahí es de donde nace la demanda.
Se trata de un proyecto inteligente y social que sólo puede nacer de una política que surgirá cuando España vuelva a ser “una república de trabajadores de todas las clases”. Pero no se hará. Seguiremos con la dictadura de explotación de los trabajadores, entonces militar hoy monárquica

17 dic. 2016

El tiranicidio y el premio Nobel de la Paz

En las dictaduras hacer algún comentario que no sea laudatorio respecto al Jefe del Estado es un delito tipificado en su Código Penal. En otros países llegó a ser delito el hacer “acrósticos” donde se leyera algo, normalmente, una verdad, sobre del dictador de turno. Si las dictaduras además de monárquicas eran teocráticas, Vaticano y diversas monarquías civiles, además de delito estaba tipificado como pecado. Curiosamente el dictador del Vaticano se arrogaba el derecho dictatorial de derrocar a los dictadores monárquicos que quisiera.
Una dictadura, se disfrace como se disfrace, sólo es un atropello a la libertad individual – la esencia del ser humano – al que priva del derecho fundamental a elegir al Jefe del Estado mediante elecciones libres y periódicas. Un derecho fundamental que con todo descaro muchas de esas dictaduras monárquicas incluyen en la Constitución para violarla luego  con la connivencia de los políticos en un pacto mudo de connivencia delictiva en contra de la libertad.
En la edad moderna la evidencia del atropello de las dictaduras monárquicas llegó a tal límite que varios jesuitas apadrinaron con gran éxito el regicidio. El P. Mariana, jesuita, teólogo e historiador publico finales del S XVI un famoso libro “De rege et regis institutione donde justifica el tiranicidio. Su gran difusión en toda Europa condujo a su quema pocos años después en París porque su Parlamento, el mismo que ordenaría cortarle la cabeza a Luis XVI, consideró que era subversivo. Quizá estaba muy reciente el regicidio de Enrique IV por Ravaillac pese a que éste negó conocer ese texto y el de Enrique III por fray Clemente.
Clemente fue más próximo a las declaraciones de Bellarmino, otro jesuita, inquisidor que llegó a ser arzobispo y cardenal. Dice en su libro “Teoría del regicidio según los jesuitas, los católicos y los protestantes, eclesiásticos y seglares”: “Permitido es a un particular matar a un tirano, a título de derecho de propia defensa: porque aunque la república no lo manda así, se sobreentiende que quiera ser siempre defendida por cada uno de sus ciudadanos en particular, y hasta por los extranjeros; por consiguiente, si no puede defenderse más que con la muerte del tirano, a cualquiera le está permitido matarle”.
Jorge Buchanan, preceptor de Jacobo I dijo: “Tenemos por cosa cierta, que a todo extranjero le es permitido matar un tirano, declarado tal por la voz pública, y hecho famoso por sus rapiñas, asesinatos y crueldad” y razona “que todos los particulares concedan recompensas a los asesinos del tirano, como se conceden a los que matan lobos”.
En Francia Juan Mayor, doctor de la Sorbona dijo: “El rey recibe su poder del pueblo, y cuando haya causa razonable, el pueblo tiene derecho a quitarle la corona” y Juan Bodin, uno de los padres del derecho político, dijo en su libro “Republica”: “Tenemos por cosa cierta, que a todo extranjero le es permitido matar un tirano, declarado tal por la voz pública, y hecho famoso por sus rapiñas, asesinatos y crueldad”.
Iniciado el S. XVII Acquaviva, General de los jesuitas, prohibió  “admitir o sostener en público, en las cátedras o por escrito, o en privado, como consejo u opinión, la doctrina según la cual se considera lícito, so pretexto de tiranía, atentar contra la vida de un príncipe o de un rey” con lo que así siempre había un jesuita a favor de cada  tesis. 
                En el S. XVIII los USA hay dos referencias clásicas; una, atribuida a Jefferson “El árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos” y la otra que fue la propuesta de Franklin para poner en el limbo del Gran Sello de los USA, con fundamentación religiosa: ·La rebelión contra los Tiranos es la obediencia a Dios.
La doctrina es secular. En el S. VI  antes de nuestra era se consideró mártires de la libertad a Aristogitón y Harmodio, que derrocaron a Hipias tirano de Atenas. Más sabido es que Bruto mato a César para salvar a la República de su tiranía pero no logró salvarla. Cicerón decía: “los tiranos pertenecen mucho más a la raza de los lobos y de las bestias dañias que los hombres. El que los mata es un bienhechor político”.
 En el medievo Sto. Tomás dice en su ”Gobierno de los Príncipes”: “Si no puede recurrirse a autoridad que haga justicia del usurpador, el que lo mata salva la patria y merece recompensa” aunque en paralelo propone: 1º.  Que en la monarquía el pueblo conserve el derecho de deposición ¿no es esa la esencia de la Republica? 2º. Que el  Papa pueda deponerlo  y 3º.La oración a Dios según el proverbio:  “El corazón del rey está en manos del Señor, quien lo inclinará a donde quisiere”.
En España el gerundense Francesc Eiximenis autor de “Regiment de la cosa pública” afirma que “Ab sa propia senyoría el pueblo tiene derecho a condicionar como el gobernante manda” y aunque es partidario de la monarquía hereditaria defiende el tiranicidio.
                Eran épocas donde el valor de la vida humana era mínimo.

Por eso hay que considerar que el que los actuales tiranicidas se conformen con hablar mal – es decir, diciendo cosas ciertas – de los reyes y otros dictadores o de quemar sus efigies, pintarrajear sus esculturas, retirar sus bustos por no considerar ejemplar su vida o quemar sus fotografías o la bandera del Estado del que son dictadores todas esas actitudes debería considerarse un mérito para recibir el Premio Nobel de la Paz. España se lo merece por lo que hizo con Isabel II y Alfonso XIII. ¿Tendremos que seguir haciendo méritos para recibirlo?

13 dic. 2016

¿Somos seres humanos libres o animales heredables?

Antes los pueblos vivían libres de la tiranía que surgió cuando la tierra dejo de estar a disposición de todos por no ser propiedad de ninguno y pasó a ser propiedad de unos con exclusión de todos los demás. Allí se acabó la libertad democrática por la que se regían todos los pueblos. Hasta entonces, con más o menos variantes cada comunidad sólo necesitaba un Senado, mayoritaria si no exclusivamente formado por personas de edad que tenían más experiencia. En momentos de conflicto se elegía un Jefe, muchas veces joven, para dirigir a los guerreros para defenderse de las agresiones ajenas. Si había desacuerdos la secesión de la minoría permitía formar otra comunidad que repetía el esquema de gestión. Eran hombres libres. Llevaban todas sus propiedades puestas: ellos mismos. Su libertad aún no estaba secuestrada por las “cadenas de la propiedad de la tierra”, origen de nuestro progreso y causa de todos nuestros males por su reparto acumulado inicuamente en unos pocos.
Hace siglos también había esa democracia en Europa. El Jefe militar, a veces se le llamaba rey o emperador, era un empleo electivo, no hereditario. Defendía (¿) los intereses de sus súbditos y les cobraba por ello. Ese contrato social estaba muy claro en el reino de Aragón: “Nos, que valemos tanto como vos, os hacemos nuestro Rey y Señor con tal que nos guardéis nuestros fueros y libertades y sino, No”. Las guerras de expansión de los reyes se cuentan como “hazañas patrióticas” pero sólo eran un robo violento como el de cualquier otra banda de ladrones. Se aceptaba, para beneficio de unos pocos, que si la violación, robo y asesinato, sin excluir el genocidio, lo ordenaba un rey era un “derecho legitimo”. Se le llamaba “guerra justa” y aun ocurre en la actualidad. Lo hicieron Aznar y su trío de compinches .
El rey en aquellas épocas se arriesgaba como todos a que lo mataran los que se resistían al atropello. Esa regla, tenía cierta “legitimidad” por ser igualmente injustas al declararse el “derecho legítimo” de los agredidos a ser agresores cuando quisieran si los vientos les soplaran favorables.
En muchos países hubo reyes llamados “perezosos”; en realidad eran “espabilados”. Desde sus palacios organizaban el expolio de “sus súbditos” y “legitimaban” a sus nobles, caballeros y soldados los asesinatos, violaciones y robos sin límites con que hacer crecer “su finca”, que eso era “su reino”. A cambio les permitía explotar el terreno “legítimamente” robado a sus víctimas. Pronto luego se volvió al sistema tradicional: el Jefe de los facinerosos se ganó su derecho yendo al frente de sus ladrones arriesgando también su vida. ¡Mi reino por un caballo!, gritó Ricardo II en Bosworth. 
¿Qué último rey español se ganó “su derecho” a serlo? Fue Carlos I de España y V de Alemania. Felipe II fue el primer “rey perezoso" que "usurpó" unos "derechos" que no ganó; sólo los heredó y los aumentó a costa de sus nobles, caballeros y soldados a los que concedió “su legítimo” derecho a asesinar,  violar y robar en su nombre tierras que añadir a “su finca” a cambio de mercedes: señoríos, condados, marquesados y ducados, es decir el “derecho” a vivir de los impuestos sobre la riqueza creada por los trabajadores con el adicional “derecho” de horca y cuchillo.
Llevamos más de medio evo, más de 500 años, bajo la casi ininterrumpida dictadura de “reyes perezosos y usurpadores” de un poder que no se han ganado. Abusan todo lo que pueden, perjuran todo lo que haga falta, el más felón fue Fernando VII, que no el único. Su único “mérito” para parasitar la riqueza creada por los trabajadores era haber nacido de la fecunda coyunda de sus padres, también reyes “perezosos y usurpadores” , cuyo "mérito" era el mismo: haber nacido de la coyunda de sus padres, reyes “perezosos y usurpadores”, y así hasta Carlos I de España y V de Alemania, salvo en dos casos:
El primero se debió a la infecundidad de las coyundas del rey “perezoso/usurpador” Carlos II, que hizo de su sobrino nieto, el Duque de Anjou, el primer dictador borbónico  
El segundo caso es el actual. El  “merito” del actual rey “perezoso/usurpado” nace con el mérito de la fecunda coyunda su padre. Ése “rey perezoso y usurpador” no nació del mismo “merito”. Su “mérito” fue la usurpación heredada del mayor dictador y genocida que sufrió esta tierra: el General Franco que acabó “manu militari” con la democracia de la II República donde el ciudadano sí era el soberano. Él nos convirtió a todos en sus súbditos. Luego, perjurio mediante, nos “endosó” como súbditos al perjuro con igual legitimidad con la que los granjeros dejan en herencia “su tierra” y “sus animales de labor”. Eso somos los seres humanos para estos “reyes perezosos y usurpadores”.
¿No se ilegalizara la esclavitud en 1870 en España? Parece que no del todo. Los dictadores militares nos siguen dejando en herencia a su colegas, los dictadores monárquicos y estos entre ellos.