Test Footer

9 dic. 2016

Un atentado al Soberano

              Leo la siguiente noticia: “Catalá propone en el Congreso revisar la elección del CGPJ, las puertas giratorias y limitad la acusación popular”. Dada la ideología del Sr. Ministro, Lic. Catalá, cuyas declaraciones de intenciones se han anticipado los hechos, supongo que su propuesta será que la elección del CGPJ descanse íntegramente en manos del partido que Gobierno, que las puertas giratorias se engrasen para que no rechine tanto su uso por los políticos cuando elijan dedicarse plenamente a su verdadera vocación, ganar dinero sin límites y que la acusación popular sólo se permita en delitos cuya pena sea inferior a 6 meses.
La noticia añade que el objetivo es prohibir a los parlamentos autonómicos proponer  magistrados para los Tribunales Superiores de Justicia. “Si existen caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos”. No es un mal objetivo pero la solución no es el gremialismo del poder judicial; la solución es acercar a justicia al ciudadano aplicando hasta sus últimas consecuencias el art. 1.2 CE78: “la soberanía nacional reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado”. Si el poder judicial es un poder del Estado ni los Parlamentos autonómicos deben proponer los magistrados de los Tribunales Superiores, ni el Congreso de los Diputados a los magistrados para los Tribunales Supremo y Constitucional para evitar futuras “deudas” política a la hora de enjuiciar políticos corruptos.
La garantía de una elección competente se puede lograr partiendo de unos requisitos mínimos para poder presentarse para ser luego elegidos por el ciudadano. Además conocer el CV de esos candidatos le permitiría ver al ciudadano la competencia profesional  de la justicia.
                Ésa es la mejor solución que debe explorar el Sr. Ministro, Lic., Catalá: que el pueblo  ejerza la soberanía que le reconoce la CE78 y elija a los magistrados  que son un poder del Estado. Los electores deben coincidir con la competencia de los Magistrados: los ciudadanos de cada autonomía si es autonómica; los de todo el país si su competencia es nacional.
                Lo que es poco claro, mejor dicho, lo que carece de fundamento, que claro si que está, es la pretensión del Sr, Ministro, Lic. Catalá: limitar el ejercicio de la acusación popular. El Sr. Ministro es parte del Ejecutivo, elegido indirectamente por los ciudadanos a través del Congreso que eligió al Presidente del gobierno. El Congreso elegido por los ciudadanos no puede limitar la competencia de los ciudadanos que reconoce la CE78. La “disculpa” del Sr. Ministra, Lic. Catalá: que “teme” que la acusación popular se emplee como “instrumento” para objetivos espurios es un engaño. Lo que teme es que se emplee contra políticos corruptos. Teme al ciudadano “decente”, que el indecente se encuentra estadísticamente en igual proporción entre abogados fiscales, jueces y magistrados  aunque, según dice la experiencia, más corrompe el poder continuado que el ejercido una vez en la vida.
En el ciudadano reside la única soberanía legítima. De ella nacen las tres formas de acusación de los tres perjudicados: 1º.  acusación de parte, el directo; 2º.- acusación popular, el indirecto;  3º.- acusación del ministerio fiscal, el indirecto institucional. Privar al ciudadano de su competencia como soberano es querer reducir al ciudadano a siervo. `Dice el art. 117.1 CE788: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey…”: mal dicho, debe decir:La justicia emana del pueblo y se administra en su nombre“. El “pueblo es el único soberano legítimo”. De el que emanan “casi” todos los poderes del Estado excepto el  del Rey, como falsamente afirman los políticos corruptos; al Rey lo eligió el dictador General Franco.
Dice el art. 125 CE78: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y la única limitación puede ser la complejidad técnica del delito económico.

Las instituciones políticas han politizado la judicatura. Ésta debe protegerse de sus manos. Quizá así las sentencias del TS y del TC no las tendría que revocar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En él reside  “la tutela judicial efectiva” que promete la CE78 cuando no se encuentra en Espala. Como recordaba el molinero que denunció al Rey de Prusia:- “¡todavía quedan magistrados en Berlín!”. Es la poca “acusación popular” y no su exceso la causa de una sociedad civil tan poco activa. El proyecto del Sr. Ministro, Lic. Catalá, es del más puro estilo de Romanones: “dicten Vd. la CE y déjenme dictar a mi Leyes y Reglamentos”. Se debe rechazar.

6 dic. 2016

Los frutos del árbol envenenado

Hay dictadura si al Jefe del Estado no lo eligen los ciudadanos y él se impone a ellos
Toda dictadura usa la muleta de un Parlamento (URSS, China, Corea del Norte, España, Cuba, etc.) – Fernando VII y Hitler cortaron por lo sano, Luis XVI no las convocaba  - con un simulacro de participación electiva. El origen de la dictadura monárquica actual es un golpe de estado militar ilegítimo contra una República legítimamente constituida. Tiene en “su favor” la tradición de imponer la dictadura borbónica mediante un golpe militar creada en los S. XIX y XX. Pero estas tradiciones cuanto más antiguas sean más rápido exigen ser erradicadas.
I.- Fernando VII, ¡que error, que gran error! recibió el reino a condición de jurar la CE1812; instauró la dictadura borbónica tras el golpe militar del General Elio, bendecido por el Obispo de Valencia, como es habitual tras un golpe de Estado.
como lo que son los borbones, una dictadura "más o menos" parlamentaria pero nunca democrática porque prohíbe a los ciudadanos elegir a su Jefe del Estado
II.- Dejar en herencia “su” dictadura monárquica a su hija Isabel II que es puesta en la calle por el pueblo soberano y tras la corta experiencia de Amadeo I buscó la República democrática
III.- Alfonso XII alcanzó la Jefatura del Estado previo golpe de Estado del General Martínez Campos imponiendo de nuevo otra dictadura "más o menos" parlamentaria pero nunca democrática porque prohíbe a los ciudadanos elegir a su Jefe del Estado
iV.- Dejar en herencia “su” dictadura monárquica a su hijo Alfonso XIII que es puesto en la calle por el pueblo soberano y pacíficamente decidió organizarse bajo una República democrática
V.- Juan Carlos I alcanzó la Jefatura del Estado previo golpe de Estado del General Francisco Franco imponiendo de nuevo otra dictadura "más o menos" parlamentaria pero nunca democrática porque prohíbe a los ciudadanos elegir a su Jefe del Estado
VI.- Deja en herencia “su” dictadura monárquica a su hijo Felipe VI. No se sabe si el pueblo soberano echara de nuevo al heredero y recuperará la democracia que sólo ofrece la Republica
El último golpe de Estado, dejando aparte el genocidio paralelo y posterior a la guerra, fue la segunda vez en que un Jefe del Estado concertó la intervención en España de ejércitos extranjeros, de la Alemania nazi y de la Italia fascista, para luchar contra el pueblo demócrata. El primero fue Fernando VII, con sus cien mil hijos de San Luis, el rey felón" que felicitaba a Napoleón cada vez que sus mariscales lograban una victoria en España.
La derrota del fascismo en Italia y Alemania puso en peligro el régimen fascista ilegítimo del General Franco. El 10.03.1945 Roosevelt dijo a su embajador en Madrid: “no hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios fascistas” y abandonó Madrid curiosamente el 20-N. En la conferencia de San Francisco que creo la ONU España estuvo representada por el gobierno republicano en el exilio, aunque como observadores. La ONU el 12.12.1946 recomendó la retirada de embajadores (quedaron los de las dictaduras católicas del Vaticano, Portugal y Argentina de Perón, la reciente católica Irlanda y Suiza).
Franco organiza el referéndum de 06.07.1947 y declara a España “un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”. D. Juan, presunto heredero del último dictador monárquico, lo rechaza. Así Franco disfraza la dictadura militar en futura dictadura monárquica fascista sui generis:
1.- el reino lo decidió él  con el simulacro del referéndum
2.- el rey lo designaba él, ¡cuando le viniera en gana!
3.- se constriñó en su decisión a que el rey procediera  de una familia real. Podía nombrar a un descendiente de cualquier hijo de puta, estricto sensu, descendiente de los muchos bastardos de los reyes que en España hubo, o lato sensu, de los legales hijos de los dictadores regios.
4.- es evidente que a la (i)legitimidad de estos antecedentes monárquicos se añadía la (i)legitimidad del dictador que lo nombraba que fue la que recibió Juan Carlos i de Franco.
El juramento de Juan Carlos de adhesión y defensa del régimen fascista, 22.07.1969, lo reitera  el 22.11.1975 para ser Jefe del Estado a título de rey de la dictadura fascista heredada, que deja en herencia a su hijo que lo sigue siendo de ella. Ni él ni su hijo fueron jamás elegidos por los ciudadanos. A nadie le llama la atención porque a los dictadores no los elige el pueblo.
Una elección exige que el resultado de votar SI sea distinto del resultado de votar NO. Eso no ocurrió con el nombramiento hecho por el golpista a Juan Carlos I al votar la CE78:
1.- Si se rechazaba la CE78 el Jefe del Estado seguiría siendo Juan Carlos I con el título de rey que le dio Franco con derechos hereditarios discriminatorios hasta el fin del mundo;
2.-  si se aprobaba la CE78 el Jefe del Estado seguiría siendo Juan Carlos I con el título de rey que le dio Franco con derechos hereditarios discriminatorios hasta el fin del mundo;
¿Qué fue lo único que se permitió elegir en aquella votación?: rechazar o revalidar las leyes de Franco en lo que se diferenciaran de las leyes que podrían surgir de la CE78. Todo el Título II de la CE78 estaba ya contenido en el nombramiento de Franco. Se votara a favor o en contra seguiría estando en vigor; por tanto NUNCA se eligió.
La ilegitimidad del régimen de la vigente dictadura monárquica nace de la  doctrina de "los frutos del árbol envenenado". Según esa doctrina las pruebas de un delito logradas de modo ilícito no cabe alegarlas en el proceso judicial posterior en contra ni a favor de cualquier persona  porque cualquier prueba que directa o indirectamente tiene un nexo viciado y por ello es prueba nula. Mutatis mutandis el nombramiento del Jefe del Estado es nulo.
El presunto delito de usurpación antidemocrática de la Jefatura del Estado es el fruto envenenado del origen ilegítimo: de la dictadura de Franco, del nombramiento de Franco y de la ausencia de toda elección por los ciudadanos que nunca ocurre bajo ninguna dictadura. A ello se añade el fraude de ley con que se quiso crear una legitimación que nunca existió. Como tantos fraudes ha acabado por ser descubierto en la reciente declaración de Adolfo Suárez. La nulidad del fraude cometido es evidente tal y como establece el art. 7 CC:
1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
1.- consta la mala fe con la que actuó el Presidente del Gobierno
2.- consta el abuso del derecho al pretender engañar a los ciudadanos
3.- consta el ejercicio antisocial de ese “derecho” que priva de la igualdad ante la ley a todos
4.- consta la intención de su autor – recientemente conocida -  su objeto – burlar la opción de elegir de los ciudadanos - las circunstancias en que lo realizó – bajo el ruido de sables – y que sobrepasan manifiestamente los límites normales del ejercicio de un “derecho” – el art. 7.1 exige la buena fe que aquí nunca existió ni por parte de los autores ni de los beneficiarios.
5.- consta la obligación de indemnizar de los herederos de Franco en la Jefatura del Estado por parte de los beneficiados con este fraude y de los autores del mismo,
6.- consta la exigencia de la toma de medidas judiciales, penales incluidas, y administrativas,
7.- consta que hay que impedir la persistencia del abuso
¿Qué hacen quienes tendrían que hacer lo que exige el art. 7 CC? Todo lo contrario:
1.- se callan ¿cómplicemente y con mala fe?
2.-no denuncian el delito (art. 259 LECr)
                a.- el abuso del derecho ¿cómplicemente y con mala fe?
                b.- el ejercicio antisocial de ese “derecho” ¿cómplicemente y con mala fe?
                c.- el sobrepaso manifiesto de los límites normales del ejercicio de un “derecho”
¿cómplicemente y con mala fe?
d.- la exigencia de la obligación de indemnizar ¿cómplicemente y con mala fe?
                e.- la no  toma de medidas judiciales, también penales ¿cómplicemente y con mala fe?
                f.- la no toma de medidas administrativas ¿cómplicemente y con mala fe?

                g.- la no petición de que se acabe con el abuso ¿cómplicemente y con mala fe?

5 dic. 2016

La “Seguridad Económica” descansa en la “Seguridad Social”: V. No es el cuento de la lechera.

                Supongamos una media de un 30 % de coste salarial sobre el precio de venta. Probablemente trabajos como las pizas a domicilio tienen un porcentaje más elevado pero los brokers financieros dudo que pasen del 1 – 3 % así que 30 % es una cifra que puede estimarse como correcta.
                La disminución de la jornada laboral del 40 % produce un encarecimiento del 40 %*30 % = 12 %.
                Si nos fijamos en los descuentos que se ofrecen debido a la bajada de la demanda vemos que todos están entre un 10 – 20 % y aun más para conseguir mantener las ventas. Gracias a ellos el beneficio que se consigue de ese modo, aunque menor, permite mantener la empresa con beneficios.
                Un amigo, responsable  de distribución logística de material trabaja para un empresario chino. Al ser contratado dijo: “nuestras formas de entender la vida son distintas, pero el negocio es el negocio. Márcame los objetivos que tengo que cumplir y déjame las manos libres en la gestión del trabajo con los trabajadores. Ellos son españoles y yo les entiendo mejor que tu”. El empresario aceptó.
Mi amigo reunió a los trabajadores y les dijo: “Este es nuestro objetivo: cuando esté cumplido el trabajo podéis iros a casa. Porque terminéis antes yo no aumentaré la carga de trabajo”. Nadie le creyó;  pero un experimento es un experimento. Un día terminaron media hora antes. “Hemos terminado”, le dijeron. Mi amigo comprobó que era así y dijo “podéis iros”. Se fueron sin creérselo. Se repitió la situación y vieron que su carga de trabajo no aumentó. Aumentaron su productividad y hoy hacen en 7 h o meno lo que antes hacían en 8. Se van una hora antes y la carga de trabajo no aumenta.
Un día el empresario chino se acercó por el almacén y se sorprendió: “no hay nadie trabajado” dijo a mi amigo. “Todo el trabajo estaba hecho y yo no quiero aquí a gandules”. El chino se calló; luego dijo: “Podrían  hacer más trabajo”. Mi amigo aclaró: “he cambiado su contrato de 8 horas por otro de cumplimiento de objetivos, los que tú me has señalado. Si lo hacen y bien ¿debo castigarles haciéndoles trabajar más por el mismo salario?  Además así no tengo que controlar si trabajan o no; sólo que trabajen con plena seguridad para que no haya accidentes, y si hay un aumento puntual de trabajo nadie se queja. No les pago horas extraordinarias porque es en su jornada laboral, pero les gratifico por aumento de productividad”. El empresario chino se quedó pensativo. Esa no era su forma de entender el trabajo pero al final dijo: “Me parece bien”. Hoy suelen trabajar una hora menos; un incremento de productividad del 12,5 %. Supuesto un 30 % de carga salarial sobre el coste total es un 12,5 %`*30 % = 3,6 % que descontar del 12 % da 8,4 %; quizá ese incremento de productividad sería mayor si trabajaran menos de 7 h/día.
Bourlès, R. y Cette, G. (2006). A comparison of structural productivity levels in the major industrialised countries. OECD Economic Studies 2005 (2), pp. 96-138 y (2007). Trends in “structural” productivity levels in the major industrialized countries. Economics Letters, 95, pp. 151-156, han verificado que si se reduce el 1 % de la jornada laboral hay un incremento de productividad del 0,42 %.
Si el incremento fuera lineal una reducción del 40 % significaría 40 %* 0,42 % = 16,8 %, pero no es lineal: no obstante cabría estimarlo en la mitad, 8,6 %. Eso significa que el perjuicio para el empresario sería del 12 – 8,6 = 3,4 % ¡a cambio de tener un 40 % más de ventas. ¿Quién puede resistirse a eso? ¡Sólo los que no saben hacer números o los que tienen el ADN deteriorado!
                Un 20 % de rendimiento con las ventas actuales daría más de 20%* 140% = 28 %. Ese beneficio adicional es mayor porque el coste marginal es menor que el coste medio. En cualquier caso superior al 3.4 % de pérdidas.
                Yo me pregunto, ¿Es que no hay suficientes economistas capaces de comprender estos cálculos ni en el Ministerio de la Sra. Báñez ni en los del Sr. Montoro, del Sr. Guindos y del Sr. Nadal?
                Claro que la pregunta también se puede hacer maliciosamente: ¿es que en el Ministerio de la Sra. Báñez, en el del Sr. Montoro, en el del Sr. Guindos y en del Sr. Nadal solo hay economistas?
Por supuesto que no todos los trabajos son como los de logística de la distribución de paquetes. Estoy seguro que los habrá donde este efecto es mayor y otros donde ese efecto sea menor. Eso quiere decir que en algunos casos habrá un aumento del precio final pero en otros habrá una disminución. Pero eso, en términos macroeconómicos no tiene importancia, sino el valor medio.
Además siempre existe el recurso de un incremento en la tecnificación de la empresa mejorando unos automatismos o unos rendimientos de los nuevos equipos que aumenten la productividad.

La disyuntiva es: ir hacia delante o como decía el del chiste “no corráis, que es peor”

3 dic. 2016

La “Seguridad Económica” descansa en la “Seguridad Social”: IV. Una de médicos

Esta serie de trabajos pretende convencer a los defensores del capitalismo explotador de los trabajadores que gobiernan este país de la imprescindible necesidad de bajar la jornada laboral. Algunos de estos capitalistas explotadores de los trabajadores están de acuerdo con la propuesta que creen dada su mentalidad explotadora que consiste en que donde trabaja una persona trabajen dos para acabar con el paro pero repartiendo ese salario entre las dos “solidaridad laboral”, dicen. Y ríen picarones.
 Dicen los castizos: “no se juega con las cosas de comer” que en este caso se traduce en “el salario no se baja”; bastante se baja mediante una inflación que reduce año a año su poder adquisitivo como para que se le ocurra a ningún político al servicio del capitalista explotador de trabajadores proponer la disminución del salario en proporción a la disminución de la jornada laboral.
Los listillos que defienden los intereses de los explotadores de los trabajadores dicen: “eso no es posible, ya lo intentó Jospín en Francia hace varios años y fracaso su experimento”. Y es cierto, pero la razón del fracaso no fue la reducción de la jornada laboral a “35 h/semana” fue reducirla a “sólo 35 h/semana”. Para entender el error cometido valgámonos de un ejemplo analógico:
1.- Una persona tiene una fiebre súbita y elevada. Se llama al Médico de la Seguridad Social.
2.- Lo ausculta y le dice: tiene Vd. “una fiebre elevada, que por lo que me dice ha sido súbita”
3.- El paciente le mira perplejo y piensa: hasta ahora no me ha dicho nada que yo no supiera ya.
4.- El médico, sin darse cuenta, continua: “en consecuencia le voy a aplicar el protocolo”
5.- El paciente vuelve a preocuparse y piensa “¿estará en el protocolo mi caso particular?”
6.- El médico ajeno a todo continúa. “Le voy a recetar este antibiótico” y firma una receta.
7.- El médico le entrega la receta y explica: “Se trata de un antibiótico de muy amplio espectro”
8.- El médico sigue explicando: “Póngase una inyección hoy mismo y luego cada dos semanas”
9.- El enfermo no sabe que contestar, pero no se atreve a discutir el profesional médico
10.- Se pone la primera inyección aquella misma tarde; a los trece días fallece.
La explicación es sencilla, el antibiótico era la mediación adecuada y también era correcto que fuera de amplio espectro porque no sabía la causa de la infección; el fallo estuvo en la dosis insuficiente. Ésta es la explicación del fallo de Jospin al reducir la jornada laboral sólo a 35 h/semana; veamos:
 1.- Es público y notorio que el rendimiento de un trabajador en cualquier empresa no es  100 %
2.- Cuando viene una carga de trabajo basta meter algo de prisa sin pagar horas extraordinarias
3.- Al publicarse la reducción de la jornada laboral a 35 h/semana hubo una reunión de empresa
4.- La empresa no soporta este aumento del 12 % del coste salarial o se trabaja más o cierro.
5.- Eran 12 trabajadores; decidieron aumentar cada uno un 1 % su rendimiento: el paro es duro.
6.- En otra empresa eran 8 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 1,5 %.
7.- En otra empresa eran 6 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 2 %.
8.- En otra empresa eran 4 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 3 %
9.- En otra empresa eran 3 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 4 %
10.- En otra empresa eran 2 trabajadores. Cada uno decidió aumentar su rendimiento un 6 %.
11.- La otra empresa era un trabajador autónomo. Siguió explotándose a sí mismo. Lo que se explotaba como trabajador lo ganaba como empresario explotador y todo quedaba en casa.
Tras analizar el aumento de productividad conseguido por vía de la ciencia y la tecnología propuse la reducción de la jornada laboral a 36 h/semana en 1975; un 10 %. Nadie me escuchó.
En 1990 propuse reducir la jornada laboral a 32 h/semana; un 20 %. Nadie me escuchó.
En 2005 propuse reducir la jornada laboral a 28 h/semana; un 30 %. Nadie me escuchó.
En 2020 propondré reducir la jornada laboral a 24 h/sema; un 40 %. Nadie me escuchará.
Pero ésa es la reducción de la jornada laboral que se necesita para acomodarla al incremento de la productividad obtenido por vía de la ciencia y tras su implantación en el mercado de la mano de la tecnología. Con esta reducción desaparecería el paro yhabría necesidad de un 20 % de trabajadores con lo que todos los que no figuran en el paro porque están trabajando en negro también encontrarían trabajo. Para equilibrar el aumento del coste salarial la renovación tecnológica frenaría esa demanda.
Al pagar todos la Seguridad social no quebraría. Al empezar a comprar todos el precio unitario bajaría y al disminuir el precio aumentaría la demanda hasta alcanzarse un nuevo equilibrio.
¿Por qué la Srª Bañez no hace lo que no supo hacer el socialista Jospin? ¿Será que en su ADN de considerar que los beneficios del empresario nacen de la explotación del trabajador le impide pensar?

En el próximo número les explicaré como se cuadran las cuentas con este proyecto.

24 nov. 2016

La “Seguridad Económica” descansa en la “Seguridad Social”: III. Los derechos no se tocan

Pese a la evidencia histórica que hemos expuesto el prejuicio permanece. El capitalista explotador parece tener introducido en su ADN la creencia de que su riqueza aumenta a medida que los salarios de sus trabajadores disminuyen. Son siglos innumerables de explotación del trabajo primero del esclavo, luego del siervo, luego del empleado como para poder erradicar este trastorno celular.  De nada sirve que la realidad experimental, la única verdad indiscutible, demuestre lo contrario. Como la cabra que siempre tira al monte, el empresario capitalista tira a la explotación del trabajador, el político de derechas, servidor de ese empresario capitalista, legaliza la explotación y reprime las protestas.
Esta represión antes se ejecutaba de modo violentamente asesino, las cargas contra los obreros o las partidas de la porra apaleando trabajadores o los pistoleros empresariales protegidos en Barcelona por un criminal que era Gobernador de Barcelona son métodos antiguos aunque siguen en la recámara. No hace tanto hemos visto la represión contra menores de edad en Valencia que reclamaban ¡habrase visto estos niñatos!, que hubiera más y mejores institutos públicos que los construidos de modo corrupto por la Generalitat valenciana para poder estudiar. La Ley mordaza es una bala que ya está en la recámara lista para utilizar cuando haga falta.
De todos modos la “modernidad” exige utilizar vías no más pacíficas, porque son igualmente agresivas, pero si menos sanguinarias. Son las leyes de la actual ministra de Trabajo, como aquel Felipito Tacatún “ella sigue”; con ellas ha privado de sus derechos a los trabajadores y casi quebrado a la Seguridad Social regalando a los empresarios la cuota que no pagan a la Seguridad Social.
Esta quiebra, aunque más silenciosa, se inició durante el primer gobierno socialista. Entonces con claro fraude de ley se permitió a los empresarios combinar la “jubilación anticipada” de los trabajadores que pasaban a cobrar el paro para acto seguido cobrar la jubilación. El objetivo del derecho al paro era otro: era el del paro sobrevenido, no el paro premeditado. El salario que dejaba de pagar el empresario al “parado artificial” era su beneficio, conseguido a costa de las arcas de la Seguridad Social. Esta quedaba “obligada”, con este fraude de ley, a disminuir sus recursos cuyo destino era proteger al trabajador y no enriquecer al empresario fraudulento.
En Madrid en 1917 la "Conferencia de Seguros Sociales"  estableció el Seguro obligatorio base de los Seguros Sociales. Años después se promulgaría el Real Decreto de 11 de marzo de 1919 que decía: "El Seguro obligatorio de vejez alcanzará a la población asalariada comprendida entre las edades de diez y seis y sesenta y cinco años cuyo haber anual por todos conceptos no exceda de 4.000 pesetas".
En plena democracia, el art. 46 de la Constitución de la II República Española de 9.XII.1931 dijo: "La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, (así como) la protección de la maternidad". El golpe de estado, bajo cuyas secuelas seguimos viviendo, truncó este completo programa. Hoy casi un siglo después de la Conferencia de 1917 muchos trabajadores tienen un Seguro de jubilación que apenas excede los 4.000 €, cantidad muy inferior en su poder adquisitivo que las 4.000 pta. de 1919. Hoy la Ministra Báñez  nos amenaza ¿o se trata de una promesa electoral? que celebrará el centenario de la Conferencia con la quiebra de la Seguridad Social.
¿De qué sirve que se declare en la CE78 toda una serie de derechos fundamentales si luego se permite que las leyes que tendrían que desarrollarlos los hagan desaparecer “legalmente”?
Dice el art. 15CE78: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”; ¿existe mayor tortura que no poder dar de comer a tu familia todos los días?; ¿existe trato más degradante que tener un trabajo y seguir sin poder dar de comer a tu familia todos los días?
Dice el art. 24CE78: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, pero ¿se incluye entre los derechos e intereses legítimos el de dar de comer todos los días a tu familia? Me temo que ningún juez ni tribunal protegería ese derecho.
Dice el art. 25CE78: “1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. El Poder judicial no condena a nadie en estos términos; de ello se encarga el Poder ejecutivo cuyas políticas de burbuja inmobiliaria crearon el paro actual y los desahucios.
Dice el art. 28CE78: “2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”; ¿cómo puede defender con una  huelga sus intereses el trabajador en paro?

Tip y Coll decían “mañana hablaremos del Gobierno”; yo digo: “mañana hablaremos del salario.

23 nov. 2016

Entre la grosería y la hipocresía

Leo la noticia del fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y ex-miembro del Partido Popular y actual Senadora por las Cortes Valencianas. Siento su fallecimiento como cualquier persona bien nacida.
Desde un punto de vista legal es una persona que ha muerto siendo inocente de los delitos que se le imputaban. De acuerdo con la ley no podrán ser objeto de sanción ni aunque se verificara indirectamente su comisión.
      Desde un punto de vista político, la Srª Barberá era Senadora designada por las Cortes Valencianas. Las Cortes tenían perfecto derecho a pedirle que resignara el nombramiento y no se le puede reprochar que lo hiciera. Pero en estos momentos tienen la obligación de manifestar el mínimo respeto que merece cualquier miembro de esas instituciones y así ha sido el comportamiento del Ayuntamiento de Valencia y de las Cortes Valencianas que presididas por sus contrincantes políticos han sabido poner en primer lugar a la persona.
         Por esa misma razón las manifestaciones de Unidos Podemos han sido incorrectas. La cortesía que revela la educación y buena crianza exige rendirle un testimonio de condolencia oficial, que eso es lo que significa guardar un minuto de silencio. Los homenajes son otra cosa.
       Considero inadmisible las declaraciones de los Srs. Garzón, Igelsias y Errejón, que me sorprenden porque su justificación de su ausencia ea injustificable: un minuto de silencio no es un homenaje a su trayectoria, es una muestra de respeto. Los homenajes son otra cosa.
Mas incorrecta, suena a hipocresía, es la declaración del Sr. Posada, del Sr. Hernando y tantos otros, al reprochar que hubo una "cacería totalmente injustificada" contra la ex-alcaldesa, acusando a sus contrincantes políticos de modo indiscriminado, aprovechando un momento no sólo inadecuado sino sobre todo viniendo de miembros del PP.
En primer lugar no hubo cacería; sólo una actuación obligada del poder judicial ante los hechos que se le presentaron y le obligaron a actuar. No sería ni el primer inocente que sufre la dureza de la investigación de la justicia, siempre insoportable, ni el primer culpable que sufre lo que le toca por lo hecho.
En segundo lugar lo que sí hubo fue un abandono de sus compañeros del PP. Todos los que se deshacían en elogios y en alabanzas sin límite no sólo no la han acompañado en los momentos de infortunio, sino que se separaban de ella como de una apestada. “No les convenía políticamente” que los vieran junto a ella y más aún, la forzaron a abandonar el PP. Sus compañeros que podrían haber contribuido a demostrar su inocencia, ella sólo era una investigada, se callaron; quizá porque  ayudarla implicaría su propia culpabilidad. Cría cuervos y lo menos que puedes esperar de ellos es que te arranquen los ojos. Algunos, como hemos visto en los medios, la ignoraban para no saludarla.
Sus “amigos” por si fuera poco, no es que la dejaran tirada en la cuneta una y otra vez sino que se habían desentendido de su suerte; unos encogiéndose de hombros; otros diciendo: “esa señora ya no es del PP no tenemos nada que ver con ella”.
Llegada la adversidad se descubre la vileza de los que se proclamaban sus amigos y compañeros personales. Todo lo que hizo, bueno o malo, digno de alabanza o censura, la Srª Barberá lo hizo siendo miembro del PP y procurando el beneficio del PP. Aprovecharse de ello y abandonarla a su suerte, negra o no, cuando más necesita el apoyo institucional y personal fue un acto de miseria humana que no por inhabitual es menos censurable.
El Presidente Lic., Rajoy está obligado a ir a su entierro pero entre el pueblo llano. Espero que la familia de la Srª Barberá no lo admita si tuviera la pretensión, que no tendrá, de formar parte del duelo que presida la ceremonia del entierro. En el duelo están sólo los parientes y amigos dilectos del finado y el Presidente Lic, Rajoy no lo ha sido en los momentos en los que ella, su amiga alabada hasta el exceso, necesitaba de su apoyo dándole la fuerza que le faltaba.
Ahora sólo nos queda ver el inevitable espectáculo del desfile de hipócritas con declaraciones inútiles y vacuas con las que pretenderán esconder su comportamiento en un alarde de hipocresía con lo cual sólo demuestran su personal y deleznable calidad humana. Ahorrarle la hipocresía de muchas declaraciones como las que estamos oyendo sería un acto de respeto hacia ella. Ya que no lo recibió en vida debería prestársele cuando ya no se puede defender.
             Recordamos a Unamuno: ¡pais, paisaje y paisanaje!

22 nov. 2016

El populismo nos invade

Toda dictadura monárquica es un fraude aunque de cada ve el fraude varía. El más viejo es que era de “derecho divino”. La iglesia apoyó la mentira; la cobró en ilegítimos privilegios que aún conserva en gran parte. Añadió al concepto de “delito” el “pecado mortal” por oponerse “a lo que Dios quería” pero se dio el derecho a “revocar la obligación de respetar al rey” que equivalía a enmendarle la plana a dios “que había querido que el rey fuera rey”.
Esa estupidez ya se rechazó entonces aunque algunos hoy la hayan recuperado.  Los nobles aragoneses al jurar lealtad al rey empleaban la siguiente fórmula: “Nos, que valemos tanto como vos os hacemos rey y señor con tal de que nos guardéis nuestoros fueros y libertades y sino NO”. Ni Dios tenía que ver en el nombramiento del Rey ni la iglesia ni el Papa. Esta gente no defendía al pueblo por eso más que “populistas” eran “nobilistas”.
Oliverio Cronwell le cortó la cabeza al Rey de Inglaterra. Fue un hombre controvertido. Para muchos fue un populista. Sus defensores hablan de su liderazgo, su sentido de estado y el rechazar ser nombrado rey con derecho de herencia. Sus detractores destacan que atropelló muchas tradiciones, su ambición y autoritarismo. Que reinstaurada la dictadura monárquica se exhumara su cadáver, se decapitara y expusiera a la pública vejación parece invitar a pensar que en conjunto hizo más bien que mal.
El borbón francés, Luis XVI, fue un traidor. Como sus parientes españoles, Fernando VII no fue el último, trajo tropas extranjeras para atropellar a sus súbditos que eran una panda de populistas. Los Estados Generales lo condenaron y fue guillotinado. De esto se libraron los  borbones españoles que también fueron traidores. Y hoy ya no hay pena de muerte.
En 1868 los populistas derrocarón a un dictador monárquico, en este caso dictadora, Isabel II. Estos populistas de 1868 reconocieron, ¡que no concedieron!, el derecho al voto de los varones mayores de 25 años casi cuatro millones de personas  más de la mitad de los cuales eran analfabetos. Como eran populistas decían que una cosa era no saber leer y escribir y otra no saber razonar. Y como todo el mundo razona puede votar. ¡Vaya con los populistas!
Y declararon: “La obra política de las generaciones que nos han precedido ha sido una lucha incansable por amparar la libertad bajo las garantías que ofrece el régimen parlamentario”. Y La CE69 decía: “La Nación Española y en sus nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente constitución”. ¡Serán populistas!
Bajo Amadeo I, un rey progresista que se fue porque las “fuerzas vivas” de la derecha: la iglesia y los propietarios eran reaccionarios rigió este  principio populista. La constitución no nata de la I República siguió la senda populista hasta sufrir el golpe de estado: el segundo borbonazo que también solo duró dos reyes. Creó un Senado con senadores vitalicios con derecho de veto para anular la democracia del Congreso. Los borbones no son populistas.
De nuevo el pueblo soberano solo aguantó a dos borbones. Alfonso XIII tuvo menos suerte que Isabel II pero más que Luis XVI. La II República, ¡panda de populistas!, también le condenó por traidor como a Luis XVI, pero siguió vivo. La II República reconoció, ¡no concedió!, el voto a las mujeres ¡serán populistas! Ellas todavía eran más analfabetas que los varones.
Tras el golpe de Estado de Franco, él nos impuso a los borbones tarea en lo que le ayudó Suárez. Lo sabíamos y ahora tenemos la prueba del Impuesto el borbón Aznar tuvo un toque populista. Rechazó la esencia de la democracia representativa donde los representantes son los electores que eligen. Él exigía que se le eligiera a él por ser el partido más votado. Rajoy ha tenido otro ramalazo populista al exigir lo mismo. Ambos populistas lo lograron.
Pero Rajoy ya está ya curado de populismo. En las próximas elecciones de su partido se ha opuesto a que los afiliados – el pueblo de su partido – pueda votar. No quiere seguir el esquema democrático de los partidos de la derecha en Francia.

Populismo sí, pero dentro de un orden. Es el viejo esquema franquista que conserva  vivo el PP: la ley del embudo: el populismo es decente si lo ejerce la derecha reaccionaria.

18 nov. 2016

Gott is todt! (¡Dios ha muerto!)

Ahora todo el mundo está encantado de la vida al descubrir el fraude de ley que cometió el Presidente Suárez. ¿Contento de verificar que te engañaron? ¿Qué hará la Fiscalía General del Estado ante esta evidencia? Quizá como bajo todas las dictaduras comer y callar.
¿Habrá algún justo en el Congreso de los Diputados que denuncie este fraude de ley ante la Justicia - ¿o debo escribir justicia? - aunque sólo sea para verificar hasta qué punto no existe separación de poderes porque no se admitirá esa denuncia a trámite? No lo creo.
Sólo puedo esperar que ese Congreso y con él la monarquía fraudulenta para la que trabaja sufran el mismo castigo divino que sufrió Nínive.
Si Franco fue Caudillo de España por la “gracia” de Dios, su heredero nombrado por él tiene su mismo origen dictatorial y hereda la Jefatura dictatorial que juró con los derechos hereditarios que le otorgó el dictador después de haberse arrogado el derecho a inventar un reino  ha sido otra “gracieta” divina. Ahora con derechos eternos de herencia. Más que Franco.
Como el dictador “su” heredero de “su” dictadura, aunque ahora no sea militar sino monárquica, nos sigue negando a los españoles el derecho a elegir al Jefe del Estado.
La única esperanza de volver a recuperar la democracia, no existe si no hay derecho a elegir al Jefe del Estado descansa en manos de Dios. El Dios de la “gracia” y de la “gracieta”.
Lo que sobraba era la burla del artículo 1,2 CE78: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que proceden todos los poderes del Estado, excepto la Jefatura del Estado que procede del poder dictatorial del genocida Francisco Franco que ha heredado”.
Era evidente el fraude de ley; lo he explicado varias veces; pero no le importa a nadie bajo esta dictadura monárquica. Demasiados beneficios para tanto corrupto; más quizá que bajo el dictador precedente. Los españoles nunca hemos elegido al heredero de la dictadura del dictador. Todo ha sido un fraude de ley premeditado “atado y bien atado”. Un fraude para engañar a todo el pueblo español – a la mayoría si se le pregunta se cree que lo eligió -  por el que se hizo hacer aparecer como una elección, disfrazada de ratificación, el de la Jefatura del Estado de la dictadura monárquica inventada por el dictador que también inventara un reino.
Pero para que haya una elección tiene que haber una opción disyuntiva y no la hubo:
1.- Si se votaba a favor de la CE78 el Jefe del Estado sería Juan Carlos I de Franco - de haber sido de Borbón al que le hubiera tocado era a Juan de Borbón, conde de Barcelona - y la ley básica sería la CE78.
2.- Si se votaba en contra de la CE78 el Jefe del Estado sería Juan Carlos I de Franco, porque de haber sido de Borbón al que le hubiera tocado era a Juan de Borbón, conde de Barcelona, y la ley básica serían las leyes fundamentales del Movimiento.
Votáramos SI o NO el dictador heredero de la dictadura seguiría siendo dictador. Sólo elegimos que la ley básica no fueran las leyes fundamentales de Franco. El fraude de ley consiste en hacer aparecer como una elección o una ratificación lo que nunca fue ni elegido ni ratificado. Dice el art. 7.1 CC: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. Por favor, no sonría; es un insulto. Dice el art. 7.2 CC: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”. Por favor, carcajadas no.
Su Señoría, Srª o Sr. Procurador en Cortes, Vd.  lo sabe; y también que además de la corrupción económica - en el mejor de los casos aún no está acusado su partido ni Vd. mismo, pero todo se andará - hay otros tipos de corrupción. Se llama prevaricación y es un delito. Dice el art. 449 CP: 1. En la misma pena [de prevaricación] señalada en el artículo anterior incurrirá el Juez, Magistrado o Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima. 2. Cuando el retardo sea imputable a funcionario distinto de los mencionados en el apartado anterior, se le impondrá la pena indicada, en su mitad inferior.
 Prevaricar es promulgar leyes que ratifica un Jefe del Estado que carece de legitimidad por no haber sido elegido por el pueblo español que es donde reside la soberanía nacional.
¿Se puede esperar algo de alguna o de alguno de Vds.? Visto su curriculum vitae, no.
Hace meses denuncié ante Vds. que era un delito la negativa del Presidente - al que acaban de reelegir ilegalmente - y de sus ministros muchos de los cuales han sido reelegidos por ese Presidente del Gobierno ilegítimo. Tras la primera violación viene la segunda, la del art. 9.1 CE78: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Quizá por ello no les ha constado ningún esfuerzo la tercera la del art. 262 LECr: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”. ¿Cuántas violaciones van?

¿Por qué tardas tanto, Dios mío, en ser justo? ¿Tendría razón Nietzsche? Gott is todt.